VICENTE PÉREZ
El PP en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha registrado una moción para defender ante el próximo pleno previsto para el 26 de septiembre «acabar con la polémica de la fuente monumental de Almeida», como prefiere denominar al Monumento a Franco, «con un acuerdo de consenso, conjugando los intereses y emociones en juego, rechazando los autoritarismos, la violencia y proponiendo una encuesta popular para fijar su nombre definitivo».
No obstante, cabe recordar que el futuro de este conjunto escultórico depende de informes técnicos y jurídicos que determinen si, como obra de exaltación a la victoria del golpe de estado que encabezó el general Francisco Franco en 1936 debe ser retirado (que no destruido) para cumplir la Ley de Memoria Histórico, o, por el contrario, debe o puede mantenerse donde está en razón de sus valores artísticos. Detractores de esta obra por su significado franquista defienden que hay sentencias judiciales que en estos casos avalan su retirada y marcan el camino sobre cómo se debe aplicar esta normativa estatal.
El acuerdo que propone el PP consta de tres puntos. En el primero plantea una declaración en la que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife «condene el uso de la violencia con la finalidad de imponer convicciones políticas y/o establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos y cualquier forma de exaltación de la misma». Como se ve, la condena no alude expresamente a la dictadura franquista sino a cualquier otra, en la tradicional línea del PP de que la izquierda también condene a las dictaduras comunistas.
Una encuesta ciudadana solo para el nombre
En el punto 2, Díaz Guerra quiere que el Ayuntamiento rechace la retirada de este conjunto escultórico porque a su juicio sería «eliminar un elemento que forma parte del patrimonio artístico de la ciudad», y que además el pleno municipal «se comprometa a iniciar los trabajos de rehabilitación histórica de la fuente del muro de Almeida [en toda la moción el PP elude llamarla monumento a Franco, ]incluyendo posibles rectificaciones, modificaciones y modernización que no afecten a su valor artístico a fin de culminar su resignificación». Es decir, que los populares están de acuerdo en que se le cambie su significado original, claramente exaltador de la victoria franquista y del dictador.
Y, por último, el PP propugna consultar a los ciudadanos, no ya si quieren que la fuente sea retirada o no -si realmente cualquiera de las dos opciones fuera legal- sino qué nombre definitivo desean para este conjunto escultórico. Pero el método no sería una consulta popular, sino una encuesta entre los ciudadanos. Hecho todo esto, Díaz Guerra incluye en su moción que la fuente se ponga en funcionamiento «en cuanto sea técnicamente posible».
Un estudio de la ULL deja claro que el monumento vulnera la ley
La realidad es que, en cuanto a su contenido franquista, ya hay un estudio encargado por el anterior gobierno local (que integraban el propio PP y CC) y dirigido por la catedrática de Historia del Arte de la ULL, Maisa Navarro, que, por lo que ha trascendido, es contundente al dejar claro que incumple la Ley de Memoria Histórica. El PP hace mención a este trabajo en su moción, pero considera que «no es vinculante para el Pleno», y que «puede cuestionado en parte de su contenido subjetivo, igual que cualquier otro con ese carácter».
Y Díaz Guerra recuerda otros informes anteriores, como uno de la fundación CICOP que defiende su valor como patrimonio histórico; otro de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, en la misma línea, incluso el Cabildo de Tenerfe, el responsable último del patrimonio histórico en la ciudad, tiene una respuesta rápida y clara: es patrimonio por su valor artístico”.
El portavoz del PP minimiza el franquismo de la obra: la ve como «una fuente más»
Lo que sí parece evidente en la moción es que al PP esta obra artística no le molesta en absoluto y ni siquiera le da importancia a su significado original, como si ya fuera pasto de la desmemoria histórica. «Esa fuente, que prácticamente vimos todos funcionar hasta principios de este milenio, fue para mi generación y para la siguiente, nada más que eso, una fuente», expone el portavoz popular en su moción. Y añade: «La llamábamos de muchas formas, la fuente del ángel, la fuente de Almeida, el monumento de Almeida, del Ángel, y algunos decían el monumento a Franco».
Aquí es donde único se cita al dictado y afirma al respecto Dïaz Guerra que «esta última denominación no despertaba en la mayoría de la población el menor sentimiento o emoción, tan sólo casi el mismo que un topónimo. Pero para algunas personas, es cierto que puede tener un significado más profundo, una reminiscencia del pasado, una llamada a malos recuerdos y malas experiencias, una chispa para prender el dolor reprimido. Para estos, para todos aquellos que sufren al escuchar el nombre del dictador, para los que consideran que una fuente de piedra es un insulto a su sufrimiento y memoria, el Ayuntamiento debe adoptar las medidas oportunas que alivien esa situación, optimizando los recursos siempre desde el respeto a las normas y a la opinión del resto de la población».
El gobierno local que lidera el PSOE no tiene claro si retirarla o darle un nuevo significado
En declaraciones a Radio Club, el edil de Servicios Públicos y portavoz municipal del PSOE, José Ángel Martín, recordó que esta ley da varias opciones para corregir tal situación, entre las que se encuentran la retirada o la resignificación, por lo que «hay que ver cuál es la adecuada, tendremos que estudiarlo» y en ello están la alcaldesa, Patricia Hernández, y la concejal responsable de Cultura y Patrimonio Histórico, Matilde Zambudio. «Debemos cumplir con la Ley de Memoria Histórica, no hay más caminos», apuntó.
Zambudio, que no es del PSOE sino que proviene de Ciudadanos (Cs) -su partido la ha expulsado por pactar con los socialistas pero la edil ha recurrido la medida en los tribunales- ya ha avanzado que no es partidaria de reubicar el monumento. «Hay una ley que cumplir, pero también hay que tener en cuenta los valores artísticos de la obra, que corresponde a la mejor etapa de Juan de Ávalos, y la ciudad no está sobrada de monumentos de esta categoría, cuya importancia pública es evidente en las innumerables fotografías que se han hecho en este marco”, ha declarado a Diario de Avisos.
Por otra parte, detractores de este conjunto escultórico argumentan que incluso si el bien está catalogado como obra artística, debe ser retirado de la vía pública, y aseguran que sí lo avalan sentencias judiciales. En el tenor literal de la ley, solo si está declarado bien de interés cultural (BIC), categoría expresa que no tiene el monumento a Franco, se podría plantear no retirarlo incluso si incumpliera la Ley de Memoria HIstórica.
La Asociación de la Memoria Histórica: «Nunca fue BIC, se debe retirar»
Al respecto, la presidenta de la Asociación de la Memoria Histórica de Santa Cruz de Tenerife, Mercedes Schwartz ha afirmado públicamente que el monumento a Franco «nunca fue BIC» por lo que espera que sea retirado por la nueva alcaldesa, Patricia Hernández, del PSOE.
Pérez Schwartz es nieta del último alcalde republicano de Santa Cruz de Tenerife, detenido en julio de 1936 y asesinado en octubre del mismo año.
La Ley de Memoria Histórica, en su artículo 15, obliga a retirar «escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura» excepto cuando sean «de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley».
El PP recuerda que el escultor Juan de Ávalos también fue represaliado por Franco
La obra se inauguró en 1966, por suscripción popular, y la diseñó el escultor extremeño, Juan de Ávalos, reconocido como uno de los mejores de su época, pero tal vez muchos desconozcan que fue republicano y socialista, y por ello en 1942 el régimen franquista le prohibió ejercer cargos directivos en instituciones académicas. Luego realizaría obras por encargo del régimen, con el que nunca pareció comulgar, a pesar de que sus esculturas adornan algunos de los monumentos más exaltadores del franquismo, como el Valle de los Caídos.
En su moción, el PP recuerda que Ávalos «fue acusado de colaborador con actividades culturales republicanas en 1936 y en 1942 se publica en el Boletín Oficial del Estado la resolución del expediente de depuración, en el que se consideran probados los hechos en virtud de una hipotética afiliación al PSOE y se le inhabilita así para ejercer cargos directivos en instituciones académicas, por lo que se centrará en la escultura religiosa, en la restauración y en tallas para particulares».
Tras su paso por Portugal, apunta el PP en la moción, Ávalos se presenta al concurso público para el Valle de los Caídos, y lo gana, contra el criterio de los círculos cercanos al caudillo, que, no solo le ratifica sino que exalta su capacidad artística. La propia fundación Juan de Ávalos, según el PP, cataloga la fuente como monumento al Ángel, «con una clara intención de suprimir cualquier tipo de referencia política o lesiva».
«Quien olvida su historia está condenado a repetirla»
En la exposición de motivos de su iniciativa plenaria, Díaz Guerra, inicia su argumentación invocando la conocida frase del poeta y filósofo Jorge Agustín NIcolás Ruiz de Sanrayana, «Quien olvida su historia, está condenada a repetirla», lema que da la bienvenida a los visitantes del bloque número 4 del campo de Auschwitz I.
Y trae a colación el concejal del PP que «el 20 de noviembre de 2002 el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una proposición no de Ley en la que reiteraba que nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática».
Está declaración, como refiere la moción de Díaz Guerra, sirvió como base para la redacción y posterior aprobación de la ley 54/200 conocida como Ley de memoria Histórica. La Ley asumió esta Declaración así como la condena del franquismo contenida en el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en París el 17 de marzo de 2006 en el que se denunciaron las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en España entre los años 1939 y 1975.
El PP considera que si bien esta ley se presentó «con clara voluntad de conciliación, de consenso, durante su tramitación sufrió numerosas modificaciones, supresiones, adiciones y ha llegado hasta nuestros días más como un arma arrojadiza o una fuente de dialéctica destructiva que de bálsamo tranquilizador; no obstante el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife debe ser el primero respetar lo dispuesto en la literalidad de las normas y, lo que es más importante y como ejemplo al resto de la ciudadanía, fiel al espíritu que contengan». Es decir, el PP acata la Ley de Memoria Histórica. Lo que no parece aún clarificado desde un punto de vista jurídico es que la aplicación de la ley en este caso impida trasladar el monumento a otro lugar menos preferente de la ciudad, y hay quien ha propuesto incluso darle la vuelta para que quede dentro del Museo de Historia MIlitar de Almeyda.
