VICENTE PÉREZ
Un informe del Diputado del Común con datos de 2019, enviado al Parlamento canario en noviembre de 2020 pero debatido este 14 de septiembre de 2021 ha escandalizado a la opinión pública canaria. No solo por su contenido, las deficiencias detectadas en residencias de mayores (tras visitar 26 de las 230 que hay en Canarias, públicas y privadas), sino porque el documento estuvo durmiendo el sueño de los justos en el Parlamento todo ese tiempo, a pesar de que en su contenido se expone que se encontró en alguno de estos centros chinches, ratas y cucarachas, y detectó además que se les hacían inspecciones en unos casos cada 5 años, en otros cada 10, o el algunos, nunca.
El Diputado del Común, Rafael Yanes, compareció este martes ante la Comisión de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Parlamento de Canarias para exponer este informe, en el que, si bien se refiere a hechos de 2019, dijo que “el debate es de total y absoluta actualidad, ya que es una preocupación ciudadana en nuestra Comunidad Autónoma”.
El primer valor del informe, dijo, es dar luz a un problema “que no estaba siendo tratado en el debate político y, quizás, sea ahora el momento idóneo para hacerlo, previo a la elaboración y aprobación de los presupuestos. Es la mejor ocasión para presentar iniciativas que den soluciones y pongan fin al problema detectado en algunos centros de mayores”.
Yanes aclaró que la mayoría de los 232 centros residenciales para mayores en Canarias cumple con sus funciones correctamente, y que la mayoría de los 7.769 profesionales que trabajan en estas residencias lo hacen «con vocación y dedicación». Si embargo, “existe una minoría que incumple, y aquí está otro de los valores de este informe: hemos constatado que existe esta minoría”.
El Diputado del Común tachó de “inaceptable” que haya plagas de chinches, cucarachas o roedores, aunque sea tan solo uno de los centros de mayores del Archipiélago “y, por eso, tenemos la obligación de evitar que esto siga sucediendo en el futuro”.
Este año el Gobierno canario ha realizado 33 inspecciones en estas residencias. Por tanto, según estimó – no sin cierto sarcasmo, Yanes- para visitar las 232 residencias de Canarias serían necesarios 56 meses. De esta forma, con la actual cantidad de inspectores, cada residencia tendría una inspección cada 4 años y medio, “por lo que este servicio es manifiestamente mejorable”.
El Diputado del Común señaló, a este respecto, que para que la Consejería de Derechos Sociales lleve a cabo su función y se le pueda exigir una mayor responsabilidad, es necesario dotarla de más medios humanos.
“No hay suficientes inspectores en esta Consejería y, por tanto, es evidente que hace falta aumentarlos. Lo dice la ley de Servicios Sociales, que en su Adicional Quinta establece que se debe reforzar la inspección en el plazo de un año. Lo piden las residencias, los trabajadores, los familiares, la Fiscalía, la Defensora del Paciente, y sería bueno que hoy, también lo pida este Parlamento”.
Frente a algunas críticas sobre por qué la Diputación del Común no hizo nada por denunciar estos hechos tras comprobar que el Parlamento no reaccionaba, Yanes adujo que la ley de la institución que preside solo lo mandata a entregar los informes extraordinarios a la Cámara autonómica, que es la que «tiene que tomar la iniciativa de remitirlos al Gobierno canario».
En la mayoría de los diputados de la Comisión se escucharon palabras de disculpa por no haber abordado antes este informe, que salió a la luz pública hace unos días.
María del Río, de Sí Podemos y presidenta de la Comisión dijo que este informe le ha «sonrojado» y pidió disculpar por la demora en incluirlo en el orden del día. Pero a renglón seguido atribuyó al problema a los gobiernos anteriores, porque se refiere «a la etapa de CC» y, por tanto, a las «deficiencias históricas» en servicios sociales heredadas. A su juicio, «no podemos ni debemos generalizar los resultados de este informe», pues se hizo con la visita a 26 residencias, aunque sí apeló a «cambiar el modelo de macrorresidencias en manos de empresas privadas sin escrúpulos por otro que garantice buenos tratos a las personas mayores».
Desde CC, la parlamentaria Cristina Valido, dijo que no iba a caer en la «provocación» de que los grupos que apoyan al actual Gobierno regional le echen la culpa a «la herencia» que dejó partido, que gobernó casi tres décadas.
Además, recordó que cuando CC gobernaba, se cerraron 8 centros, y criticó que responsabilice solo a centros privados, cuando en el informe se mencionan deficiencias en otros de titularidad pública gestionados por cabildos y ayuntamientos «donde CC nunca ha gobernado». Como otros diputados, se mostró partidaria de no generalizar: «Los problemas detectados se ciñen a 300 plazas».
Desde el grupo mixto, Vidina Espino tachó de «terrible» el contenido del informe y se disculpó por que no fuera abordado antes en el Parlamento, al tiempo que reclamó la dimisión de la presenta de la comisión, por este motivo. La ex parlamentaria de Ciudadanos puso de relieve que la investigación de la Diputación del Común ha puesto al descubierto una realidad «que no podemos permitir en esta sociedad: alimentación no adecuada, mancas de comida todo el día en la ropa de los usuarios, humedades en habitaciones, atención médica escasa, pavimentos sin limpieza y pringosos….»
De ahí que también afeara al Diputado del Común que no hiciera nada una vez que vio que el Parlamento no le respondía, y exigió un plan de inspección a todas y cada una de las residencias de mayores de Canarias.
Desde la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melody Mendoza, optó por apelar a que no se genere «una alarma social innecesaria» y que este asunto se trate «con cautela», pues, a su juicio, las deficiencias solo afectan a algunos de los 230 centros (129 de mayores y 95 de discapacidad), y ya el Gobierno canario actual está mejorando la plantilla de inspectores, pues se encontró solo 2 y ahora hay 5, y se van a llegar a 11. Además, destacó que la Consejería de Derechos Sociales ha dado ayudas a las residencias que tenían problemas de infraestructuras.
Luis Campos, diputado de Nueva Canarias (NC), también redujo el problema solo a algunas residencias, además de hacer «una clara defensa» de estos centros, tanto públicos como privados. «Los 8.000 profesionales que trabajan en estas residencias desarrollan su labor con amor a su trabajo y profesionalidad, por lo que la negligencia de unos pocos no puede empañar esta labor de la mayoría».
Aún así, dijo que había que trabajar para que los problemas detectados por el Diputado del Común no se repitan, aunque observó si esa institución no lo denunció en Fiscalía es porque no se pueden considerar delito, si bien consideró que la Diputación del Común debió haber puesto en conocimiento el informe de la Consejería de Derechos Sociales parea que actuara.
Teresa Cruz, del PSOE, afirmó que con este informe «no hay nada nuevo bajo el sol, desgraciadamente», pues es algo que «se ha venido testando desde hace muchísimos años, al menos en dos décadas. Para vigilar las residencias de ancianos enumeró «cinco palabras mágicas»: registro único, autorización, acreditación, inspección y sanción.D enunció los bajos salarios del personal de estos centros, lo cual, dijo, redunda en una peor calidad asistencial.
Sobre la responsabilidad del actual Gobierno canario en todo este asunto, la parlamentaria socialista se limitó a comentar que «ha hecho una apuesta decidida por reforzar el servicio de inspección» y ha aumentado las inversiones en esta materia, además de haber sellado recientemente un acuerdo con el Ejecutivo estatal para destinar 122 millones más a plazas residenciales.
Asimismo, Cruz dijo que desde 2012 se tenían que haber aplicado planes anuales de inspección a estas residencias y no se hacía, hasta que llegó el actual Pacto de las Flores al Gobierno canario, que sí los aplicó en 2020 y 2021. En cuanto al modelo asistencial, se decantó por hacer «una apuesta decidida por la alternativa residencia más parecida a un hogar que a un hospital».
Por parte del PP, Poli Suárez tachó de «lamentables» las deficiencias en algunas residencias mostradas en un documento que «debe sonrojar», pues «podrían ser nuestros propios padres». Pero se mostró partidario de no «crear alarma social» pues los problemas graves solo afectan a contados centros.
