La concejal de Bienestar Social de La Laguna, Flora Marrero, ha asegurado a este periódico que el Ayuntamiento ya ha ofrecido alojamiento temporal al vecino del municipio J. Y., de 70 años y sin pensión de jubilación, que este martes será desalojado de su casa en La Cuesta por un lanzamiento judicial, y cuyo testimonio ofreció PLANETA CANARIO el pasado fin de semana.
La edil explica que el Ayuntamiento, junto con Caritas, ha logrado anteriormente paralizar por dos veces el desahucio y que está intentando un nuevo aplazamiento, aunque considera que es un caso difícil dado lo avanzado del procedimiento y sus circunstancias, aunque insiste en que el afectado «no se quedará en la calle», pues se le ha dado alternativa habitacional a él y a su pareja.
Marrero señaló que en este difícil momento para este hombre, empresario arruinado por la crisis y con deudas con Hacienda y la Seguridad Social, así como con los actuales propietarios de la vivienda (vendida hace años en subasta judicial a raíz de un crédito impagado a un banco), un trabajador social le acompañará en todo momento, durante el lanzamiento, tanto si se ejecuta finalmente o no, y que, en caso de que deba abandonar la que ha sido hasta ahora su casa, el empleado municipal le ayudará en el traslado a una pensión.
La edil añade que a J. Y. se le dará además comida en un comedor social y a través de organizaciones no gubernamentales, y que tiene ya cita asignada para solicitar una vivienda de protección oficial.
Puntualiza además Marrero que este vecino ya tiene en trámite percibir la prestación canaria de inserción (PCI), puesto que, pese a su edad avanzada, no tiene derecho a la pensión de jubilación debido a las especiales circunstancias de su situación de morosidad con Hacienda y la Seguridad Social.
Una imposibilidad legal que a la concejal le ha llamado la atención, al igual que Caritas.
«Comprendamos el drama por el que está pasando esta persona, y le hemos ofrecido asesoramiento y ayuda desde el primer momento, aunque su caso nos llegó ya en una fase muy avanzada del procedimiento judicial, lo que ha dificultado frenar el desahucio», apostilla la responsabilidad municipal de Servicios Sociales.
