VICENTE PÉREZ
La promotora del polémico hotel de La Tejita, el grupo gallego Viqueira, retomó el pasado 26 de febrero las obras de ejecución de este proyecto junto el espacio natural protegido de Montaña Roja (costa de Granadilla de Abona), tras asegurar en un comunicado que tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) «confirman» que dispone de «todas las licencias y autorizaciones» para ejecutar el proyecto en el 100% de la parcela, pese al cambio del deslinde del dominio púbico marítimo terrestre y su zona de servidumbre en el año 2021, según informó en un comunicado.
Sin embargo, la Dirección General de la Costa y el Mar, perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático, en un oficio que lleva fecha del 23 de febrero pasado, asegura justo lo contrario, es decir, que la empresa «carece de título habilitante para la realización de obras en el dominio público». Además, el documento, firmado por la subdirectora general de Dominio Público Marítimo Terrestre, Ainhoa Pérez Puyol, deja claro que las sentencias del TSJC «en ningún caso ampararían las obras que la empresa pretende en el demanio».
En todo caso, Costas apunta que, teniendo en cuenta que el deslinde aprobado en febrero de 2021 ha sido recurrido ante la Audiencia Nacional, entre otros por la propia empresa, «no parece prudente abordar ningún tipo de actuación antes de que se resuelva judicialmente sobre el deslinde».
Ante esta situación, la asociación ecologista Salvar La Tejita ha denunciado ante Costas y la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural la presencia de obras dentro del dominio público y la servidumbre de protección, exigiendo la paralización de estos trabajos. Una denuncia que además consideran «reforzada» por el citado pronunciamiento de la Dirección General de la Costa y el Mar.
Aportan los ecologistas vídeos y fotos, como esta imagen en la que indican cómo en servidumbre de protección (línea rosada) y en dominio público marítimo terrestre (verde) se han llevado a cabo movimientos de tierra desde el 26 de febrero (enmarcadas en rojo):
En su nota de prensa a fines del pasado mes, el Grupo Viqueira afirmó que quería «disipar cualquier duda en torno a la posibilidad de no poder desarrollar los trabajos en la zona de dominio público marítimo terrestre, ya que la autorización y licencia urbanística se ajustaban al deslinde vigente en el momento de su concesión (2018») e incide en que la delimitación iniciada con posterioridad “no puede afectar a las licencias ya concedidas”.
En este sentido, recuerda que las obras de hotel de lujo con cerca de 900 camas cuentan con todos los títulos jurídicos preceptivos para poder ser ejecutadas en toda la parcela y que la modificación del deslinde aprobada no las convierte en “ilegales”.
Este planteamiento choca claramente con el nuevo informe de Costas, que considera que «la autorización de que la propiedad dispone para realizar obras en la servidumbre de protección no puede hacerse sin más extensiva a lo que después de aprobada la revisión del deslinde en febrero de 2021 ya es dominio público marítimo-terrestre, sino que es necesario concretar todos los aspectos de la concesión a la que se refiere el artículo 13 bis de la Ley de Costas».
En su oficio del 23 de febrero pasado, Costas invoca además un informe de la Abogacía del Estado emitido en 2021 en el que concluye que al no haberse ejecutado aún el proyecto en el momento en el que se revistó el deslinde, «no procede otorgarle [a la promotora] una concesión que respete el uso y aprovechamiento hotelero» en la zona de dominio público.
Lo que sí reconoce la Abogacía estatal es que «procede reconocer» a la empresa «una indemnización por los daños efectivamente producidos y que comprenda el valor de los terrenos, el coste de los proyectos, las tasas municipales por expedición de las licencias, lo abonado en concepto del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y cualesquiera otros que, conectados causalmente con la pérdida o modificación de la eficacia sobrevenida de los títulos habilitantes, resulten debidamente acreditados».
Y en este sentido, el Grupo Viqueira ha confirmado en una nota de prensa que ya ha emprendido «acciones legales por los perjuicios económicos que le han sido causados por las paralizaciones ilegales del proyecto».
Según Salvar La Tejita, con la modificación del deslinde del dominio público, hasta un 30% de la parcela hotelera queda afectada, sin que la nueva delimitación de la franja pública aprobada por orden ministerial en febrero de 2021 -en una revisión a petición de los grupos ecologistas-, haya sido sido anulada por ninguna instancia judicial, «ni se haya procedido a otorgar ninguna concesión de aprovechamiento urbanístico por parte de Costas».
Así, las cosas, se da la circunstancia de que, mientras la empresa inmobiliaria sostiene públicamente que ya tiene todos los papeles en regla para continuar la construcción del hotel y que así lo avalan tres sentencias judiciales, la Dirección General de la Costa y el Mar mantiene la postura diametralmente opuesta sobre esas resoluciones judiciales. «En primer lugar, sobre la sentencia º 358/202 , de 28 de junio , del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anuló la paralización de las obras ordenada por la jefa del Servicio Provincial de Costas, con posterioridad se ordenó la paralización cautelar por el órgano competente. Por otro lado, las sentencia nº 395/2023, de 17 de julio, del TSJ de Canarias, nº 40/2023, de 1 de febrero, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife y nº 408/2023, de 20 de julio, del TSJ de Canarias se refieren al procedimiento sancionador ·incoado por el Gobierno de Canarias por obras presuntamente ilegales en servidumbre de protección, y, por tanto, a actuaciones en el dominio público marítimo-terrestre» .
