NOÉ RAMÓN
Las andanzas del conocido como Clan Palmer en el Sur de Tenerife ocupaban a principios del nuevo milenio páginas enteras de los medios de comunicación canarios y del Reino Unido tras salir a la luz una cadena incontable de fraudes en el negocio del time-sharing. Diecinueve años después los socios del cabecilla de esta estafa masiva, John Palmer han sido juzgados por la Audiencia Nacional.
Al multimillonario, fallecido en 2015 en el jardín de su casa en Inglaterra con dos minibalas, se le calculaba una fortuna de 300 millones de libras. Las condenas sorprenden por la escasa entidad tanto en lo que se refiere a las penas de cárcel como las multas. En esta reducción tiene mucho que ver las dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido desde que se iniciaron las investigaciones hasta la celebración del juicio: casi dos décadas.
En realidad, los ocho acusados de los que siete son de nacionalidad inglesa y uno española, apenas reciben penas que oscilan entre los cuatro meses y un año de privación de libertad. Las acusaciones se centraban en asociación ilícita, posesión de armas, blanqueo de dinero y estafa masiva. Las sanciones a las que deberán hacer frente a los cerca de doscientos denunciantes rondan el medio millón de euros. Una cifra que resulta casi insignificante si se tiene en cuenta la cantidad de dinero que movió este negocio fraudulento durante años.
La sentencia da por probado que Palmer dirigió entre 1993 y 1999 de forma unipersonal este negocio que se concentró en varios complejos turísticos situados en el Sur de la Isla y otros lugares del mundo por medio de 122 empresas. A los estafados se les ofrecía la posibilidad de pasar sus vacaciones no sólo Tenerife, sino también en otros destinos internacionales. El primer pago se hacía con una tarjeta de crédito y el resto por medio de transferencias a los paraísos fiscales de la Isla de Man y de Jersey.
La sentencia da por probado que los clientes fueron víctimas de una estafa masiva ya que no llegaron a recibir nunca los servicios contratados. Para llegar a esta conclusión se llevó a cabo una exhaustiva investigación y cerca de una treintena de registros a empresas y particulares. Fueron localizadas ventas de edificios y apartamentos que nunca se acabaron de construir o de urbanizaciones inexistentes pese a que en algunos casos los clientes desembolsaron hasta 100.000 euros.
La principal dificultad a la que se enfrentaron los investigadores es que la estructura empresarial giraba casi exclusivamente en torno a Palmer, quien es calificado como una persona, “extraordinariamente desconfiada”. Lo ocurrido con cada uno de los denunciantes estafados ocupa la mayor parte de la sentencia emitida hace algunas semanas.
Pero básicamente los hechos se repiten de una forma casi matemática: los clientes eran captados en la calle y sometidos a charlas en las que se les intentaba convencer de las bondades del negocio. Con posterioridad hacían los pagos que iban a parar a los paraísos fiscales y luego nunca podían disfrutar de las prestaciones asumidas o lo hacían de forma mínima. Las excusas eran que las fechas elegidas estaban ocupadas por otros compradores. A ello se sumaron gastos extraordinarios de mantenimiento o de comunidad de los que no habían sido informados y las enormes dificultades cuando no la imposibilidad absoluta de recuperar el dinero invertido pese a las garantías ofrecidas.
En sus declaraciones todos los acusados descargaron la responsabilidad en el empresario fallecido, se escudaban en que nunca llegaron a conocer los entresijos del negocio y que firmaban documentos sin conocer en realidad su contenido basándose en la confianza que tenían en Palmer, familiar de alguno de los condenados. Sin embargo, los investigadores pudieron encontrar pruebas que demostraban que estaban involucrados en esta trama y que sabían que participaban en una estafa masiva. Por todo ello, se les condena a hacer frente a su correspondiente responsabilidad civil y penal.
