VICENTE PÉREZ
La sentencia judicial que declara nula, desde 2021, la retribución y el régimen de dedicación exclusiva del alcalde de Güímar, Gustavo Pérez (CC); del primer teniente de alcalde, Airam Puerta (PSOE), y los concejales Juan Delgado (CC) y Cándido Gómez (PSOE), por carecer de amparo legal, ya ha adquirido firmeza, al no haberse presentado recurso de casación en el plazo habilitado para ello, según informa el PP.
La cuestión que ahora habrá que dirimir es cómo se ejecuta esa resolución judicial, pues el PP, siguiendo además el criterio jurídico de sus abogados -el bufete LexA3-, va a reclamar la devolución del dinero más intereses, y para ello ha pedido a la Secretaría General y a la Intervención que certifiquen esas cantidades cobradas ilícitamente.
Pero los afectados por la sentencia en julio pasado dejaron claro que no tenían por qué reintegrar ni un euro, porque su régimen de retribuciones, alegan, contó con los informes técnicos favorables y trabajaron el tiempo cobrado.
El PP vincula la sentencia con la «inmoral» subida de sueldos
Tal es así que la líder popular y exalcaldesa, Carmen Luisa Castro, sospecha que ese es el motivo real de que los concejales del grupo de gobierno (formado por CC, PSOE y Unidas Sí Podemos) se hayan aplicado una «inmoral» subida de sueldo de un 27% en este mandato, con el fin de utilizar ese dinero para devolver el que han percibido de forma indebida. El coste adicional de ese incremento de sueldos para los contribuyentes güimareros supera el medio millón de euros en 4 años, incluyendo la ampliación del personal de confianza.
El asunto, en cualquier caso, se tendrá que dirimir, cuanto menos políticamente, en un pleno extraordinario previsto para el próximo viernes 27 de octubre a las 12 horas, a solicitud de los 9 concejales populares, y en el que el acuerdo que propone el PP en el orden del día será la devolución del dinero.
El PP, además, sostiene que los cuatro afectados tienen el deber legal de abstenerse en la votación que se realice, ya que concurre en este caso «un interés personal real por encima del institucional» y sus votos serían, además, determinantes para aprobar o rechazar las propuestas. De modo que la oposición (formada además por un concejal de NC-BC) tendría la mayoría en ese pleno.
Los sueldos, nulos por resolución judicial
Hay que recordar que en 2022 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Santa Cruz de Tenerife declaró la nulidad de la retribución y el régimen de dedicación de Airam Puerta, desde el 24.06.2021; Gustavo Pérez, desde el 1.07.2021; Cándido Gómez, desde el 12.07.2021, y Juan Delgado, desde el 12.07.2021.
El Ayuntamiento interpuso recurso de apelación contra la sentencia, pero no fue admitida a trámite, tal y como resolvió en 2023 en otra sentencia la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso – Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
A mediados de 2021 se produjo la alternancia en la alcaldía (el pacto entre CC y PSOE es compartirla dos años cada uno), y, según la sentencia de 2022, ya firme, se debió haber aprobado en una sesión plenaria una nueva propuesta sobre dedicación parcial y exclusiva y retribuciones, pues el acuerdo sobre estas materias del pleno inicial del mandato, en 2019, ya no podía seguir vigente. Por tanto, los salarios de estos 4 concejales, en sus nuevas funciones, a partir de julio y agosto de 2021 ya no estaban legitimados.
El PP pide informes a Secretaría General e Intervención
Para el pleno que de forma automática ha quedado fijado para el 27 de octubre próximo, el PP ha pedido que la Secretaría General emita un informe jurídico al respecto y ponga a disposición de la corporación los sueldos que se han abonado sin amparo legal. Además, el Grupo Popular, que es el más numeroso del pleno, solicita a la secretaria municipal que advierta del deber del alcalde y los otros tres concejales del deber legal de abstenerse en la votación del pleno.
Además, el PP ha requerido al servicio de Intervención municipal que emita un informe en el que se cuantifique los importes que debe devolver cada concejal, desglosando las cantidades por mensualidades, y con el cálculo de los intereses legales que correspondan.
El gobierno local: «Un error administrativo; no hay que devolver nada»
En un comunicado publicado en julio en la página de Facebook del Ayuntamiento, el gobierno tripartito de Güímar lo reduce todo a «un error administrativo», «un defecto de forma», y alega que las nóminas de los 4 concejales afectados por la sentencia «contaban con informes favorables de los servicios jurídicos e intervención municipales» y que el cambio de alcalde y en algunos miembros de la Junta de Gobierno en julio de 2021 «no tuvieron efectos económicos en las arcas municipales».
Por ello, contrariamente al criterio de los abogados del PP, el equipo gobernante entiende que «no procede, devolución de cantidad alguna, ya que el alcalde y los concejales desarrollaron su trabajo y lo hicieron con absoluta normalidad».
Con estos mimbres, está claro que la sesión plenaria del próximo días 26 puede ser la más caldeada en lo que llevamos de mandato en Güímar, aunque la ciudadanía que quiera seguir el acto tiene que acudir físicamente al Ayuntamiento, a una hora tan intempestiva como el mediodía, ya que, en plena era de las más avanzadas y fáciles telecomunicaciones de la historia de la humanidad, en Güímar no se retransmiten por redes sociales ni por Youtube con señal institucional, ni en directo ni en diferido. Aunque, según fuentes municipales, hay intención de retransmitirlos.
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