VICENTE PÉREZ
La fiscal Anticorrupción, María Farnés, al igual que los denunciantes (Unidas Se Puede y XTF-NC), ha recurrido en el caso Grúas la decisión de la jueza, Celia Blanco, de no llamar a declarar a personas cuyo testimonio considera «imprescindible» e incluso «absolutamente necesario». Algunos de ellos son a priori muy comprometedores para el presidente del Gobierno canario, y candidato de CC-PNC a revalidar este puesto, Fernando Clavijo, que está investigado en esta causa, por presuntos prevaricación, malversación y tráfico de influencias cuando era alcalde de La Laguna en la concesión de un préstamo y la prórroga del servicio municipal a Autogrúas Poli.
Se queja la Fiscalía en su escrito de recurso, que ahora deberá resolver la Audiencia Provincial, de que la magistrada rechaza la declaración de trabajadores de la empresa de grúas, del propio dueño inicial, José Padilla, y de su actual propietario, sin motivar su decisión, y le advierte por ello de que la jurisprudencia del Tribunal Supremo señala que «la falta de motivación conduce a la arbitrariedad de las resoluciones judiciales», pues que no fundamentarlas va incluso contra la Constitución Española, que obliga a los jueces a «ofrecer una respuesta motivada» con «contenido jurídico».
Alega la fiscal que el objeto de la investigación no es solo determinar las posibles irregularidades en el expediente administrativo del servicio de grúas del Ayuntamiento de La Laguna, sino también que se cometieran «a sabiendas de su injusticia». Y por ello le enmienda la plana a la jueza al recordarle lo que en Justicia entiende que es un modo de proceder «generalizado», es decir, que para poder esclarecer este «elemento subjetivo» del delito es necesario «la prueba de indicios», en este caso, las testificales.
Las explosivas declaraciones de Padilla en tres ocasiones fuera de sede judicial
En cuanto a Padilla, la representante del Ministerio Fiscal recuerda que la jueza pasa por alto lo que este empresario ha dicho en sede policial y en la propia» comisión de estudio, creada por impulso de la oposición -que luego la abandonó en protesta porque la vieron un paripé- por el Ayuntamiento sobre este asunto. «A esta persona no se le ha tomado declaración judicial, por lo que se entiende que sería imprescindible» y «absolutamente necesario» oírle en el Juzgado, dado que sus afirmaciones hasta ahora fuera de sede judicial «son indicativas del posible interés del Sr. Clavijo en que Autogrúas Poli SL estuviera en manos de personas vinculadas personalmente con el mismo».
Entiende la Fiscal que no llamarlo a testificar «supondría además una vulneración del legítimo derecho de defensa de los investigados», aunque advierte de que «nada impediría» que pudiera ser propuesto como testigo para un hipotético juicio oral.
Así, el primer dueño de la empresa concesionaria del servicio manifestó ante la Guardia Civil en 2003 que a «Juan Antonio Alonso, concejal de Hacienda, le pidió que le pagase lo que se le debía, contestándole este que había alguien interesado en comprar la empresa y que se la vendiese».
Padilla indicó que dos de los trabajadores que le compraron la sociedad limitada eran «amigos del alcalde», en alusión a Clavijo, y que la mujer de otro de los trabajadores adquirientes trabajaba en la gestoría que había tenido el entonces regidor municipal y hoy presidente del Gobierno canario.
Es más, refiere la fiscal que el empresario declaró a la Benemérita que Clavijo presuntamente le obligó a que contratara a varios de esos empleados. Similares afirmaciones las hizo de manera publica entrevistado en 2014 en Radio San Borondón, como ha publicado PLANETA CANARIO. Pero también lo afirmó, como recuerda Farnés, ante la comisión de estudio municipal, precisando que fueron seis los trabajadores que supuestamente tuvo que contratar por indicación de Clavijo, y un séptimo «lo puso un concejal del PP». Y mantuvo también Padilla que la secretaria que él tenía, que actuaba de gerente de la empresa, «la metió Clavijo porque era amiga de su mujer».
La fiscal recuerda que Padilla también ha aseverado que el Ayuntamiento le debía más de 70.000 euros por el IPC de 2008 a 2011, que nunca llegó a cobrar, y que, con meses atrasados, ascendían a 200.000 euros. Cantidad que los pagó el consistorio después de vender la empresa a los nuevos propietarios, en concreto 7 días después de la venta de todas las acciones.
La Fiscalía quiere oír a los exempleados que denunciaron irregularidades
Por lo que respecta a los trabajadores de Autogrúas Poli SL, la fiscal solicita que declaren seis, pues en la época en que ocurrieron los hechos dirigieron escritos al alcalde o al concejal de Movilidad «poniendo en conocimiento de estos la situación que estaba atravesando la concesionaria, la falta de pago de los salarios de los trabajadores, el mal estado en que se encontraban los camiones-grúas, la ausencia de tarjetas de transporte así como de los seguros obligatorios y cómo a pesar de haberle prestado el Ayuntamiento 120.000 euros no se utilizaron para satisfacer los salarios debidos a los trabajadores».
Por otro lado, la fiscal observa que una de estas trabajadoras, según el primer propietario de la empresa, supuestamente «fue contratada por Autogrúas Poli por indicación del Sr. Clavijo por tratarse de una amiga de la esposa de este». Y Padilla manifiesta que «el concejal [Antonio Pérez Godiño, imputado] le dijo a Begoña [la gerente de la concesionaria] en secreto que Clavijo había dicho que vendiera la empresa, que quería que se fuera, que quería a esos siete».
En este punto, Farnés reprocha a la jueza que no se leyera los escritos que obran en el sumario pues de de ser así se habría dado cuenta «de que dichas declaraciones son esenciales» para determinar si se incumplió el pliego de cláusulas del concurso, pues tales incumplimientos se consideran «faltas graves, con las consecuencias previstas en el pliego».
La fiscal ve «absolutamente necesario» interrogar al actual dueño
Por último, Farnés apela contra la decisión de la jueza de que no declare el actual propietarios de Autogrúas Poli, José Luis Tacoronte, que la compró a con una abultada deuda y al simbólico precio de un euro. Entiende el Ministerio Fiscal que es «absolutamente necesaria su declaración al objeto de determinar cuál era la deuda de Autogrúas Poli un año después de haberse prorrogado por el Ayuntamiento el contrato, así como para conocer las vicisitudes que llevaron al mismo a la adquisición de la totalidad de las participaciones de una sociedad con una deuda de casi 700.000 euros».
Para la Fiscalía, es «necesario también conocer» qué documentos le fueron exigidos por el Ayuntamiento en el momento de la compra de la empresa a los que se la habían adquirido a Padilla (sus propios empleados) y si fue necesario la autorización del Ayuntamiento de La Laguna» para esta operación.
La fiscal advierte que la juez no se ha pronunciado sobre si debía declarar o no un antiguo empleado de Autogrúas Poli que declaró ante la comisión de estudio municipal sobre este asunto que «los 7 trabajadores que compraron la totalidad de las participaciones sociales de la empresa le manifestaron que no les hacia falta título de capacitación al transporte ni tarjetas de transporte ya que estaban apoyados» y «protegidos» por Clavijo, y que «no iban a tener ningún problema porque» el entonces alcalde, «estaba al día de todo».
La defensa de Clavijo pide el sobreseimiento
Clavijo ya declaró como investigado por tres delitos a mediados de abril pasado, cuando defendió que el expediente fue un éxito porque el Ayuntamiento garantizó el servicio público al intervenir la empresa de grúas, el préstamo fue devuelto con intereses y no hubo quebranto para las arcas públicas. No obstante, descargó el peso de cualquier responsabilidad en los técnicos municipales, pues se escudó en sus informes. El abogado de Clavijo, José Antonio Choclán, ya ha pedido el archivo de la causa por no existir a su juicio indicios consistentes de delito.
Precisamente una de las últimas decisiones de la jueza ha sido citar como investigada por los mismos delitos a la funcionaria que hizo esos informes claves: la que fuera directora del Área de Servicios Públicos, Rosario Hernández, que el pasado año cambió de destino y se fue a una consejería el Gobierno canario. En la causa también está investigado el actual alcalde, José Alberto Díaz (también de CC).
La magistrada que instruye el caso en el Juzgado lagunero ya lo archivó en su día, pero tuvo que reabrirlo tras recibir una reprimenda de la Audiencia Provincial, que dio la razón a los denunciantes en que se habían sobreseído las actuaciones sin practicar las diligencias necesarias. Posteriormente, también la Audiencia Provincial la que le ordenó imputar al actual alcalde, pues inicialmente lo había descartado.
