PLANETA CANARIO
La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias ha iniciado un expediente sancionador a la empresa Costa Canaria Veneguera, del grupo LOPESAN, tras la visita de inspección realizada junto al Cabildo de Gran Canaria, el pasado 11 de abril, al yacimiento arqueológico de la Cañada del Mar, en el barranco de Veneguera (Mogán) catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).
Estos organismos públicos han verificado que las obras de desmonte y ataluzado de la ladera realizadas por la promotora, para la construcción de fincas agrarias, han provocado «daños irreversibles muy graves», al destruir casi en su totalidad cuatro estructuras de piedra seca, a la que se asocian, además, depósitos y materiales arqueológicos como fragmentos de recipientes cerámicos, industria lítica, moluscos marinos o fragmentos de óseos de fauna terrestre presentes en superficie y que, podrían perderse de forma definitiva, según informa la Dirección General en un comunicado.
Por otro lado, en el yacimiento arqueológico Playa de Veneguera-Fortaleza, se ha comprobado que las obras han afectado a la delimitación del bien inventariado, transformado parte del espacio, que ha sido aplanado por las máquinas que trabajaban en la zona. En este caso, la responsabilidad sancionadora corresponde a la corporación insular.
El área afectada se encuentra dentro de la Zona Arqueológica Cañada de la Mar, declarada BIC desde 2005 y por lo tanto debía contar con autorización del Cabildo de Gran Canaria a tenor de la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, que dispone que “en los bienes inmuebles declarados de interés cultural o con procedimiento incoado al efecto será necesaria la autorización del respectivo cabildo insular, previo dictamen favorable de la comisión insular, para la realización de cualquier intervención, interior o exterior, o el cambio de uso.”
En este caso es de aplicación, asimismo, el artículo 139.a de la Ley 11/2019, que determina como infracción grave en materia de patrimonio cultural «realizar sin la preceptiva autorización o licencia o incumpliendo las condiciones de su otorgamiento cualquier intervención o cambio de uso sobre bienes integrantes del patrimonio cultural de Canarias, si ello comporta daños graves.”
En consecuencia, tanto las valoraciones realizadas por la Inspección del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria y por la Alta Inspección de la Dirección General de Patrimonio Cultural, ratifican que esta actuación es constitutiva de infracción muy grave. En este sentido, el apartado 1 del artículo 142 de la ley 11/2019 estipula como sanción para las infracciones muy graves una multa que puede oscilar entre los 150.001 y 600.000 euros . La empresa promotora cuenta con un plazo de quince días para presentar sus alegaciones
La Zona Arqueológica Cañada de La Mar comprende una amplia franja de territorio que se extiende por el margen izquierdo del barranco de Veneguera, aproximadamente a unos dos kilómetros de su desembocadura en la playa del mismo nombre, y asciende por la ladera hasta Tabaibales, donde abarca parte de su crestería.
En esta zona se localizan diversos restos arqueológicos, consistentes en un grupo de estructuras de piedra seca de carácter habitacional que se distribuyen entre la cota 30 y 75 m sobre el nivel del mar, próximas a la playa de Veneguera.
Se encuentra actualmente muy derruida como consecuencia de las obras de canalización realizadas en el barranco. El mal estado de conservación de estas estructuras impiden determinar su planta y morfología constructiva, aunque es posible observar algunas estructuras de planta aparentemente cruciforme y recintos irregulares, de los que se desconoce su funcionalidad.
En los alrededores e interior de estas estructuras aparece diverso material arqueológico disperso en superficie, consistente en fragmentos de cerámica, algunos de ellos pintados, lascas de obsidiana y sílex y restos de fauna marina y terrestre.
Por encima de estas construcciones, en torno a la cota 200, se localiza un conjunto de cuevas naturales agrandadas, que han sido reutilizadas hasta tiempos relativamente recientes, y que conservan material arqueológico en superficie. Por último, completan esta zona arqueológica diversas estructuras de piedra seca consistentes en torretas y círculos de piedra que se localizan en la zona de Tabaibales.
El presidente del Cabildo, Antonio Morales, explicó que la pasada semana que en el barranco se está desarrollando una obra de recuperación de un espacio agrícola de uso tradicional, aunque la institución insular anunció que había paralizado las obras de manera cautelar.
Ben Magec-Ecologistas en Acción denunció el pasado 14 de abril «la impunidad» con la que la empresa Costa Canaria Veneguera S.A., subsidaria de LOPESAN, a través de la empresa matriz “INVERTUR HELSAN SL”, ha venido actuando en el barranco de Veneguera, «dentro del espacio natural protegido del Roque Nublo».
Esta federación ecologista había exigido a la Administraciones públicas que actúen «con mayor contundencia y de forma ejemplarizante en defensa del patrimonio natural e histórico que previsiblemente han sido gravemente dañados en el barranco de Veneguera».
Estos colectivos defensores de la naturaleza consideran «inaceptable, la impunidad con la que la empresa está actuando en dominio público hidráulico dentro del cauce del barranco de Veneguera.
Tras la concesión administrativa, en el año 2016, otorgada a Costa Canaria de Veneguera S.L. por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, para la ocupación de 52.704,85 m² de terrenos de dominio público hidráulico del barranco, los ecologistas constataron que se han venido realizado grandes movimientos de tierra y desmontes a lo largo del cauce, «afectando gravemente y de forma irreversible a los ecosistemas naturales del fondo del barranco y al cauce natural del mismo, reduciéndolo a la mínima expresión», además de afectar al BIC.
Ben Magec-Ecologistas en Acción «lamenta que, tras muchos años de lucha social para la salvaguarda de este espacio la consecuente inclusión del barranco de Veneguera en el Parque Rural del Nublo, el 6 de marzo de 2003, se sigan desarrollando actuaciones en el dominio público de manera continuada durante años sin los correspondientes estudios ni licencias y generando daños irreversibles para el patrimonio arqueológico y a los valores ambientales».
Los ecologistas recuerdan que la citada empresa ya fue sancionada por acometer obras sin las correspondientes autorizaciones por lo que consideran que se deberían tomar «medidas ejemplarizantes que marquen precedentes, con la correspondiente sanción y restauraciones de los espacios dañados».
Con algo más de perspectiva, Ben Magec-Ecologistas en Acción lamenta que el Barranco de Veneguera, «símbolo de la lucha ecologista, se haya convertido de facto, en lo que consideran, el cortijo particular de LOPESAN con acceso privado por la costa, con formas más propias del caciquismo de épocas anteriores que con las garantías ambientales y de acceso público al litoral propias de una sociedad democrática en el siglo XXI».
PLANETA CANARIO ha solicitado vía email a la empresa expedientada y al gabinete de prensa de LOPESAN su versión sobre todos estos hechos. Este grupo adquirió en la década pasada la mayoría accionarial de Costa Canaria de Veneguera y dispone de una finca de 2.800 hectáreas en el municipio de Mogán, que se extiende desde el interior y se extiende desde el interior hasta el litoral, con cultivos, en la desembocadura del barranco del mismo nombre, según informó en su día CanariasAhora.com.
