VICENTE PÉREZ
El gobierno municipal de El Rosario que forman IR-Verdes, SSP y PSOE ha resistido todo el mandato a pesar de la inestabilidad interna que han vivido este último partido. El alcalde, Escolástico Gil, ha hecho balance de estos cuatro años en los que califica su gestión de «honesta, honrada y transparente», pues ha abierto un nuevo periodo en la política municipal tras casi tres décadas del anterior regidor, el socialista Macario Benítez, cuya última etapa estuvo marcada por causas judiciales que acabaron en dos condenas por prevaricación (caso Varadero, denunciado por IR-Verdes, y caso Enchufes, denunciado por CC).
Gil, que repetirá como candidato de IR-Verdes a la alcaldía, destaca que su gobierno ha cumplido con la prometida reducción de sueldos de los concejales, que ha permitido ahorrar 800.000 euros en este mandato (200.000 por año) con respeto a los anteriores gestores del Ayuntamiento, ahorro que se ha destinado a contratar a 343 personas en planes de empleo.
«Y además se ha acabado en El Rosario el gasto superfluo que se hacía con las tarjetas de crédito que usaba el anterior gobierno a costa del pueblo [la exprimera teniente de alcalde Ana Lupe Mora, llegó a gastar hasta 10.000 euros en comidas]; mientras que nosotros no hemos pasado ni una sola factura en comidas ni gastos de representación en estos cuatro años, así que en eso ha habido coste cero para las arcas municipales», enfatiza el regidor rosariero.
Junto a esta medida, el alcalde, que ofreció una rueda de prensa en la nueva sede de su partido para dar cuenta de su mandato, pone relieve también la apuesta por «infraestructuras para el siglo XXI» en todo el municipio, hasta totalizar 112 obras, con un incremento del 437% en inversiones en 2018 en comparación con la cuantía que se destinaba en 2014, con el gobierno anterior. Unas obras que se pueden conocer al detalle en un mapa interactivo creado en la web de IR-Verdes.
Especial prioridad le ha concedido en este mandato el gobierno municipal al problema del suministro y gestión del agua en el municipio. Así, la «primera decisión» fue construir el depósito de Tabaiba, que ha evitado los en el pasado habituales cortes de agua en las urbanizaciones costeras.
El problema de los vertidos de aguas residuales, «en vías de solución»
Igual importancia le da Gil al saneamiento, el problema de los vertidos al mar, que «está en vías de solución» con la prevista construcción de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR), a la espera de que «en breve» se llegue a un acuerdo con un propietario del suelo para poder hacer la obra.
Al respecto, la Fiscalía tiene presentada una denuncia por vertidos fecales en la costa de Tabaiba, aunque no se ha podido identificar qué edificio los origina, si bien tanto el Ayuntamiento como el Cabildo tinerfeño creen que con la EBAR y las obras complementarias previstas debería quedar solucionado este problema.
Entre los proyectos que se han desatascado en este mandato destaca el multimillonario arreglo del polígono de La Campana, el de la calle El Sol, el mercado agrícola y la Casa de la Juventud, que cuentan con financiación del Cabildo.
Por lo que respecta a las relaciones con los demás socios del pacto, el alcalde asegura que ha sido «cordial, sin problemas graves». En el caso del PSOE, cuyos concejales han gestionado el 54% del presupuesto del Ayuntamiento, admite que con la ejecutiva regional «no han sido buenas» sus relaciones, «pero sí con la ejecutiva insular, con la que ha habido diálogo». Un contraste de relaciones que no es de extrañar, dado que el secretario general del PSOE a escala regional, Ángel Víctor Torres, está respaldado por la facción del partido afín a Macario Benítez, con quien incluso se hizo una polémica foto cuando, en las primarias por la dirección socialista, visitó El Rosario.
Por lo que respecta a la oposición, elogia la «seriedad» mostrada por el PP, que lo apoyó en momentos en que «se intentó sacar al alcalde de la Alcaldía», desde un sector de los socialistas (el que lidera José Estévez, secretario general del partido en El Rosario), frente al sector que posibilitó que IR-Verdes ostentara el bastón de mando.
No ha querido obviar Gil en su rueda de prensa la denuncia que le presentó la ejecutiva local PSOE -controlada por afines a Macario Benítez y que había prometido en una asamblea judicializarle- por una contratación de 18.000 euros para el suministro de material a escuelas infantiles municipales, un expediente que precisamente llevaba una Concejalía del propio PSOE, asunto judicial que le obligó a comparecer ante una jueza, la cual «archivó todo en 24 horas» después de su declaración.
El «disparate» del pacto entre CC y la «condenada» Ana Lupe Mora
Precisamente por su condición de denunciante del caso Varadero, uno de los escándalos de corrupción urbanística más sonados en Canarias, el mandatario rosariero tacha de «disparate» que CC, que precisamente fue la denunciante del caso Enchufes, haya suscrito un pacto electoral con el partido Vecinos por El Rosario, y dirigentes nacionalistas se hayan sacado una foto de ese acuerdo con la presidenta de esa formación local, Ana Lupe Mora, que cumple condena de inhabilitación por la sentencia de la citada causa, porque como concejal de Urbanismo dio el visto bueno a una urbanización de casi mil viviendas en suelo rústico protegido por sus valores medioambientales en el Plan Insular de Ordenación del Territorio de Tenerife (PIOT). «Desde la ética y la honradez esa foto no se sostiene, yo nunca me la hubiera hecho, pero cada cual en política elige a sus compañeros de viaje», apostilla el alcalde.
Sobre su posible incorporación al PSOE de la que se llegó a hablar en su día, Gil admite que esa posibilidad estuvo sobre la mesa pero «el PSOE caminó en un sentido contrario al que se pensó que seguiría», es decir, a que un sector regenerador tomara las riendas del partido en El Rosario, cosa que no ocurrió, con lo cual él ha decidido «mantener la independencia» y continuar con su proyecto político de IR-Verdes.
En cuanto a los «retos» que le quedan por lograr, mencionó dos: la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación (el anterior, elaborado en la etapa de Macario Benítez, fue anulado por los tribunales de Justicia por su insuficiente evaluación y justificación de los impactos medioambientales) y construir un humedal en Lomo Pelado para depurar de forma natural las aguas residuales de unos 2.000 habitantes.
