VICENTE PÉREZ
Las Plataformas para la Defensa de las Pensiones Públicas en Canarias han conmemorado el Día Mundial para la Toma de Conciencia del Abuso y el Matrato en la Vejez con una serie de actos reivindicativos y la presentación de escritos ante organismos públicos para pedir que se investigue lo sucedido en los centros de mayores de Canarias.
En el caso de Tenerife, han presentado sendos documentos antes Diputado del Común y al Cabildo de Tenerife para pedir una investigación sobre qué ha pasado en las residencias de mayores con el Covid-19 en una isla que donde el 95% de estos centros son privados. De las 19 muertes en Canarias en geriátricos, según fuentes de este colectivo, 17 se han producido en Tenerife, y se preguntan por qué no fueron derivados a hospitales.
El Diputado del Común, Rafael Yanes, y la adjunta segunda, Milagros Fuentes, se reunieron con representantes de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias, que «han denunciado el aislamiento que sufren las personas mayores y con discapacidad,obligadas a estar residenciadas, no solo en los centros, sino en sus propios domicilios, las conocidas personas en soledad, y que con el estado de alarma se han visto desatendidas y aisladas por falta de preparación y coordinación de las administraciones».
El Diputado del Común recibe la queja y abre una investigación
Por ello, la Diputación del Común ha informado en un comunicado este lunes que ha decidido investigar sobre la situación vivida en algunos geriátricos y centros de personas con discapacidad durante la pandemia.
Como asociación han mostrado su preocupación por la falta de información, que aumenta el estado de incertidumbre de estos colectivos y de los particulares afectados, que denuncian no tener acceso a datos claros y concisos sobre cuántas plazas residenciales existen en la Comunidad Autónoma, y cuántas corresponden a listas de residencias privadas, concertadas o públicas, así como al número de personas desatendidas durante la cuarentena y que ha desembocado en el fallecimiento de estas.
Por ello, piden dar visibilidad a los errores que se han dejado ver con la pandemia y para “los que no se está preparados y que habrá que solventar para un futuro, o la aparición de estos errores ya conocidos pero que hasta ahora no han sido tratados por el sistema”.
Yanes afirma que “siempre que exista una gestión privada, debe haber una inspección real y transparente que controle, en este caso, este tipo de centros, ya que estamos hablando de la vida de los más vulnerables, que en este caso son las personas dependientes”.
El Gobierno regional destaca la baja incidencia en centros de mayores
Preguntada al respecto, la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno canario ha defendido la coordinación que ha mantenido con cabildos y con las residencias, al tiempo que ha mostrado su predisposición a dar al Diputado del Común la información que solicite. En cualquier caso, este departamento el Ejecutivo regional ha subrayado que envía dos informes semanales a la Fiscalía y al Gobierno estatal durante la pandemia, con relación a los centros de mayores, y que en Canarias se ha sido especialmente prudente al punto de que es ahora cuando se están reanudando las visitas.
Pero lo que sí quiere subrayar la Consejería es que, aunque lamenta las muertes acaecidas en el Archipiélago, precisamente Canarias es la comunidad autónoma donde menos fallecimientos por coronavirus ha habido en residencias de tercera edad. Y destaca también que el Servicio Canario de Salud hizo pruebas a todo el personasl y los usuarios de estos centros. En concreto, a 7 475 usuarios y 6.078 trabajadores, un cribado del que resultó un nivel muy bajo de incidencia, pues 34 personas dieron positivo, de los cuales 20 eran profesionales y 14 ancianos.
A escala nacional el número de víctimas mortales que el coronavirus ha dejado en las aproximadamente 5.457 residencias de ancianos españolas -ya sean públicas, concertadas o privadas- con Covid-19 o síntomas similares se sitúan en 19.500, según ha informado este lunes RTVE con datos proporcionados por las comunidades autónomas.
La mayoría de las defunciones se han producido en Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Así, los fallecidos en residencias de ancianos equivaldrían a un 71,8 % del total notificado oficialmente por el Ministerio de Sanidad.
La Fiscalía General del Estado mantiene 194 diligencias civiles y otras 200 investigaciones en relación con la gestión de la crisis del coronavirus en las residencias. Madrid es la comunidad que acumula más pesquisas (más de un centenar de procedimientos, a 10 de junio, y una querella presentada por un grupo de familiares en un juzgado de Madrid ha sido elevada al Tribunal Supremo al estar denunciada la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso), seguida de Cataluña, con menos de la mitad de diligencias abiertas (36), Castilla y León (36) y Castilla-La Mancha (21), según RTVE.
También, un grupo de abogados de toda España, en nombre de 3.000 familiares de fallecidos con coronavirus, han presentado una querella contra el Gobierno ante el Supremo por un posible delito de homicidio imprudente.
