VICENTE PÉREZ
El juez que instruye el caso sobre la contración de VVO para el servicio municipal de grúas de La Orotava en 2010 con informe en contra del interventor ha dictado un auto por el que levanta la imputación a cuatro de los investigados y la mantiene con relación a ocho de ellos, entre los que figura el actual alcalde, Francisco LInares y su antecesor, Isaac Valencia (todos ellos de CC), al tiempo que ve procedente seguir los trámites para preparar el juicio oral y emplaza a las partes (el asunto lo denunció Izquierda Unida Canaria) para que emitan sus conclusiones en esta fase.
El titular del Juzgado de Instrucción 4 de La Orotva ha decidido retirar la condición de investigados a María Dolores García Pérez, Vicente Pacheco Pérez, Olivia Fariña Pérez y Manuel Ángel Martin González porque «de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa».
En cambio, ha ordenado que sigan las diligencias previas en relación con Linares y Valencia, así como con Juan Doniz Doniz, María Juana Santos González, Narciso Antonio Pérez Hernández, Domingo José Acosta Luis, José Luis Hernández Díaz y María Belén González Rodríguez, por si su participación en los hechos fueran constitutivos de delito.
«Yo era edil de Cultura y voté igual que el resto de los 20 miembros del Pleno»
En declaraciones a PLANETA CANARIO, el actual alcalde orotavense señaló que ya ha presentado recurso de reparo y, en su caso, hará lo propio con un recurso de amparo. Linares explicó que cuando ocurrieron los hechos él ni era alcalde, ni formaba parte de la Junta de Portavoces ni era el encargado de contratar, ya que su cargo entonces era el de concejal de Educación, Cultura y Deportes.
Destacó el hoy regidor municipal que en todo caso el asunto «que era una prórroga en precario del un contrato, ni se trató en el Pleno, fue urgente y no hubo debate, y se aprobó por unanimidad levantar el reparo de la Intervención, ya que desde la propia Junta de Portavoces venía dictaminado de forma favorable por CC, PSOE, PP e IPO, y, de hecho, los plenos están facultados para levantar reparos, es un figura jurídica contemplada en la ley». Reiteró Linares que en ese pleno, no decidió «nada distinto a lo que hizo el resto de los 20 concejales».
El juez aprecia que los acuerdos del pleno fueron contrarios a la ley
Pero el juez instructor considera que, como miembros del Pleno del Ayuntamiento en el momento de los hechos denunciados, es decir, los ahora investigados «votaron favorablemente a la resolución del 28 de diciembre de 2010 por la que se acordó suscribir, siguiendo un procedimiento de contratación directa sin publicidad, nuevo contrato con la empresa VVO para la prestación de los servicios de retirada de vehículos de la vía pública mediante grúa, con una duración improrrogable desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2011, y a la
resolución del Pleno del Ayuntamiento de fecha 26 de julio de 2011, por la que fue desestimada la nota de reparo de Intervención de fecha 20 de julio de 2011 contra todo este expediente de contratación directa».
Dichas resoluciones, según el titular del Juzgado orotavense, «resultaron contrarias al ordenamiento jurídico por cuanto al ser el montante económico de dichas contrataciones superior a 18.000 euros se vulneraron radicalmente y de forma directa las normas más básicas y procedimentales de la Ley de Contratos del Sector Público por ser preceptivo que los contratos de las Administraciones Publicas que superen tal importe, hayan de adjudicarse utilizando el procedimiento abierto, restringido o negociado que permitan la libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos».
El auto judicial señala que interventor y secretario hicieron repetidas advertencias
Del mismo modo, aprecia el auto, «mediante dicha contratación se atribuye la recaudación de la tasa correspondiente a una entidad privada, materia cuyo ejercicio está reservado al personal funcionario, sin que ello tenga cobertura legal alguna y sin que esté sometida la fiscalización y control por parte de la Intervención y la Tesorería, lo cual supone una irregularidad en el manejo de los caudales públicos».
La actuación de los investigados, según observa el juez, «fue realizada con conocimiento de su posible ilegalidad ya que fueron advertidos por el interventor (Emilio Rico Peinado) y por el secretario del Ayuntamiento (Juan Carlos de Tomás Martí ) expresamente, en repetidas ocasiones, tanto de palabra, cuanto por escrito, de la ilicitud de la resolución y de las consecuencias penales en que podrían incurrir y a pesar de todo, con manifiesto desprecio de los principios de legalidad, igualdad, publicidad, transparencia y no discriminación en la contratación, con vulneración consciente de la legalidad, acordaron la contratación y desestimaron el reparo formulado contra la misma sin alegar razón alguna».
En cuanto a la investigada Belén González Rodríguez, considera el magistrado que, «abusando de su cargo público de concejal del Ayuntamiento de la Orotava, con plena consciencia de la ilegalidad de sus actos, acordó la contratación directa y sin publicidad de la iluminación y sonido de los actos que se celebraron
en las fiestas patronales en mayo de 2008 de forma fraccionada a favor de Clemente Luis Bautista (nombre comercial Soni Valle), con el fin de disminuir la cuantía del mismo y así eludir los requisitos de publicidad, el procedimiento o la forma eludir la aplicación, entre otros, de los artículos 1 y 122 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público que marca como límite para el contrato menor la cantidad de 18.000 euros»
Propuesta de Juan Dóniz para evitar que el municipio se quedara sin grúas, dice CC
El gobierno de CC en La Orotava emitió días pasados un comunicado en el que subraya que la aprobación de ese contrato «fue una medida, prevista en la ley, durante un año para evitar que La Orotava se quedara sin servicio de grúa mientras se licitaba la nueva adjudicación. Y se hizo lo aprobado por todos. Fue un proceso exclusivamente administrativo y una medida provisional».
En la nota se subraya que el actual alcalde Francisco Linares y, al igual que el resto de concejales de la corporación, votó atendiendo a la propuesta del edil de Hacienda -Juan Dóniz- con la que pretendía solventarse un problema para la ciudadanía».
