PLANETA CANARIO
La sustitución del empedrado histórico de calles del casco histórico de Mazo por locetas prefabricadas en las aceras, ha generado una controversia política y social. Las obras las ha parado de momento la Guardia Civil ante la negativa del Cabildo de La Palma y del Ayuntamiento a paralizarlas a requerimiento de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno canario, que ha pedido un alternativa menos impactantante para llevar a cabo estas obras.
La directora general de esta área en el Gobierno canario, Antonia Perera, que es arqueóloga de profesión, ya había advertido antes de denunciar estos trabajos que su departamento actuaría si continuaba el destrozo del centenario empedrado, que, si bien no está declarado Bien de Interés Cultural, sí tiene un interés patrimonial por su antigüedad y como parte indisociable del paisaje histórico de Mazo.
“El pueblo de Mazo tiene el derecho a conservar Las Calzadas, y no podemos establecer una misma solución para todo tipo de vías, en este caso una vía hecha a mano donde participaron personas represaliadas del franquismo; se ha ido a lo fácil, a la opción más agresiva”, afirmó en declaraciones a 7.7 Radio. También ha dejado claro la directora geneal que «las piedras» eliminadas «deben volver a reponerse».
Las obras las promueven el Cabildo insular y el Ayuntamiento de Villa de Mazo, con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), con el objetivo de mejorar la accesibilidad y el tránsito de los peatones, con una inversión 228.070 euros. Los trabajos se inciaron en la calle La Molina y abarcan además las vías Benito Pérez Galdós, Cabaiguán y las aceras junto a la carretera general LP-206.
Ante la paralización de las obras por la Guardia Civil tras la denuncia del Gobierno canario, el presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata (PP), ha tachado esta medida de “intromisión» de una administración en otra, porque además el proyecto estuvo en exposición pública.
En declaraciones al diario palmero El Apurón, el presidente insular alega que las Calzadas no están protegidas porque en el Plan General de Ordenación de Mazo no hay catálogo de protección.
Sin embargo, cabe recordar que los bienes de interés desde el punto de vista del patrimonio histórico pueden ser catalogados en cualquier momento y que la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, en su artículo 59, faculta al Gobierno canario para imponer medidas cautelares en estos casos, entre ellas la de suspensión de las obras «para el cese o disminución de los riesgos o efectos perjudiciales sobre el bien a proteger».
Así, este artículo reza así : «Por parte de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en los casos de acreditada urgencia, se podrá actuar de oficio o interesar del respectivo cabildo insular, la adopción de las medidas cautelares necesarias para garantizar la protección y conservación de los bienes del patrimonio cultural de Canarias. De no adoptarse las medidas por parte del cabildo insular, la Administración autonómica procederá a adoptar las indicadas medidas».
El plazo máximo de vigencia de las medidas cautelares será de seis meses, y en ese tiempo la Administración competente deberá abrir el correspondiente procedimiento para proteger estas Calzadas con algunos de los instrumentos de protección previstos legalmente. Es decir, no es necesario que se trate de un bien ya protegido para impedir que continúen las obras.
En cualquier caso, Hernández Zapata cree que laparalización se produce en la recta final de los trabajos, por lo que confiesa no saber qué ocurrirá a partir de ahora: «Tendrán que decirlo los que en este asunto se han metido como un elefante en una cacharrería”.
El mandatario insular no parece tener claro el valor del empedrado histórico: «Si hacen Bien de Interés Cultural (BIC) las calzadas, ¿quién va a hacer el reglamento de uso?; se han metido en un jardín del que les va a costar salir”, afirma, en alusión al Gobierno canario.
Pero no es solo el Ejecutivo regional. También colectivos defensores del patrimonio histórico y partidos políticos, incluida la oposición en Mazo, han mostrado su rechazo a las obras que se han llevado a cabo. Coalición Canaria (CC), a través de su portavoz en el Cabildo, Susa Armas, aboga por buscar un consenso mayoritario sobre cómo deberían hacerse estos trabajo, «para que no generen tanto impacto» y confía en que «las piedras retiradas se hayan guardado en su totalidad porque son parte de nuestra historia».
El grupo de CC «lamenta que el patrimonio de la isla esté en manos de un presidente que cree saberlo todo, pero desconoce las cosas más elementales” y, aún así, se permite criticar en los medios de comunicación a los expertos, catedráticos universitarios, que forman parte de la Comisión de Patrimonio y que se han atrevido a hacer pública su preocupación y disconformidad respecto a las últimas actuaciones del Cabildo”.
También la Agrupación de Electores de Mazo, con representación municipal en Mazo, había pedido la paralización de las obras y crear «un espacio de reflexión que ofrezca alternativas respetando la piedra original, pues de lo contrario puede considerarse un atentado al patrimonio».
Este diario ha pedido a través de un mensaje de Facebook a la página municipal conocer la versión del grupo de gobierno en Mazo (PSOE-PP), que preside Goretti Pérez (PSOE), aunque sin recibir respuesta.
La alcaldesa señaló a fines de julio en un comunicado que esta obra pretende mejorar la movilidad y seguridad de todas las personas, “respetando en todo momento la conservación de nuestro patrimonio; dos aspectos sobre los que tenemos que buscar un equilibrio”. Sin embargo, al menos para los detractores de lo ejecutado, el cambio de imagen de estas calles históricas más bien parece indicar que se ha producido un desequilibrio.
En cualquier caso, el consistorio aseguró en aquella nota de prensa que «se ha tomado la decisión técnica de hacer una limpieza a la piedra de basalto que se está empleando en la obra, que sin perder las cualidades del material, se adapta estéticamente al entorno». Asimismo, el Cabildo de La Palma y el Ayuntamiento de Villa de Mazo alegaron que había acordado reducir el ancho del tránsito peatonal a 1,20 metros, frente a los 1,80 que estaba previsto inicialmente, mientras que la barandilla será desmontable.
Goretti Pérez lamenta que “se haya tratado de politizar” esta intervención por los grupos de la oposición, recordando que se trata de un proyecto que viene del mandato pasado y de una decisión que tuvo su origen en el proceso de participación vecinal. No obstante, CC ha desmentido este extremo, al asegurar que el proyecto que pasó por el pleno no era el que se está ejecutando con tremendo impacto en el empedrado histórico.
