PLANETA CANARIO
Personas desempleadas, familias monomarentales y perceptores de rentas mínimas. Estos son los perfiles más habituales de las personas que acuden a Cáritas Diocesana de Tenerife con problemas vinculados a la vivienda. Esta se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población canaria, como refleja el reciente informe Foessa sobre exclusión social en el Archipiélago. En concreto, del 68,1% de las personas en situación de exclusión social severa se encuentran afectadas por esta problemática.
Con motivo del Día Internacional de las Personas Sin Hogar, que se celebra este domingo, Cáritas denuncia que el perfil de este colectivo ha cambiado en los últimos años. Para reivindicar la visibilidad del colectivo, este miércoles se llevó a cabo un simbólico “entierro del derecho a la vivienda” tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Santa Cruz de La Palma.
En la capital tinerfeña, el acto concluyó con una concentración a las puertas del Instituto Canario de la Vivienda, donde varias personas participantes de los proyectos de Cáritas leyeron un manifiesto elaborado por ellas mismas.
El año pasado, Cáritas atendió a 1.736 personas a través de su programa de Vivienda-Inclusión Social; de ellas, 390 fueron acogidas en los diferentes recursos alojativos con los que cuenta la entidad, una cifra que continuará al alza en 2019, pues se prevé que las personas atendidas y acogidas aumenten en torno a un 10%.
Una de estas personas acompañadas fue José Benito Leal, quien deja claro que “gracias a Cáritas logré una segunda oportunidad en la vida”. “Nunca podré agradecer lo suficiente el trato y el cariño del equipo que cada día comparte con nosotros nuestros miedos y preocupaciones”, agrega. Una opinión que suscribe Juan José Herrera, quien tuvo que retornar de Venezuela por la compleja situación que atraviesa el país americano. Según explica, “Cáritas me ofreció una ayuda total, y gracias a la entidad estoy en el camino de dejar de ser un indigente”.
En el manifiesto se expone que se ha producido un aumento de las familias que viven con una renta mínima, que realizan trabajos precarios o que trabajan en la economía sumergida para subsistir; o bien están percibiendo algún tipo de prestación económica (PCI, subsidio de desempleo, RAI, etc.). En este sentido, la ONG ha apostado por desarrollar proyectos específicos como Base 25, de prevención del sinhogarismo, y unidades móviles de atención en calle (UMAC) en el Norte y el Sur de Tenerife y en la isla de La Palma, centrado en el colectivo de personas en situación de sin hogar.
Base 25, que está financiado por el Cabildo de Tenerife, ofrece asesoramiento y un trabajo integral con las familias en riesgo de exclusión residencial por ejecución hipotecaria, desahucio por alquiler o desahucio en precario. El año pasado atendió a 329 familias y un total de 988 personas –392 menores-, a las que ofreció apoyo social y jurídico.
Por su parte, las unidades móviles de atención en calle (UMAC) atienden a personas en situación de sin hogar no institucionalizadas, que habitan a la intemperie, refugiándose en espacios públicos, en cuevas o asentamientos improvisados. El proyecto, que se inició en la isla de La Palma en 2017, se puso en marcha en el Norte y el Sur de Tenerife este último año, en el que dichas unidades móviles han atendido ya a más de 200 personas.
Todos estos recursos desarrollados por Cáritas tratan de responder a las actuales problemáticas que se plantean en Canarias, como es el mercado de alquiler, donde el auge de la vivienda vacacional y, sobre todo, el uso de la vivienda como bien de mercado y de especulación ha condicionado el acceso al alquiler de primera residencia, afectando a aquellos con recursos más bajos, hasta el punto de tener que vivir en la calle o acudir a recursos sociales alojativos, informa la ONG en un comunicado.
No en vano, según datos del informe Foessa Canarias, tres de cada diez personas está afectada por un problema vinculado a la vivienda en las Islas; más de un 23% de la población canaria se ha visto obligada a reducir los gastos de suministro de la vivienda (electricidad, agua, gas); el 20,1% se ha quedado sin dinero suficiente para el pago de gastos relacionados con la vivienda; y el 19,4% ha tenido que hacer frente a avisos de corte en el suministro de luz, agua o teléfono.
Además, 25.000 hogares de Canarias tienen deficiencias graves en la construcción de sus viviendas; 46.500 hogares se encuentran en una situación de vivienda insegura (viven temporalmente sin contrato de arrendamiento, viven bajo la amenaza de la violencia, o con notificación de desahucio, etc); y sólo en los tres últimos meses se han producido cerca de un millar de desahucios en el Archipiélago. Ello, a pesar de que Canarias registra más de 138.000 viviendas vacías. Una problemática que afecta, por ejemplo, a más de 13.400 personas que están esperando una vivienda pública, de las cuales 11.900 son demandantes de una casa en alquiler.
Cáritas invita a reflexionar sobre la responsabilidad de cada persona frente al uso especulativo de sus viviendas, y las consecuencias que eso crea en su entorno y en la sociedad». “La caridad con los que sufren a causa de la marginación y la exclusión nos mueve a reaccionar ante las injusticias, sabiendo que no es suficiente atender a las víctimas, por lo que necesario incidir en el cambio de las reglas del juego del sistema económico-social”, subraya esta organización humanitaria dependiente del Obispado.
“Las personas en situación de sin hogar están en una exclusión social profunda y siguen en ella mientras no recuperen su dignidad como persona, o sea, hasta que no se les facilite el acceso a una vivienda digna y adecuada a sus necesidades”, exponen desde Cáritas Diocesana de Tenerife, quienes aseguran que “vivir en la calle no solo es indigno para cualquier ser humano, sino que es la mayor de las desgracias”.
Igualmente, el Programa de Vivienda-Inclusión Social de Cáritas Diocesana de Tenerife cuenta con siete recursos alojativos (140 plazas), ubicados en los municipios de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Puerto de La Cruz y Granadilla de Abona. En ellos, además de la cobertura de necesidades básicas, se ofrecen servicios de orientación, información y acogida; de atención psicosocial y educativa; asesoramiento jurídico y orientación laboral y formación para la mejora de la empleabilidad.
