Quizás ocurra con todos los procedimientos judiciales, o con buena parte de ellos al menos, que se concluyen unas cuestiones que pueden ser importantes pero al mismo tiempo se echa tierra sobre otras quizás aún más trascendentales e inquietantes. Para mi los dos asuntos más intrigantes del caso fueron la posible filtración de la sentencia, del Tribunal Supremo, que llevó a los empresarios Pasencia y González (por medio de testaferro este último) a meterle mano a unos terrenos en litigio donde la incertidumbre sobre las oportunidades urbanísticas eran evidentes y, casi desde el mismo enfoque, cómo fue posible que Caja Canarias (presidida por el actual jefe de Binter) concediera un préstamo hipotecario sobre unos terrenos en litigio donde aparecía como solicitante un empleado de a pie de Vultesa. ¿Cómo ha resuelto la Justicia esas dos incógnitas?
En verdad, francamente, pareciera que sobre esos dos peliagudos asuntos se ha pasado como de puntillas además de que también es muy cierto el “argumento” de Zerolo de que allí votó todo el mundo a favor de semejante pelotazo. De todos los colores políticos, con lo que tampoco se sostiene que no se exijan debidamente responsabilidades al conjunto del Pleno Municipal, algunos de cuyos miembros continúan a día de la fecha formando parte hasta del propio grupo de gobierno. Que no es que uno quiera ver a nadie en la cárcel, la verdad es esa, pero una inhabilitación para cargo público pareciera lo mínimo que se despacha en un asunto de tanta gravedad.
Por otro lado las perras, como es habitual, no aparecen. Zerolo se declaró desde un primer momento totalmente insolvente y no sé si aparecía como propietarios de un pequeño coche utilitario y poco más. Por otro lado, el Ayuntamiento de Santa Cruz no sólo no reclamó el dinero nunca sino que apartó, se dice que Bermúdez la tiene vetada hasta en las reuniones con el Cabildo, a la arquitecta municipal que dio la cara por el interés general, con una tasación ajustada a la realidad, que tuvo que poner tierra por medio y marcharse a la institución insular. Que por cierto, Carlos Alonso ha dicho que no tiene técnicos cualificados en el Cabildo y que por eso tuvieron que encargar una tasación externa, justamente a una de las tasadoras que infló el precio de Las Teresitas, para que le valorara el edificio de oficinas de lujo que pretendió (y pretende) comprarle al grupo de Plasencia frente al Auditorio para utilizarlo como geriátrico. Todo muy urgente también porque no han tenido tiempo de planificar tampoco las necesidades sociosanitarias de la Isla. ¿No sabe don Carlos que es funcionaria del Cabildo doña Pía Oramas o no interesa por lo que pueda pasar con las expectativas de negocio de los de siempre a costa de las arcas públicas?
En fin, el capítulo de Las Teresitas parece que comienza a cerrarse. Lo inició, con la denuncia ante Fiscalía, Santiago Pérez; en aquél momento desde el PSOE del que inmediatamente fue apartado cual apestado, además de crucificado por la inmensa mayoría, yo creo que la totalidad, de los medios de comunicación de Tenerife desde editoriales y demás. Hasta desde sectores de la autodenominada izquierda ecosocialista se le denigró, muchos te lo ponía a parir por ahí a las primeras de cambio. Pero está claro que nos pongamos como nos pongamos resulta ser que Santiago Pérez dio la cara en Montaña Pacho, recuperando para las arcas públicas muchos millones (que después dilapidó Ana Oramas dejando al Ayuntamiento en quiebra técnica) y ahora lo que podrían ser hasta 100 millones de euros para los vecinos de Santa Cruz, de cuyos bolsillos no debieron salir jamás. Que tampoco parece, en verdad, que esta sociedad esté por la labor de reconocer a las personas que literalmente se han jugado el físico para defendernos a todos del malandraje que ha vivido esto como una gran orgía cuando, por otro lado, declaraban emergencia social por las penurias que ciertamente estaba pasando la gente.
Quizás ocurra con todos los procedimientos judiciales, o con buena parte de ellos al menos, que se concluyen unas cuestiones que pueden ser importantes pero al mismo tiempo se echa tierra sobre otras quizás aún más trascendentales e inquietantes. Para mi los dos asuntos más intrigantes del caso fueron la posible filtración de la sentencia, del Tribunal Supremo, que llevó a los empresarios Pasencia y González (por medio de testaferro este último) a meterle mano a unos terrenos en litigio donde la incertidumbre sobre las oportunidades urbanísticas eran evidentes y, casi desde el mismo enfoque, cómo fue posible que Caja Canarias (presidida por el actual jefe de Binter) concediera un préstamo hipotecario sobre unos terrenos en litigio donde aparecía como solicitante un empleado de a pie de Vultesa. ¿Cómo ha resuelto la Justicia esas dos incógnitas?
En verdad, francamente, pareciera que sobre esos dos peliagudos asuntos se ha pasado como de puntillas además de que también es muy cierto el “argumento” de Zerolo de que allí votó todo el mundo a favor de semejante pelotazo. De todos los colores políticos, con lo que tampoco se sostiene que no se exijan debidamente responsabilidades al conjunto del Pleno Municipal, algunos de cuyos miembros continúan a día de la fecha formando parte hasta del propio grupo de gobierno. Que no es que uno quiera ver a nadie en la cárcel, la verdad es esa, pero una inhabilitación para cargo público pareciera lo mínimo que se despacha en un asunto de tanta gravedad.
Por otro lado las perras, como es habitual, no aparecen. Zerolo se declaró desde un primer momento totalmente insolvente y no sé si aparecía como propietarios de un pequeño coche utilitario y poco más. Por otro lado, el Ayuntamiento de Santa Cruz no sólo no reclamó el dinero nunca sino que apartó, se dice que Bermúdez la tiene vetada hasta en las reuniones con el Cabildo, a la arquitecta municipal que dio la cara por el interés general, con una tasación ajustada a la realidad, que tuvo que poner tierra por medio y marcharse a la institución insular. Que por cierto, Carlos Alonso ha dicho que no tiene técnicos cualificados en el Cabildo y que por eso tuvieron que encargar una tasación externa, justamente a una de las tasadoras que infló el precio de Las Teresitas, para que le valorara el edificio de oficinas de lujo que pretendió (y pretende) comprarle al grupo de Plasencia frente al Auditorio para utilizarlo como geriátrico. Todo muy urgente también porque no han tenido tiempo de planificar tampoco las necesidades sociosanitarias de la Isla. ¿No sabe don Carlos que es funcionaria del Cabildo doña Pía Oramas o no interesa por lo que pueda pasar con las expectativas de negocio de los de siempre a costa de las arcas públicas?
En fin, el capítulo de Las Teresitas parece que comienza a cerrarse. Lo inició, con la denuncia ante Fiscalía, Santiago Pérez; en aquél momento desde el PSOE del que inmediatamente fue apartado cual apestado, además de crucificado por la inmensa mayoría, yo creo que la totalidad, de los medios de comunicación de Tenerife desde editoriales y demás. Hasta desde sectores de la autodenominada izquierda ecosocialista se le denigró, muchos te lo ponía a parir por ahí a las primeras de cambio. Pero está claro que nos pongamos como nos pongamos resulta ser que Santiago Pérez dio la cara en Montaña Pacho, recuperando para las arcas públicas muchos millones (que después dilapidó Ana Oramas dejando al Ayuntamiento en quiebra técnica) y ahora lo que podrían ser hasta 100 millones de euros para los vecinos de Santa Cruz, de cuyos bolsillos no debieron salir jamás. Que tampoco parece, en verdad, que esta sociedad esté por la labor de reconocer a las personas que literalmente se han jugado el físico para defendernos a todos del malandraje que ha vivido esto como una gran orgía cuando, por otro lado, declaraban emergencia social por las penurias que ciertamente estaba pasando la gente.
Quizás ocurra con todos los procedimientos judiciales, o con buena parte de ellos al menos, que se concluyen unas cuestiones que pueden ser importantes pero al mismo tiempo se echa tierra sobre otras quizás aún más trascendentales e inquietantes. Para mi los dos asuntos más intrigantes del caso fueron la posible filtración de la sentencia, del Tribunal Supremo, que llevó a los empresarios Pasencia y González (por medio de testaferro este último) a meterle mano a unos terrenos en litigio donde la incertidumbre sobre las oportunidades urbanísticas eran evidentes y, casi desde el mismo enfoque, cómo fue posible que Caja Canarias (presidida por el actual jefe de Binter) concediera un préstamo hipotecario sobre unos terrenos en litigio donde aparecía como solicitante un empleado de a pie de Vultesa. ¿Cómo ha resuelto la Justicia esas dos incógnitas?
En verdad, francamente, pareciera que sobre esos dos peliagudos asuntos se ha pasado como de puntillas además de que también es muy cierto el “argumento” de Zerolo de que allí votó todo el mundo a favor de semejante pelotazo. De todos los colores políticos, con lo que tampoco se sostiene que no se exijan debidamente responsabilidades al conjunto del Pleno Municipal, algunos de cuyos miembros continúan a día de la fecha formando parte hasta del propio grupo de gobierno. Que no es que uno quiera ver a nadie en la cárcel, la verdad es esa, pero una inhabilitación para cargo público pareciera lo mínimo que se despacha en un asunto de tanta gravedad.
Por otro lado las perras, como es habitual, no aparecen. Zerolo se declaró desde un primer momento totalmente insolvente y no sé si aparecía como propietarios de un pequeño coche utilitario y poco más. Por otro lado, el Ayuntamiento de Santa Cruz no sólo no reclamó el dinero nunca sino que apartó, se dice que Bermúdez la tiene vetada hasta en las reuniones con el Cabildo, a la arquitecta municipal que dio la cara por el interés general, con una tasación ajustada a la realidad, que tuvo que poner tierra por medio y marcharse a la institución insular. Que por cierto, Carlos Alonso ha dicho que no tiene técnicos cualificados en el Cabildo y que por eso tuvieron que encargar una tasación externa, justamente a una de las tasadoras que infló el precio de Las Teresitas, para que le valorara el edificio de oficinas de lujo que pretendió (y pretende) comprarle al grupo de Plasencia frente al Auditorio para utilizarlo como geriátrico. Todo muy urgente también porque no han tenido tiempo de planificar tampoco las necesidades sociosanitarias de la Isla. ¿No sabe don Carlos que es funcionaria del Cabildo doña Pía Oramas o no interesa por lo que pueda pasar con las expectativas de negocio de los de siempre a costa de las arcas públicas?
En fin, el capítulo de Las Teresitas parece que comienza a cerrarse. Lo inició, con la denuncia ante Fiscalía, Santiago Pérez; en aquél momento desde el PSOE del que inmediatamente fue apartado cual apestado, además de crucificado por la inmensa mayoría, yo creo que la totalidad, de los medios de comunicación de Tenerife desde editoriales y demás. Hasta desde sectores de la autodenominada izquierda ecosocialista se le denigró, muchos te lo ponía a parir por ahí a las primeras de cambio. Pero está claro que nos pongamos como nos pongamos resulta ser que Santiago Pérez dio la cara en Montaña Pacho, recuperando para las arcas públicas muchos millones (que después dilapidó Ana Oramas dejando al Ayuntamiento en quiebra técnica) y ahora lo que podrían ser hasta 100 millones de euros para los vecinos de Santa Cruz, de cuyos bolsillos no debieron salir jamás. Que tampoco parece, en verdad, que esta sociedad esté por la labor de reconocer a las personas que literalmente se han jugado el físico para defendernos a todos del malandraje que ha vivido esto como una gran orgía cuando, por otro lado, declaraban emergencia social por las penurias que ciertamente estaba pasando la gente.
Quizás ocurra con todos los procedimientos judiciales, o con buena parte de ellos al menos, que se concluyen unas cuestiones que pueden ser importantes pero al mismo tiempo se echa tierra sobre otras quizás aún más trascendentales e inquietantes. Para mi los dos asuntos más intrigantes del caso fueron la posible filtración de la sentencia, del Tribunal Supremo, que llevó a los empresarios Pasencia y González (por medio de testaferro este último) a meterle mano a unos terrenos en litigio donde la incertidumbre sobre las oportunidades urbanísticas eran evidentes y, casi desde el mismo enfoque, cómo fue posible que Caja Canarias (presidida por el actual jefe de Binter) concediera un préstamo hipotecario sobre unos terrenos en litigio donde aparecía como solicitante un empleado de a pie de Vultesa. ¿Cómo ha resuelto la Justicia esas dos incógnitas?
En verdad, francamente, pareciera que sobre esos dos peliagudos asuntos se ha pasado como de puntillas además de que también es muy cierto el “argumento” de Zerolo de que allí votó todo el mundo a favor de semejante pelotazo. De todos los colores políticos, con lo que tampoco se sostiene que no se exijan debidamente responsabilidades al conjunto del Pleno Municipal, algunos de cuyos miembros continúan a día de la fecha formando parte hasta del propio grupo de gobierno. Que no es que uno quiera ver a nadie en la cárcel, la verdad es esa, pero una inhabilitación para cargo público pareciera lo mínimo que se despacha en un asunto de tanta gravedad.
Por otro lado las perras, como es habitual, no aparecen. Zerolo se declaró desde un primer momento totalmente insolvente y no sé si aparecía como propietarios de un pequeño coche utilitario y poco más. Por otro lado, el Ayuntamiento de Santa Cruz no sólo no reclamó el dinero nunca sino que apartó, se dice que Bermúdez la tiene vetada hasta en las reuniones con el Cabildo, a la arquitecta municipal que dio la cara por el interés general, con una tasación ajustada a la realidad, que tuvo que poner tierra por medio y marcharse a la institución insular. Que por cierto, Carlos Alonso ha dicho que no tiene técnicos cualificados en el Cabildo y que por eso tuvieron que encargar una tasación externa, justamente a una de las tasadoras que infló el precio de Las Teresitas, para que le valorara el edificio de oficinas de lujo que pretendió (y pretende) comprarle al grupo de Plasencia frente al Auditorio para utilizarlo como geriátrico. Todo muy urgente también porque no han tenido tiempo de planificar tampoco las necesidades sociosanitarias de la Isla. ¿No sabe don Carlos que es funcionaria del Cabildo doña Pía Oramas o no interesa por lo que pueda pasar con las expectativas de negocio de los de siempre a costa de las arcas públicas?
En fin, el capítulo de Las Teresitas parece que comienza a cerrarse. Lo inició, con la denuncia ante Fiscalía, Santiago Pérez; en aquél momento desde el PSOE del que inmediatamente fue apartado cual apestado, además de crucificado por la inmensa mayoría, yo creo que la totalidad, de los medios de comunicación de Tenerife desde editoriales y demás. Hasta desde sectores de la autodenominada izquierda ecosocialista se le denigró, muchos te lo ponía a parir por ahí a las primeras de cambio. Pero está claro que nos pongamos como nos pongamos resulta ser que Santiago Pérez dio la cara en Montaña Pacho, recuperando para las arcas públicas muchos millones (que después dilapidó Ana Oramas dejando al Ayuntamiento en quiebra técnica) y ahora lo que podrían ser hasta 100 millones de euros para los vecinos de Santa Cruz, de cuyos bolsillos no debieron salir jamás. Que tampoco parece, en verdad, que esta sociedad esté por la labor de reconocer a las personas que literalmente se han jugado el físico para defendernos a todos del malandraje que ha vivido esto como una gran orgía cuando, por otro lado, declaraban emergencia social por las penurias que ciertamente estaba pasando la gente.
