PLANETA CANARIO
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, anunció este miércoles, tras conocerse el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que rechaza el toque de queda desde las 00.30 a las 6.00 horas solicitadopara islas en nivel 3 y 4, que el Ejecutivo autonómico analizará jurídicamente esa decisión este jueves, 15 de julio, y que la previsión es que se presente un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, para lo que hay un plazo de tres días hábiles.
En declaraciones ante los medios mientras aún se desarrollaba el pleno del Parlamento de Canarias, Torres insistió en que el Gobierno regional respeta todas las decisiones judiciales, aunque, en este caso, “no la compartimos”.
El presidente recuerda que la medida planteada por su Ejecutivo fue avalada este martes 13 de julio por la Fiscalía del TSJC, “que representa los intereses de los ciudadanos, con un informe muy contundente a favor” de esa restricción de la movilidad nocturna. Según recalcó, este toque de queda “es una herramienta eficaz” para la lucha contra la quinta ola de la pandemia, que está dejándose notar con fuerza en islas como Tenerife y afectando cada vez más al resto. En este sentido, recordó que se trata de una medida adoptada en otras olas y que ha dado los resultados buscados para revertir la situación en los contagios.
El titular del Gobierno canario considera imprescindible que la Administración regional siga disponiendo de herramientas eficaces para contener el número de contagios y aludió al resto de iniciativas adoptadas en las últimas semanas para lograr ese mismo fin, como el cierre nocturno de playas y otros recintos públicos donde se pudieran celebrar botellones y aglomeraciones, o bien la reducción de los aforos.
Torres advirtió de que en las últimas 24 horas se han detectado 638 nuevos casos de covid-19 en Canarias, la cifra más elevada de toda la pandemia en las Islas para una jornada. “El día con más contagios, el TSJC se manifiesta en contra de una medida que hemos tomado en otras ocasiones en islas con nivel de alerta 3 y que han dado buenos resultados”, lamentó el presidente.
A su juicio, la postura del Gobierno regional “es compartida por la mayoría de la ciudadanía canaria, los organismos y los grupos parlamentarios. Lo que pretendemos es que no haya movilidad en esas horas y evitar las aglomeraciones de muchísima población que está disfrutando de vacaciones, especialmente los jóvenes, al ser los que están siendo más afectados por esta ola y al tratarse del último sector previsto para vacunarse”.
El presidente recordó también que el Tribunal Superior de la Comunidad valenciana sí ha avalado este toque de queda para diversos municipios a propuesta de la Generalitat valenciana. “La petición que hemos hecho a la Fiscalía y al TSJC se refería a islas en niveles 3 o 4 o, en su defecto, a los municipios con la mayor afección, pero el Tribunal Superior no ha avalado ninguna de esas dos opciones. Nos consta que, aparte de Valencia, Cantabria también va a pedir este aval a su Tribunal Superior y que Cataluña lo sopesa, por lo que, en el Consejo de Gobierno de mañana, manifestaré mi voluntad de recurrir al Constitucional”, explicó.
«Hay que apelar a la responsabilidad ciudadana individual y colectiva»
El jefe del Ejecutivo también señaló que el cierre de los interiores de bares y restaurantes, que tampoco fue avalado por el TSJC, sí se ha aplicado y ha demostrado, también en otras regiones y países, “su efectividad. Estas medidas han funcionado en islas que han subido a los niveles 3 y 4, pero, en esta quinta olea y tras perder ese tipo de herramientas, estamos observando cada día un aumento de contagios. Es verdad que es superior en otras comunidades, pero no conseguimos parar esta curva y, por tanto, aún menos doblegarla. El TSJC nos deja con un instrumento menos para bajar los contagios y, a falta de ese recurso, nos queda apelar a la responsabilidad ciudadana individual y colectiva, tal y como hemos hecho en esta etapa de la pandemia”.
Asimismo, insistió en que las administraciones isleñas y los cuerpos y fuerzas de seguridad seguirán con la máxima vigilancia en el cumplimiento de las restricciones actuales, así como con la mayor velocidad posible en el proceso de vacunación y en la realización de cribados masivos en las zonas de salud más afectadas.
