PLANETA CANARIO
La desde hace años prevista construcción de un complejo hotelero de 3.000 camas con instalaciones complementarias en Punta de Abona (Arico) empieza a tener más voces en contra a la vez que avanza el trámite urbanístico de este proyecto declarado de interés estratégico por el Gobierno canario en la pasada legislatura, lo que le permite un trámite más rápido que el habitual.
Ahora es el grupo de Sí Podemos en el Cabildo de Tenerife el que ha llevado este asunto a una comisión plenaria de la corporación insular, donde la consejera de la formación morada Ruth Acosta ha rechazado este proyecto por su «grave impacto medioambiental», y porque “contribuiría a perpetuar un modelo turístico caduco para Tenerife”.
Pero además ha puesto sobre la mesa un aspecto novedoso, al cuestionar el actual deslinde público marítimo terrestre de Punta de Abona: «La información de la que tenemos conocimiento permite aseverar que el actual deslinde del dominio público marítimo-terrestre en aquella zona no se ajusta a los requerimientos de la ley y reglamento de costas”, advierte la consejera de Sí Podemos.
A titulo de ejemplos sobre factores y ecosistemas no tenidos en cuenta para la delimitación la franja pública costera y su servidumbre de protección, la consejera explica que «existen flujos de arena y campos de duna necesarios para la estabilidad de las playas existentes en aquella zona que quedan fuera del actual deslinde y, al parecer, tampoco se registran en algunos tramos del dominio público las olas en los mayores temporales conocidos”.
Según ha podido saber PLANETA CANARIO, tales flujos de arena de mar recorren de norte a sur, por tierra, Punta de Abona, desde Playa Grande a las playas más próximas a Abades, lo que supondría que la existencia de estas últimas dependería del material arenoso que recibe de aquella, gracias al viento alisio dominante en la zona, del nordeste.
De ahí que Acosta preguntara también al grupo de gobierno en el Cabildo (PSOE-Ciudadanos) por «la posibilidad de realizar estudios que promuevan la modificación de este deslinde, en orden a una mayor protección de las playas y el litoral de la zona, de conformidad con la estrategia de lucha contra el cambio climático».
Según la versión de Sí Podemos, la respuesta recibida del equipo gobernante es que esta es una cuestión que compete al Ministerio de Transición Ecológica, si bien es cierto que este suele actuar no solo de oficio sino a petición de otras administraciones públicas o de asociaciones ciudadanas, como ha ocurrido como con otro polémico proyecto en el Sur de Tenerife, el del hotel de lujo junto a la playa de La Tejita, donde dos asociaciones ecologistas, Salvar La Tejita y ATAN, lograron que dicho organismo estatal abriera expediente de revisión del deslinde del dominio público marítimo terrestre, precisamente porque la zona de dunas y movimientos de arena es superior a la que refleja el deslinde hasta ahora vigente.
Este asunto aún está en el aire, a la espera de la decisión definitiva del Ministerio sobre el nuevo deslinde, que amplía la franja de tierra publica, y la servidumbre de protección, que los ecologistas defienden que sea de 100 metros -lo que haría inviable el hotel que ya se construye- mientras que la propuesta de la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar (conocida como Costas) es de 20 metros, lo cual permitiría culminar la ejecución del proyecto hotelero, promovido por el grupo gallego Viqueira.
No obstante, según Ruth Acosta, el gobierno del Cabildo se ha comprometido a «promover actuaciones que potencien la estrategia de lucha contra el cambio climático» en Punta de Abona.
PLANETA CANARIO ya ha informado anteriormente de los principales detalles del proyecto turístico previsto. Se trata de una inversión que superará los 363 millones de euros promovida por la empresa Playa de Arico, que prevé emplear a unas 1.600 personas, de las que 1.493 formarán parte de la plantilla de cuatro hoteles de cinco estrellas con un total de 2.985 plazas, un gran parque recreativo, un balneario para talasoterapia y un centro comercial.
Para hacerlo viable la Viceconsejería de Política Territorial del Gobierno canario tiene ya muy avanza la suspensión de las Normas Subsidiarias de Arico, de modo que se ordene este sector costero mediante unas normas sustantivas de aplicación transitoria, que luego serán incorporadas al futuro Plan General de Ordenación del municipio tinerfeño.
En 2018 salió a información pública la evaluación ambiental de la nueva ordenación territorial de Punta de Abona. Se trata de un área no urbanizada aún (pero que en las Normas Subsidiarias de Arico ya son suelo urbanizable), en un tramo de costa con tramos muy deteriorados por la acción humana y otros rincones volcánicos paradisíacos, algunas playas de arena fina, un amplio tabaibal y un conjunto de construcciones que quedaron inacabadas hace siete décadas, que iba a ser destinadas a leprosería, algunas con valores de patrimonio histórico, por lo que funcionarios del Cabildo especializados en esta materia han pedido su rehabilitación.
Tras su paso por el Cabildo de Tenerife, durante el pasado mandato se le pusieron algunos condicionantes al proyecto. Así, el consejero de Planificación en ese momento, Miguel Ángel Pérez (PSOE), explicó que, respecto al documento inicial presentado por los promotores, se había suprimido un gran campo de golf (se sustituye por un parque recreativo); se han alejado de la costa los hoteles, que no irán en primera línea de playa sino junto a la autopista del sur; se ha evitado, al menos de momento, la demolición del sanatorio-leprosería (obras inacabadas hace 80 años por sus valores de patrimonio histórico), y se replantarán 67 hectáreas de tabaibal dulce para compensar otras tantas de esa planta que serán desbrozadas para este proyecto.
En su nota de prensa, Sí Podemos plantea dejar sin efecto esta modificación urbanística de Punta de Abona, para en su caso proceder a su protección, a lo cual el grupo de gobierno del Cabildo respondió que la responsabilidad d corresponde a la Consejería de Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, al tiempo que concluyó que, actualmente, «no se puede afirmar que exista daño ambiental, puesto que todas aquellas cuestiones que pudieran suponer un riesgo para el medio ambiente, la Consejería ya ha solicitado su modificación».
No obstante, Acosta resalta que “estamos hablando de una zona (Punta de Abona) en la que tenemos constancia de que existen hábitats protegidos y especies catalogadas, como así lo atestiguan informes del Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias, al igual que un rico patrimonio arqueológico”.
La consejera de Sí Podemos Canarias alude a las declaraciones realizadas por la empresa encargada de promover dicho proyecto, Playa de Arico S.A., en las que afirma que Punta de Abona está «llena de basuras y escombros, y este proyecto incrementará la superficie de tabaibal, la zona de protección natural y los espacios públicos». A este respecto, Acosta manifiesta que “resulta muy difícil creer que un proyecto turístico que contaría con una extensión equivalente a 178 campos de fútbol, no vaya a ocasionar un serio e irreparable daño ambiental, máxime teniendo en cuenta que se contribuiría a perpetuar un modelo turístico caduco para Tenerife, en el que únicamente se valore la cantidad y no la calidad del turismo que recibimos; lo que provoca que, entre otros factores, crezca la nefasta huella ecológica que sufre nuestro territorio”.
El partido morado también ve «inoportuno este proyecto en los tiempos que corren, puesto que desde hace algunos meses, se viene anunciando la posibilidad de que suframos una nueva recesión económica, a lo que hay que sumar el presumible descenso por el que pasará el turismo de la Isla, fruto de la crisis de Thomas Cook; la salida de Reino Unido de la Unión Europea a través del brexit; o el creciente movimiento denominado flygskam o vergüenza de volar, por el que muchas personas están dejando de viajar en avión por la enorme contaminación que estos provocan”.
La ordenación propuesta producirá, según el documento de evaluación ambiental, «un indudable cambio paisajístico, ya que se va a pasar de un espacio natural o seminatural a un entorno urbanizado». Además, el parque recreativo previsto [con amplias zonas verdes] tendrá también «un indudable impacto paisajístico en una zona árida».
En todo caso, concluye que no se produce una «alteración ecológica, territorial y paisajística inaceptables», puesto que «las condiciones actuales de esta franja costera presentan un alto grado de degradación, los terrenos son básicamente eriales y no han sido destinados específicamente a alguna actividad económica».
