VICENTE PÉREZ
El exalcalde de Güímar, Gustavo Pérez (Coalición Canaria) y ahora en la oposición, junto al exconcejal Juan Delgado (también de CC) y los ediles Airam Puerta y Cándido Gómez (PSOE), tachan de “injusta, arbitraria e insólita en Canarias» la manera en que el actual gobierno del municipio (formado por el PP y dos ediles socialistas tránsfugas) ejecuta la sentencia que anula sus salarios en parte del mandato anterior.
En un comunicado remitido a este diario alegan que cobraron sus emolumentos con el visto bueno de la secretaria municipal y sin reparos de la Intervención, y añaden que es público y notorio que trabajaron en esa etapa en sus respectivas funciones en el anterior gobierno de Güímar.
Por ello, anuncian que denunciarán que acudirán a los tribunales (contra el Ayuntamiento), ya que un auto dictado en noviembre por el juzgado que lleva el caso determina que los actos que permitieron el cobro de las nóminas son nulos de pleno derecho y debe devolverse el dinero.
Los hechos se remontan a julio de 2021, cuando se celebró el Pleno en el que se oficializó el cambio en la alcaldía, que Airam Puerta cedió a Gustavo Pérez en cumplimiento del pacto entre CC y PSOE. En aquella sesión, alegan los afectados, los Servicios Jurídicos municipales concluyeron que no era necesario un trámite administrativo adicional para formalizar el relevo y seguir cobrando sus emolumentos, «criterio que fue asumido por toda la Corporación y por la propia estructura técnica del Ayuntamiento».
Desde entonces, señalan los afectados, «las nóminas se tramitaron con absoluta normalidad: Intervención fiscalizó los pagos, Recursos Humanos gestionó las retribuciones y la Secretaría General avaló el procedimiento» de modo que «todos los pagos se realizaron con informes favorables y conforme a la legalidad vigente”.
Los 4 concejales aseguran que desempeñaron durante ese periodo sus funciones ordinarias: firmaron cientos de documentos, participaron en la gestión diaria del Ayuntamiento y prestaron un servicio “real y efectivo” al municipio, percibiendo su salario igual que cualquier otro cargo público o empleado municipal.
El PP acudió a los tribunales y un juzgado le dio la razón en que en el Pleno de 2021 faltó un acuerdo que diera cobertura de nuevo a las retribuciones de los mentados concejales.
En 2023 un Pleno extraordinario tomó conocimiento de de la sentencia que declara nulos los decretos de autorización de las nóminas correspondientes a los meses de julio y agosto de 2021 de los 4 concejales referidos.
El PP pidió entonces ejecutar la sentencia mediante la devolución de los sueldos de dos años, mientras que el anterior equipo gobernando circunscribió el problema a dos meses, y la secretaria municipal avaló que no era necesario devolver el importe de las nóminas porque sería enriquecimiento injusto del Ayuntamiento, sino verificar que los 4 afectados por la sentencia trabajaron. Lo cual se consideró acreditado.
El PP pidió entonces al Juzgado la ejecución de la sentencia y un auto ratificó la anulación del cobro de los sueldos citados por no tener cobertura jurídica.
«La resolución judicial no cuestiona el trabajo desarrollado ni la legalidad de las retribuciones, sino que anula dos decretos por un defecto meramente procedimental y ordena regularizar ese acto», aseveran los cuatro afectados.
Y se quejan de que el actual gobierno municipal decidió que el Ayuntamiento no diera por ejecutada la sentencia con la acreditación de que sí trabajaron en ese periodo, por lo que ha iniciado un proceso para exigir la devolución de los salarios.
Para los afectados, esta actuación del PP “aprovecha una discrepancia técnica entre la interpretación judicial y el criterio de los propios técnicos municipales” y para tomar en el Ayuntamiento una decisión “desproporcionada, injusta y políticamente dirigida”.
El exalcalde, los dos ediles y el exconcejal reiteran una y otra vez que no existe cobro indebido alguno, puesto que el trabajo se realizó plenamente y está documentado. “Es una cuestión puramente jurídica que el actual gobierno local ha transformado en un ataque político directo”, afirman.
Para confirmar que estuvieron en su puesto de trabajo mencionan su actividad «diaria y verificable» en la gestión pública, los «cientos de documentos firmados» por ellos «que acreditan las funciones ejercidas» y «todos los informes municipales avalaron en su momento la legalidad del procedimiento seguido».
Ante esta situación, anuncian que acudirán a la vía judicial y administrativa para defender sus derechos, al tiempo que denuncian públicamente una actuación que consideran “injusta, arbitraria y dañina para la institución municipal de Güímar”.
En una publicación en Facebook, la alcaldesa asegura que en el pasado mandato advirtió en los plenos de que se estaban pagando retribuciones sin el acuerdo plenario necesario. «Lo repetí una y otra vez cuando estaba en la oposición», enfatiza Castro.
La regidora municipal recuerda que una sentencia firme como esta «no se discute, ni interpreta ni se negocia, sino que se cumple».
Castro, al ser la denunciante en este litigio, ha tenido que abstenerse de intervenir en las decisiones del Ayuntamiento referidas a la ejecución de esta sentencia.
