VICENTE PÉREZ
El portavoz del grupo municipal del PSOE y concejal de Servicios Públicos en Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Martín, ha expresado el sensación de «contrariedad» del nuevo equipo gobernante en la capital por la «absoluta pasividad» que se han encontrado en el Ayuntamiento a la hora de intentar localizar los bienes y movimientos económicos de los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González con el fin de garantizar que se paguen los más de 100 millones de euros al erario público por la compraventa ilegal del frente de playa de Las Teresitas.
Martín, quien precisamente fue uno de los denunciantes del caso Las Teresita-que acumula sentencia tras sentencia condenatoria y por la que hay 5 encarcelados, entre ellos los propios empresarios y el exalcalde de CC Miguel Zerolo- explicó a PLANETA CANARIO que la alcaldesa, Patricia Hernández, ha ordenado a todos lo servicios municipales comunicar a los servicios jurídicos del Ayuntamiento cualquier bien o actividad económica relacionada con Ignacio González y Antonio Plasencia.
Se trata de concesiones administrativas del propio Ayuntamiento, inmuebles, compraventas… de las que se pueda tener constancia tanto en las relaciones de estos empresarios con la Administración municipal como con otras administraciones públicas. Público y notorio es, por ejemplo, que Plasencia tiene concesiones administrativas de aparcamientos subterráneos públicos en la capital.
«El Ayuntamiento abandona así la posición de pasividad que venía siguiendo hasta ahora, y la alcaldesa ha puesto mucho empeño en este asunto, ya que está muy decepcionada y contrariada con lo que se ha encontrado de actuaciones del anterior equipo de gobierno, por lo que va a intentar por todos los medios que Santa Cruz de Tenerife no pierda ni un céntimo de esos 100 millones de euros», ha manifestado el portavoz socialista.
Esa enorme cantidad de dinero proviene de los 68 millones que se establecieron en el pleito judicial más intereses, lo que totaliza el centenar de millones, según precisó Martín, quien lamentó que, con el anterior alcalde, José Manuel Bermúdez, «se perdiera un tiempo precioso durante muchos meses en que el Ayuntamiento tuvo un papel de casi espectador en esta película, por lo que ahora queremos impulsar la recuperación del dinero a la mayor brevedad posible», ya que se está en fase de ejecución de sentencia.
«El Ayuntamiento tiene la obligación de recuperar ese dinero y de llevar al juzgado toda la documentación que nos permita lograrlo», apostilló el edil del PSOE.
Las explicaciones de Bermúdez tras ser firme la sentencia
En marzo pasado, Bermúdez aseguró que la decisión municipal hace dos años de no pedir la ejecución de la sentencia de Las Teresitas hasta que no fuera firme en el Tribunal Supremo fue «la opción más segura y prudente», porque, de haberse resuelto el recurso a favor de los ahora condenados y encarcelados «el Ayuntamiento se hubiera visto obligado a devolver las cantidades previamente ingresadas, más los intereses del 3% y posibles reclamaciones por daños y perjuicios».
Con ese argumento justificó el entonces alcalde que en vez de pedir la ejecución de la sentencia de la Audiencia Provincial, en abril de 2017 dictara una instrucción para adherirse a la solicitud de medidas cautelares planteada por la Fiscalía para asegurar «la totalidad» del pago por los condenados. En ese acuerdo se recogía el escrito de la Fiscalía que indicaba que el importe de las fianzas a los condenados de 26 millones no garantizaba el pago de las responsabilidades civiles impuestas.
Tras la sentencia definitiva sobre este caso, dictada en marzo pasado, Bermúdez informó de que había ordenado a la asesoría jurídica que emprendiera acciones para recuperar «la totalidad del dinero de Las Teresitas por sus propios medios o con asistencia técnica de terceros», así como las indemnizaciones que correspondan.
