VICENTE PÉREZ
El abogado que impulsó la querella del caso Áridos, Carlos Álvarez, ha mostrado su sorpresa por que el Gobierno estatal tramite ya la futura central hidroeléctrica de Güímar y el Gobierno canario anuncie que negocia con los empresarios propietarios del suelo un acuerdo, sin que aún se conozca si han pagado ya los 185 millones de indemnización por daños ambientales a la que fueron condenados por sentencia ya firme, avalada por el Tribunal Supremo desde 2016.
Álvarez sostiene que antes de cualquier negociación con los empresarios condenados debe garantizarse el cobro de esa cuantía. “Entiendo que si el señor Mariano Hernández Zapata [consejero de Transición Ecológica y Energía], está diciendo lo que está diciendo, que trabaja ya por un acuerdo con los areneros, es porque el Gobierno canario ha cobrado ya todo el dinero; si no, sería una irresponsabilidad política ponerse a negociar contra los que han quedado condenados”, afirma, en declaraciones a PLANETA CANARIO.
Tanto Hernández Zapata como la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, han confirmado recientemente el comienzo de la tramitación del expediente de la futura central hidroeléctrica de bombeo, que aprovechará los enormes huecos dejados en el cauce del barranco de Badajoz por las extracciones ilegales de áridos para convertirlos en embalses de agua a distinto nivel, a partir de los cuales se generará electricidad con el salto de agua.
Ambos gobiernos han coincidido en defender este proyecto no solo para implantar las energías renovables y reducir la contaminación con gases de efecto invernadero, sino también para restaurar el paisaje destruido por la industria extractiva ilegal durante décadas, un objetivo para el que precisamente se les impuso a los condenados el pago de 185 millones al erario público.
El abogado recuerda que esa cifra fue fijada tras un largo proceso judicial que él mismo llevó como representante de la acusación durante más de una década y media.
“Hasta que no se cobre el último céntimo no debería llegarse a ningún acuerdo con ellos”, insistió Álvarez.
También recordó que los condenados evitaron en su momento la prisión al comprometerse a presentar un plan alternativo de restauración ambiental que finalmente no se ejecutó porque fue dado por inviable. “Una cosa es que en su día evitaran la prisión porque iban a restaurar los barrancos y otra que ahora no paguen la cuantificación económica que fijó la sentencia”, añadió.
El abogado reclamó además transparencia al Ejecutivo autonómico sobre el estado de los pagos de esa indemnización: “Lo primero que debería hacer el Gobierno es decir cuánto ha recaudado ya, quién ha pagado y quién no, cuánto dinero hay de los areneros y cuánto se piensa poner del bolsillo de los canarios”.
En su opinión, sería “absurdo” que la restauración ambiental se financiara directamente con dinero público y privado a través de Red Eléctrica de España, mediante un acuerdo para disponer de los terrenos, sin haber reclamado previamente a los responsables condenados el importe fijado por la Justicia.
“Si los areneros venden los terrenos y reciben dinero, ¿ese dinero dónde va? ¿Se lo quedan ellos o se descuenta de los 185 millones que deben pagar? Eso es lo que tienen que explicar”, insistió..
“Ni el pueblo de Güímar lo va a entender ni yo tampoco, como abogado que llevó la querella durante tantos años, si no se cobra esa cantidad antes de cualquier acuerdo”, concluye.
En el caso Áridos fueron condenados Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia, quienes aceptaron su culpabilidad, para evitar ir a juicio y además eludir la cárcel a cambio de restaurar el paisaje destruido, aunque, al declararse inviable su plan de restauración del daño ecológico, se les condenó a una indemnización.
Francisco del Rosario, oto encausado, se declaró inocente, y fue a juicio, acabando también condenado por la Audiencia Provincial, en su caso a cumplir tres años de prisión.
