PLANETA CANARIO
El proyecto de central hidroeléctrica en las presas de Chira-Soria, con agua desalada con energía eólica e impulsada desde la costa, discurre ya por sus últimos trámites, con el apoyo entusiasta del Cabildo grancanario y promovido por Red Eléctrica de España (REE). Pero los detractores de este proyecto, en total 24 colectivos vecinales, ecologistas y culturales aglutinados en torno a la Plataforma Salvar Chira-Soria, continúan sus acciones para intentar evitar que se lleve a cabo, por entender que causará un gran impacto en el barranco de Arguineguín.
Ahora, este movimiento ciudadano ha denunciado ante el Tribunal de Cuentas del Estado al Consejo Insular de Aguas y al Cabildo por “menoscabo” de fondos públicos, «al destinar importantes cantidades de dinero público a la adecuación de las presas» citadas, «máxime cuando la viabilidad de este proyecto es actualmente muy cuestionada», según informa en un comunicado este lunes 26 de abril.
La denuncia estriba en el supuesto «incumplimiento del acuerdo de subrogación firmado en el 2015 por el Cabildo y REE para la ejecución» de esta central hidroeléctrica, que tendrá un coste de 420 millones de euros y permitirá, según sus promotores, que la isla genera con renovables el 51% de la energía consumida en 2026, frente al 19% actual, al tiempo que ahorrar 122 millones de euros al año y un 20% de emisiones de CO2.
«Una obligación de REE que asume el Cabildo por graves deficiencias en las presas»

En este acuerdo, según exponen los denunciantes-que llevan recogidas cerca de 20.000 firmas en la web You Move Europe-, se otorga a REE una concesión del agua embalsada y del vaso de las presas para ejecutar el proyecto, «pero al descubrir esta empresa graves deficiencias en las presas, el Cabildo de Gran Canaria asumió la obligación impuesta al concesionario en 2011», es decir, garantizar la seguridad de estos embalses.
En concreto, literalmente en el acuerdo se dejaba claro que “la implantación del sistema y sus obras asociadas se proyectará y ejecutará de forma que estén garantizadas las condiciones actuales de seguridad, estanqueidad del vaso, estabilidad de taludes y muro, en especial como consecuencia de las operaciones de vaciado”.
La Plataforma ha comunicado al Tribunal de Cuentas la relación de gastos efectuados por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria mediante los que encargó a diferentes empresas una serie de trabajos relacionados con la seguridad de presa, entre ellos la asistencia técnica para la modelación numérica de Chira y Soria (2017), la clasificación de las presas del Cabildo en función de su riesgo potencial y el estudio reconocimiento geofísico de de Chira, trabajo centrado en la grieta que está al pie de este embalse .
Otros trabajos que la plataforma califica de «secretos» son los que consisten en asistencia técnica para el análisis de los riesgos derivados de la ejecución del proyecto y la asistencia técnica para la supervisión hidráulica de Chira-Soria, «y en estos momentos está en licitación el proyecto de adecuación de las presas por un importe de 310.000 euros».

A partir de aquí, presagia este conjunto de colectivos sociales, «vendrán esas obras de adecuación con costes millonarios que pagaremos los grancanarios para que funcione el chanchullo obsoleto que pretende instalar REE en el barranco de Arguineguín».
Salvar Chira-Soria «ya ha denunciado en reiteradas ocasiones que la seguridad de las presas no está garantizada para el uso hidroeléctrico que se pretende», una responsabilidad que, «según la legislación vigente corresponde a REE», y, «sin embargo, el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria se está gastando enormes cantidades de dinero público en intentar adaptarlas».
«El Real Decreto 264/2021, de 13 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas de seguridad para las presas y sus embalses establece en su artículo 9 las exigencias de seguridad que ha de cumplir el concesionario, es decir REE, como titular de las citadas infraestructuras, no sólo durante los primeros tiempos de explotación, sino también durante la vigencia de la concesión».

“Los titulares de concesiones y quienes sean titulares de un derecho que permita el uso privativo de las aguas tanto para el aprovechamiento hidroeléctrico de las mismas como para otro uso, estarán obligados a cumplir las exigencias de seguridad de la presa y su embalse contenidas en este real decreto y específicamente, las obligaciones recogidas en las Normas Técnicas de Seguridad de Presas y Embalses”, cita literalmente de la normativa la plataforma.
Además, el movimiento social contrario al proyecto señala que «las presas de Chira y Soria presentan graves problemas de seguridad, según explicó el director técnico del proyecto, Jonay Concepción, en las II Jornadas de Ingeniería Civil y Geomática en marzo de 2019 en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, hasta el punto de que llegó a hablar de ‘muertos aguas abajo’ si no se toman medidas de seguridad adecuadas».
Le preocupa sobre todo la existencia «de una grieta de 40 metros en el cauce del barranco a escasos metros del muro de presa de Chira y el riesgo de deslizamiento de una ladera en Soria».

Ramón González, portavoz de La Plataforma Chira-Soria, afirma el comunicado que «el problema aún es más grave, ya que los expertos nos han asegurado que el muro de la presa de Chira se apoya sobre una capa de 13 metros de sedimentos, lo que la convierte en una bomba de relojería si se ejecutara el proyecto».
En este sentido denuncia González “que el Consejo Insular de Aguas oculta información sobre la seguridad de la presa de Chira, ya que se ha negado reiteradamente a la Plataforma el acceso al expediente sobre reconocimiento geofísico de la presa de Chira debido a la sensibilidad de la información que incluye, según pone en la respuesta recibida el 19 de noviembre de pasado año».
Antonio Morales: «Un proyecto absolutamente necesario para Gran Canaria»

Todos los grupos del Parlamento de Canarias han apoyado este proyecto y, frente a las tesis del movimiento ecologista, Yonay Concepción, director técnico de Chira-Soria, y Gonzalo Piernavieja, director de I+D+i del ITC y responsable del Plan de Transición Ecológica de Canarias defienden las bondades de esta inversión, porque ahorrará 100.000 barriles de petróleo al año, conferirá al sistema eléctrico grancanario una seguridad tal que evitará que la isla sufra ceros energéticos como los de Tenerife, la ven compatible con la protección del territorio y creará 3.500 puestos de trabajo.Es más, sostienen que hará falta en el futuro otra gran presa en la Isla para almacenar la energía.
El presidente del Cabildo, Antonio Morales, garantizó desde 2019 que la central hidroeléctrica no tendrá “ninguna torreta”, que el cableado irá todo soterrado y, además, el material extraído de la caverna irá destinado a rehabilitar lugares degradados por la extracción de áridos y antiguas canteras como la del barranco de Tirajana.
La central Chira-Soria, dijo el mandatario de NC, “es un absolutamente necesaria para Gran Canaria, nadie puede poner en duda que nosotros defendemos un modelo sostenible, pues las renovables son uno de los pilares para romper la dependencia de los combustibles fósiles y alcanzar las mayores cotas posibles de independencia energética».
“Ya conocen nuestra trayectoria: hemos conseguido que no se implante la regasificadora en esta tierra, claramente obsoleta y perjudicial para las renovables, y nos hemos opuesto al aire propanado y el gas ciudad porque es incompatible con ese desarrollo”, enfatizó Morales.
El gobernante insular ha insistido en que un sistema energético aislado como el de Gran Canaria «precisa equipamientos de almacenamiento que permitan conservar la energía que se produce en horas valle sin consumo para que no se pierda y utilizarla cuando sí hace falta, y es en este contexto en el que la central de Chira- Soria es absolutamente necesaria”.






















































