PLANETA CANARIO
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al encargo a Red Eléctrica de España para desarrollar el proyecto de la central hidroeléctrica de bombeo reversible de Güímar, una infraestructura estratégica destinada a reforzar el sistema eléctrico de Tenerife y La Gomera y a facilitar una mayor implantación de energías renovables.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, destacó que el Ejecutivo impulsa definitivamente una actuación que movilizará una inversión superior a los 1.000 millones de euros y que, según las estimaciones del Gobierno, permitirá reducir los costes de generación eléctrica en torno a 200 millones de euros anuales.
Groizard señaló que el ahorro previsto hará posible recuperar la inversión en un plazo aproximado de cinco años una vez entre en funcionamiento, al tiempo que recordó que este tipo de instalaciones tiene una vida útil de varias décadas.
Hay que recordar que este proyecto se ejecutará en los inmensos hoyos dejados por la industria ilegal de áridos en el barranco de Badajoz, asunto que motivó una sonada causa penal. En 2023 se dictó la sentencia definitiva, al ratificar el Tribunal Supremo que los empresarios responsables de este atentado ecológico debían pagar 185 millones con los que financiar la restauración del daño causado al medio ambiente.
La Sala de lo Penal del alto tribunal estatal desestimó entonces los recursos de los empresarios Antonio Plasencia y José Enrique Morales, que defendían sus planes de restauración, declarados inviables por la Audiencia Provincial, y no abonar la indemnización.
La futura central permitirá almacenar la electricidad sobrante producida por parques eólicos y plantas solares mediante un sistema de bombeo de agua hacia un embalse situado a mayor cota. Cuando aumente la demanda energética, el agua se liberará para mover turbinas y volver a generar electricidad.
Según explicó el secretario de Estado, esta infraestructura podría cubrir aproximadamente un tercio del consumo eléctrico de Tenerife, mejorando la estabilidad del sistema y reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles, cuyo coste continúa siendo elevado en los mercados internacionales.
El proyecto contempla una potencia máxima de entre 200 y 220 megavatios y una capacidad de almacenamiento cercana a las 16 horas, por lo que actuará como una gran batería para garantizar el suministro eléctrico y facilitar una mayor integración de las energías renovables en el sistema insular compartido por Tenerife y La Gomera.
Su funcionamiento será similar al de la central de bombeo Salto de Chira, actualmente en construcción en Gran Canaria.
Tras el acuerdo aprobado este martes, Red Eléctrica iniciará los trabajos de ingeniería y redactará el proyecto para su posterior presentación ante el Gobierno de Canarias, administración competente para tramitar la evaluación ambiental y la autorización administrativa.
De forma paralela, el Ejecutivo central prevé definir a lo largo de este año el marco regulatorio y económico que determinará el sistema de retribución de la infraestructura.
El Gobierno estima que el proceso de tramitación y construcción se prolongará durante aproximadamente diez años, con el objetivo de que la central hidroeléctrica de bombeo reversible de Güímar pueda entrar en servicio a mediados de la próxima década. Según informó el secretario de Estado, cuando eso ocurra Tenerife dispondrá de una instalación similar a la que Gran Canaria incorporará próximamente con el Salto de Chira.
En marzo pasado, el abogado que impulsó la querella del caso Áridos, Carlos Álvarez, mostró su sorpresa por que se anunciara el trámite administrativo de la futura central hidroeléctrica de Güímar y que incluso el Gobierno canario anunciara que negocia con los empresarios propietarios del suelo un acuerdo, sin que aún se conozca si han pagado ya los 185 millones de indemnización por daños ambientales a la que fueron condenados por sentencia ya firme, avalada por el Tribunal Supremo desde 2016.
«Antes de negociar sobre la central hidroeléctrica con los areneros condenados, deben pagar hasta el último céntimo a las arcas públicas», subrayó Álvarez.
El abogado de los denunciantes pidió «transparencia” sobre la ejecución de la sentencia y advirtió de que financiar la restauración de los hoyos de Güímar negociando con los terrenos gracias a la central prevista por Red Eléctrica “dejaría a los empresarios irse de rositas».
