Desconozco los argumentos concretos de Ben Magec-Ecologistas en Acción para oponerse a la instalación del gran telescopio de 30 metros en las cumbres de La Palma. También desconozco los motivos del juez que sentenció en contra de las quejas presentadas por el ecologismo y también parte del sindicalismo canario.
Desde mi punto de vista, el problema de fondo que se plantea es el cumplimiento o no de las leyes de protección vigentes por parte de las administraciones y cargos públicos, que son los principales garantes de que tales leyes se cumplan. Algunas veces, en función de intereses de cada momento, esas leyes de obligado cumplimiento son deformadas para adaptarlas al objetivo pretendido, y esa reiterada actitud entiendo que no puede ni debe ser admitida. Lo sintetizó muy bien el presidente Hermoso en la presentación del famoso proyecto de Chillida en Fuerteventura, cuando fue avisado de que las leyes impedirían llevar a cabo dicha obra artística: “si la ley no lo permite, cambiamos la ley”.
Efectivamente, la mayoría de las veces esos cambios buscan simplemente especular con terrenos y, en el caso de Tindaya, también con la piedra de su interior; en otros casos, como es el telescopio palmero, se busca fundamentalmente prestigio; en Granadilla, al igual que ocurre ahora con Fonsalía, se busca simplemente acceder a dineros de la Unión Europea. Existieron otros casos llamativos, como el proyecto de construir una isla artificial en Bajamar, o cubrir las cumbres de Tenerife con nieve de colores, según la “genial” idea de un conocido promotor turístico. La lista de intentos de deformación de la legalidad a todos los niveles, para adaptarla en cada momento a las supuestas necesidades, caprichos o intereses, puede resultar interminable.
Cuando una ley de protección de valores naturales o culturales es aprobada, debemos tener en cuenta una tramitación normalmente larga y con implicación de cientos de científicos y especialistas en su confección o en la elaboración de los catálogos de protección. Posteriormente las leyes transitan por un largo camino hasta su aprobación definitiva por las máximas instituciones. La posibilidad de aceptar de incumplimientos de las leyes aprobadas y asumidas por todos, debe estar claramente justificada y siempre por motivos de excepcional necesidad social.
Aunque considero la astronomía una ciencia de futuro que debemos potenciar, imagino que la oposición a la construcción del telescopio de 30 metros tendrá que ver con su impacto en el paisaje, ya que se trata de levantar en las cumbres de La Palma, una singular construcción equivalente a un edificio de nada menos que 18 plantas de altura. Desde mi punto de vista, independientemente de la posible afección a la flora o fauna del lugar, y aunque no existiera ninguna figura de protección, cabe plantearse seriamente continuar adelante con el que sin duda puede ser el mayor atentado paisajístico de Canarias. Nadie puede negar la brutalidad de la actuación prevista y nadie puede asegurar que, cuando quieran buscar otra ubicación para un futuro telescopio de 60 metros, pongamos por caso, no queramos también instalarlo en La Palma.
En cualquier caso, debo confesar que siempre consideré la posibilidad de la instalación del telescopio de 30 metros en la isla de La Palma una estrategia del órgano promotor para presionar a la población de Hawai, que se oponen con contundencia a levantarlo sobre la cima del monte sagrado de Mauna Kea. De hecho, el consorcio ya anunció recientemente que, si renuncia a Hawai, continuará buscando en otros puntos en el planeta para instalar el referido gran telescopio, sin que se mencione la isla de La Palma.
JOAQUÍN GALERA GASPAR,
arquitecto y urbanista.
