Levamos meses escuchando distintas informaciones sobre la prometida Renta ciudadana que desde la legislatura pasada forma parte del debate político cotidiano. La falta de modelo único , el desconocimiento del coste real y de los potenciales perceptores futuros conduce a las voces del gobierno canario actual a la improvisación permanente.
Dependiendo de a quien se escuche tardarán uno, dos, o tres años, en aprobar la ley que exige su puesta en marcha. ¡Cómo si no supiéramos lo que supone en plazos, trámites y exigencias la aprobación de una ley, máxime con el coste que esta renta planteará en un momento de incertidumbre económica con el Brexit, la crisis alemana y el bajón del turismo azotando los datos de empleo! Hablando del coste, estamos esperando escuchar una misma cifra a todos los miembros del cuatripartito, pero eso tampoco ha sido posible. Quizá todo radique en que cada uno de ellos tiene una idea diferente de lo que es esa renta y a qué colectivos incluirá, cómo aplicarla y de dónde sacar el personal necesario para la gestión de la misma, en los Ayuntamientos y en la Consejería competente.
En la campaña electoral parece que todo estuviera permitido: se ofrecen duros a dos pesetas, promesas inalcanzables y luego… ya se verá. Se juega con la necesidad de miles de familias vulnerables en situación crítica y se generan expectativas que les conducirán a mayor frustración, desapego y enfado.
En la pasada legislatura los grupos de Nueva Canarias y Podemos presentaron en el Parlamento una propuesta sobre la Renta de Ciudadanía con escaso estudio financiero y escasa profundidad técnica que impidieron informes técnicos favorables. Entonces aludieron a que solo les interesaba el debate, es decir la foto a pocas semanas de la convocatoria electoral. Hoy, los partidos que lo hicieron dirigen las consejerías de Hacienda y Derechos Sociales y todavía no han dado una información consensuada sobre plazo e importe del gasto. Simplemente no saben cómo, cuánto, ni cuándo. Ante esto, el actual presidente trata de que parezca que están de acuerdo, aunque ni sabe en qué.
Por suerte hay otras formas de hacer las cosas, como las que el gobierno anterior puso en marcha. Para empezar, una mesa de concertación social con representación de todos los agentes sociales y económicos trabajó, con cifras, un marco de gasto sostenible en el tiempo para nuestra Renta Canaria de Inclusión.
Empezamos por aprovechar la aprobación de la nueva Ley de Servicios Sociales para incorporar a quienes considerábamos los más necesitados, los menores: una forma de abordar la probreza infantil otorgando la renta canaria de inclusión a todas las familias con menores a cargo sin ingresos, de manera indefinida aunque revisable. De esta manera poníamos fin a los plazos máximos de percepción de 24 meses, tal como estaba establecido. También de forma indefinida y revisable a todas aquellas personas en situación de alta exclusión a valorar por los servicios sociales municipales.
Podría decirse que nos adelantamos con los colectivos que entendimos más urgentes a través de la Ley de Servicios Sociales, sabiendo que la aprobación de la Ley de Renta Canaria de Inclusión no se produciría de forma inmediata como otros quisieron hacer creer.
Atendida la urgencia, pactamos en aquella mesa de concertación social la inclusión de otros colectivos y rentas complementarias a quienes no llegan al Iprem y que fueran compatibles con las pensiones o pequeños ingresos que recibían. También acordamos no suspender el abono de la renta cuando los contratos logrados por los perceptores fueran parciales o por horas y no alcanzaran el IPREM establecido. Las familias con menores a cargo que cumplieran los 18 años y siguieran estudiando podrían también permanecer en el sistema.
Éstas y otras medidas se recogían fruto del acuerdo en el borrador de la nueva ley, que iniciamos acordada en concertación social y que preveíamos desarrollar en esta nueva legislatura. Fijamos los plazos e importes necesarios para incrementar las partidas que financian el personal municipal que ha de atender en primera instancia a los nuevos potenciales perceptores y establecimos en 5 años, con cifras reales y asumibles, llegar a las 130.000 familias.
La Renta Canaria de Inclusión está en marcha desde que la nueva Ley de Servicios Sociales entró en vigor, ahí dimos los primeros pero urgentes pasos, incorporamos fondos a los servicios sociales municipales e incrementamos la partida para equipos de intervención en la exclusión que permitiera a las personas volver a una vida autónoma y salir de la renta con un buen trabajo de inserción sociolaboral. Estos aumentos hay que mantenerlos en ambas líneas los próximos 5 años para empezar a hablar.
Ahora lo que toca es legislarla, con criterios técnicos y financieros rigurosos, sostenibles y garantistas. Toca dejar de marear la perdiz, ponerse de acuerdo en el modelo y en el discurso y no enfadar más a la gente haciendo tan evidente la irresponsabilidad de la promesa. No estar ya en la oposición les obliga a no seguir alimentando la ceremonia de la confusión, se acabó el tiempo del populismo y la demagogia, toca ejecutar y gestionar.
CRISTINA VALIDO
Exconsejera de Políticas Sociales del Gobierno canario y diputadas regional de CC-PNC
