Ocho mujeres y una niña asesinadas en el mes de enero en el Estado español, nueve feminicidios que no son hechos aislados sino que responden a una red de relaciones profundamente patriarcales existentes en nuestra sociedad. ¿Y cuál es la respuesta? En la práctica, se convierten en un número más que se añade al listado de víctimas de violencia de género. A veces pienso que nos hemos acostumbrado tanto a escuchar nuevos asesinatos machistas, que hemos empezado a normalizar el horror, a asumirlo como un mal inevitable. Y esa visión me estremece. Pero también debo reconocer que cada nuevo caso aumenta mi indignación ante las respuestas que se dan desde las instituciones públicas. La gravedad de la violencia machista nos indica insistentemente que algo está fallando, dejando en evidencia que esta violencia no se combate con políticas que solo atienden sus consecuencias, o con la judicialización y el punitivismo; que la lucha para eliminarla, a pesar de las declaraciones públicas, no ha ocupado un lugar prioritario en las agendas políticas, porque si así fuera ya tendríamos una evaluación de las políticas desarrolladas y no se retrasaría más la implementación de políticas públicas integrales, transformadoras, con incidencia real.
La realidad es que hay continuos incumplimientos de los poderes públicos en sus obligaciones en relación a la prevención y a la educación, los recursos de atención integral son claramente insuficientes, la formación de profesionales es escasa, hay una clara falta de circuitos de abordaje integral de las violencias, el persistente sesgo patriarcal de la justicia es indiscutible…; y cada año, en el último trimestre, el dinero del Pacto de Estado termina utilizándose en un conjunto de actividades puntuales y deslavazadas, en hacer bolsas, camisetas, carpetas, bolígrafos… porque ante la falta de planificación política, las Instituciones se encuentran con que les llegan millones de euros para gastar en un par de meses… Y a esta dura realidad se ha unido un tenaz discurso de la ultraderecha que niega la violencia de género, difunde mentiras, alimenta el mito de las denuncias falsas y recurre a la xenofobia, mensajes que están calando en una parte de la sociedad, legitimando muchas situaciones de violencia, actitudes y comportamientos machistas en la vida cotidiana.
Canarias se encuentra a la cabeza entre los territorios del Estado español con más asesinatos machistas y denuncias. Según datos facilitados por la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), en la Jornada “Evaluación de la política pública de violencia de género” celebrada el 23 de enero en el Parlamento de Canarias, en 2019 se recibieron 14.600 llamadas vinculadas a las violencias machistas en el teléfono de urgencias 112, o sea 43 llamadas al día. De ellas, 8.000 (55%) fueron de emergencia (peligro inminente), 3.680 (25%) de urgencia (riesgo subjetivo) y 2.800 (20 %) de información, datos que evidencian la magnitud de esta realidad.
Son necesarias políticas transversales e interseccionales, reales y efectivas.
Pero, ¿cómo afrontarla? Para acabar con las violencias machistas es necesario cambiar la organización del trabajo, la economía y los cuidados, convertir nuestra sociedad en un espacio más igualitario, equitativo y justo, donde tengamos los mismos derechos más allá de ser mujeres u hombres. Si la violencia machista es un problema estructural, solo se puede acometer con políticas integrales, dotadas de los recursos humanos y materiales necesarios para que las mujeres nos sintamos empoderadas, apoyadas y acompañadas. La mejora de la legislación específica y la sensibilización que promueva una conciencia social sólida, así como la firmeza ante quienes se empeñan en cuestionarla, son tareas prioritarias.
Y cada vez con mayor frecuencia, se reconoce que la línea fundamental en la lucha contra las violencias machistas es la prevención que pasa por la educación. Estamos de acuerdo, pero la dificultad aparece en su concreción. Esta línea de actuación suele restringirse a talleres en centros educativos de Secundaria para identificar y afrontar situaciones machistas en la adolescencia. Son necesarios, pero su eficacia es limitada. Es indispensable promover un modelo educativo, en los distintos contextos en los que las personas nos movemos, que ponga en su centro la vida y su cuidado, que facilite herramientas para construir masculinidades y feminidades, en su amplia diversidad, que no impliquen dominación o subordinación, ni sean caldo de cultivo para la violencia y relaciones, en igualdad desde la diversidad, con cuidados compartidos. Y esto supone un cambio en los currículos educativos, en la organización escolar, en las relaciones que se establecen en los centros educativos, en la metodología educativa… siendo uno de los ejes fundamentales la incorporación explícita de la educación afectiva y sexual como uno de sus contenidos.
Esta educación en los cuidados compartidos, desde las primeras edades, colaborará en la prevención de las violencias machistas, dado que estaremos facilitando instrumentos para relacionarse de manera positiva, para no cometer ni permitir una sola agresión machista o lgtbifóbica en sus vidas; contribuyendo a la construcción de una sociedad en la que el respeto, la igualdad, la diversidad, la solidaridad, la justicia y los cuidados, sean sus valores básicos.
¿Qué podemos esperar de los gobiernos “de progreso”?
En estos días, por un lado, se han hecho públicas las infografías de presentación del nuevo proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) que el gobierno español quiere llevar adelante y nos ha llamado la atención que en ellas no aparezca la Educación Afectivo Sexual. Y por otro, hemos escuchado a la directora del ICI, en la Jornada antes citada, reconociendo que la situación actual de Canarias en la aplicación del Pacto de Estado sobre la Violencia de Género “es de suspenso pues no hemos sido capaces de ejecutar los créditos dados hasta ahora”. Así mismo, en relación a las líneas de actuación del ICI destaca que “Una de las cosas que se podría mejorar es programar y planificar a medio o largo plazo con los principales agentes que intervienen”, y que “van a trabajar y planificar a largo plazo con las fuerzas de seguridad de nivel local y con los medios de comunicación”.
Ante esto, solo nos queda preguntarnos, ¿qué se ha hecho hasta ahora?, ¿dónde está la evaluación de las políticas desarrolladas?, ¿qué se va a hacer?, ¿se ha aplicado la perspectiva de género a los presupuestos de 2020, tal como planteó el ICI el pasado noviembre que era necesario hacer?, ¿en qué se concretan las políticas transversales e interseccionales del gobierno de Canarias en relación a la lucha contra las violencias machistas?, ¿se tienen ya concretadas las fórmulas para ejecutar los créditos que lleguen del Pacto de Estado contra la violencia de género?
Muchas dudas tras seis meses de andadura del gobierno de Canarias. Las políticas “de progreso” no pueden quedarse solo en contabilizar a todas las mujeres asesinadas, sin poner el contador a cero, y en definir al gobierno como feminista. Se requieren políticas valientes, que incluyan un importante paquete de medidas, desde un enfoque transversal e interseccional, con sus correspondientes partidas presupuestarias, a corto, medio y largo plazo, que garanticen que las violencias machistas en Canarias se puedan ir acorralando legal, judicial y socialmente. Y en este paquete, la apuesta por la coeducación y la educación afectiva y sexual deben estar concretadas de forma incuestionable. Hay que lograr inclinar la balanza social hacia los cuidados compartidos, hacia vidas dignas de ser vividas. Y en ello adquiere un papel fundamental los valores que se promuevan en la educación. ¡Aún confiamos en que haya voluntad política para no perder esta oportunidad!
