PLANETA CANARIO
El hecho de que los protagonistas políticos del caso Las Teresitas fueran líderes de Coalición Canaria (CC) en Santa Cruz de Tenerife siempre ha perseguido a sus sucesores, y ha creado suspicacias sobre su voluntad real de reclamar con todas las consecuencias los casi 100 millones que deben los condenados al erario público municipal. Esta semana, un auto de la Audiencia Provincial, a instancias del Ayuntamiento que ahora preside la socialista Patricia Hernández, y ya con CC en la oposición, ha embargado de forma cautelar dos edificios de uno de los reos, Antonio Plasencia, que cumple condena de cárcel.
El asunto ha reavivado la controversia política sobre si el sucesor de MIguel Zerolo (en prisión por estos hechos) en la alcaldía hizo lo suficiente para que los empresarios condenados no hicieran volar sus propiedades con entramados societarios para eludir el pago que tarde o temprano se les reclamaría. PSOE y Unidas Podemos (Izquierda Unida-Podemos- Equo) creen que hizo la vista gorda mientras pudo, pero el exalcalde Bermúdez se defiende, y afirma que pedir ejecutar la sentencia cuando aún no era firme era un riesgo económico para el Ayuntamiento.
La Audiencia Provincial ha dictado un auto en el que inicia la fase de embargo de los bienes del empresario Antonio Plasencia, uno de los dos empresarios que cumplen condena de cárcel por el caso Las Teresitas (el segundo, Ignacio González, falleció la pasada semana en prisión), para cumplir la sentencia que les obliga a devolver, en concepto de responsabilidad civil, los más de 52 millones pagados (más intereses) que recibieron del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en 2001, en una compraventa que fue declarada ilegal en vía penal y contenciosa por sobreprecio ilícito.
Por el momento, la Audiencia, a petición del Ayuntamiento santacrucero (gobernado ahora por PSOE y Cs con apoyo externo de Unidas Podemos), ha decidido, como medida cautelar, embargar de forma preventiva dos edificios de la empresa Carlacand SL, propiedad de la familia Plasencia, por valor de 50,2 millones de euros. La deuda la cifra la alcaldesa, Patricia Hernández, en 97 millones de euros, cantidad que “sigue subiendo por los intereses de demora”, según informó en rueda de prensa este lunes, con el auto en la mano.
Bermúdez: «Desde 2011 mantuve la estrategia jurídica de recuperar el dinero»
El ahora presidente del grupo municipal CC-PNC ha reiterado que “desde 2011, año en que accedió a la Alcaldía, el Ayuntamiento «mantuvo inalterada su estrategia jurídica para la recuperación del dinero invertido en la compra del frente de la playa de Las Teresitas, con independencia de los procesos judiciales que se fueron dirimiendo y siempre en defensa del interés público”.
Frente a las declaraciones por la alcaldesa, Patricia Hernández, que presentó como nueva la solicitud de ejecuciones de sentencia o la información de acciones sobre un edificio de uno de los condenados por el citado caso, Bermúdez «desmiente categóricamente la supuesta originalidad de estas acciones, al tiempo que insiste en que la titularidad de las mismas corresponden a la Justicia».
Afirma el exalcalde que «el pasado 29 de marzo, justo un día después de conocerse la firmeza de la sentencia por parte del Tribunal Supremo, dicté una instrucción por la que ordenaba a la Asesoría Jurídica municipal continuar con todas aquellas actuaciones necesarias, por sus propios medios o con asistencia técnica de terceros, para dar cumplimiento a las sentencias en relación a la compra del frente de la playa de Las Teresitas”.
“Es más», agrega Bermúdez, «esa instrucción reiteraba lo dispuesto en otra, dictada en abril de 2017, justo el mismo día de notificarse la sentencia de la Audiencia Provincial sobre el particular, y ambas formaban parte de las actuaciones de los dos últimos años en relación a este asunto, para salvaguardar el interés general de los chicharreros; de hecho, ambas fueron dictadas inmediatamente después de conocerse cada una de las sentencias”.
El presidente del grupo municipal nacionalista hace hincapié en que “siempre hemos estado al lado de las decisiones judiciales, como no puede ser de otra manera, facilitando y sumándonos a cuantas acciones ha emprendido la Fiscalía y con absoluto respeto al asesoramiento de los servicios jurídicos municipales, que para eso están, que siempre nos indicaron los tiempos y las formas”. Y en particular, a la solicitud de medidas cautelares planteadas en su momento por el Ministerio Fiscal para asegurar la totalidad de las cantidades que en concepto de responsabilidad civil derivada de los delitos reconoce la sentencia a favor del Ayuntamiento.
Precisamente el citado acuerdo, según el líder de CC-PNC «recogió que el importe afianzado por los condenados (26.010.132 euros) no garantizaba el pago de las responsabilidades civiles impuestas, dado que era menor que el importe de la indemnización civil fijada en la sentencia (52.588.156,85 euros) y de los intereses correspondientes (9.159.884,67 euros).
En esa dirección, el Ministerio Fiscal solicitó –acción respaldada por el Ayuntamiento– que se requiriera a todos los condenados para que, en el plazo que fijara el tribunal, designaran “bienes realizables –saldos de cuentas bancarias, depósitos o productos financieros, imposiciones a plazo, fondos de inversión, valores, títulos, acciones, deuda financiera, contenido de cajas de seguridad, participaciones sociales u otros activos financieros, así como bienes muebles o inmuebles– que sean suficientes para garantizar el pago de la totalidad de indemnizaciones a cuyo pago se les condena en la sentencia dictada, acordándose la práctica a tal fin de las valoraciones y/o tasaciones precisas”.
La Fiscalía también propuso en ese momento que subsidiariamente y para el caso de que no se cumpliera el anterior requerimiento, o para el caso de que los bienes designados fueren insuficientes, se acordaran medidas como el bloqueo y retención de activos financieros o el embargo de bienes muebles y/o inmuebles que estuvieran a nombre de los condenados, de forma directa o indirecta.
Bermudez alega que era arriesgado pedir el embargo con sentencia aún no firme
Dicho esto, Bermúdez sostiene que “la estrategia municipal de solicitar medidas cautelares, una vez conocida la sentencia de la Audiencia Provincial, fue la opción más segura y prudente, en tanto aquella aún no era firme. En ese momento se descartó solicitar formalmente la ejecución de la sentencia, puesto que si el Tribunal Supremo hubiera atendido el recurso de los afectados, el Ayuntamiento se hubiera visto obligado a devolver las cantidades previamente ingresadas, más los intereses del 3% y posibles reclamaciones por daños y perjuicios”.
Por otra parte, en lo relativo a la supuesta novedad de acciones contra la posible venta de un inmueble de uno de los condenados, Bermúdez incide en que “ya en enero de este mismo año, el Ayuntamiento dio instrucciones a sus Servicios Jurídicos para que informaran al Juzgado de Instrucción Número 1 de Santa Cruz, que instruía el denominado caso Las Teresitas, sobre la venta millonaria de un edificio por parte de uno de los condenados en esta causa, el empresario Antonio Plasencia”.
Así, el anterior equipo de gobierno, con el alcalde Bermúdez a la cabeza, se anticipaba y pretendía que el órgano judicial “tuviera en cuenta la existencia de esa cantidad de dinero en caso de que la sentencia judicial del Supremo fuera firme en su condena a Antonio Plasencia y al también empresario Ignacio González, que debían indemnizar al Ayuntamiento con 52,5 millones de euros, más los intereses”.
Por último, Bermúdez entiende que “este desmesurado afán por presentar como originales y propios resoluciones o procedimientos correspondientes a los juzgados, además del acostumbrado relato de que antes del actual equipo de gobierno no se hizo nada en Santa Cruz, no se lo cree ya nadie, y menos los vecinos y las vecinas del municipio, que depositaron en las urnas el apoyo mayoritario a nuestro modelo de gestión”.
Patricia Hernández: «CC miró para otro lado mientras los condenados movían el dinero»
En una rueda de prensa ofrecida este miércoles, la alcaldesa socialista afirmó que los condenados «han movido bienes con la intención de confundir» y por ello, ha advertido de que «si no ingresan el dinero», el Ayuntamiento pasará «de las acciones civiles a las penales, y será pronto». «No vamos a parar», ha agregado.
En esa línea, destacó que los condenados «han tomado el pelo a la justicia y los ciudadanos intentando no pagar la deuda durante años», algo que «les ha sido fácil» porque el Ayuntamiento [entonces dirigido por Coalición Canaria] no pidió la ejecución de sentencia cuando procedía.
«Mientras los condenados movían dinero, el Ayuntamiento miraba para otro lado», apuntó Patricia Hernández, resaltando que cuando tomó posesión como alcaldesa «solo había 100 euros» en las arcas municipales relacionadas con el caso Las Teresitas y «no se había pedido todo», de ahí que critique «el colmo del cinismo» que algunos representantes de Coalición Canaria digan ahora que la sede de la Consejería de Educación es de Plasencia.
Ramón Trujillo cree que la voluntad real de reclamar el dinero es del nuevo gobierno, no la del anterior
El portavoz de Unidas Podemos (Podemos-Izquierda Unida-Equo) ha mostrado este jueves su pleno apoyo a las acciones judiciales emprendidas por el nuevo gobierno de Santa Cruz de Tenerife para recuperar los casi 100 millones de euros que los condenados por el caso Las Teresitas deben pagar al Ayuntamiento capitalino.
Para Ramón Trujillo, que el consistorio actúe de forma contundente y haya logrado ya en la Audiencia Provincial el embargo de dos edificios de Antonio Plasencia, y que haya iniciado los trámites para recuperar el resto del dinero “es una prueba inequívoca de que existe un cambio de actitud y nueva voluntad política en este Ayuntamiento gracias al nuevo equipo de gobierno que encabeza la alcaldesa Patricia Hernández”.
Ese cambio de estrategia, tras años de inacción y ambigüedades del Ayuntamiento cuando gobernaba CC, “va a permitir a los chicharreros y chicharreras contar con más recursos públicos, porque se va a recuperar todo el dinero posible de esa operación de Las Teresitas que fue fraudulenta y prevaricadora”, afirmó el portavoz de Unidas Podemos.
Unos fondos que podrán servir para mejorar las condiciones de vida de los vecinos y las vecinas de Santa Cruz, y que lamentablemente se desviaron para esta operación urbanística que la Justicia ha declarado ilegal.
El edil hizo estas manifestaciones durante una rueda de prensa ofrecida este martes junto a la alcaldesa, Patricia Hernández (PSOE) y el concejal de Hacienda, José Sabaté; y la edil de Cultura y Sociedad de Desarrollo, Matilde Zambudio (Cs), para presentar el acuerdo que permitirá aprobar los presupuestos municipales de 2020.
