VICENTE PÉREZ
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado al juez Salvador Alba a seis años y tres meses de cárcel por prevaricación, cohecho y falsedad documental para perjudicar a la también magistrada Victoria Rosell (diputada estatal de Podemos por la provincia de Las Palmas) durante los meses en los que la sustituyó al frente del Juzgado de Instrucción 8 de la capital grancanaria, según ha informado Canarias Ahora y confirmado el gabinete de prensa del TSJC.
En la sentencia, notificada este martes a las partes, la Sala de lo Penal del alto tribunal canario atribuye al magistrado, suspendido de funciones desde julio de 2018, los citados tres delitos y le impone una indemnización de 60.000 euros a la magistrada por los daños morales ocasionados por su maquinación contra ella.
La pena es inferior a la que pedía la Fiscalía, 10 años de cárcel y 29 de inhabilitación, por lo que describió como “un acuerdo corrupto” con un empresario al que entonces investigaba, Miguel Ángel Ramírez, con un único objetivo: desacreditar a Rosell.
El magistrado ha sido absuelto de los delitos de falsedad continuada, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y revelación de secretos que le imputaban alguna de las acusaciones.
Además de la condena penal, la sentencia impone a Alba, actualmente suspendido en sus funciones judiciales, multas por un valor total de 12.150 euros.
En los tres delitos por los que ha sido declarado culpable, la sentencia advierte que la condena conlleva la “pérdida definitiva del cargo que ostenta, así como la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdicciones o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo”.
Los hechos probados
La sentencia declara probado que el 3 de noviembre de 2015, Salvador Alba, “mediante petición expresa por su parte”, sustituyó a Rosell al frente del Juzgado de Instrucción numero 8 de Las Palmas de Gran Canaria, al pedir la excedencia Rosell para presentarse a las elecciones generales de aquel año como candidata al Congreso de Podemos. Asumió, entre otros casos, las diligencias previas 644/2014, incoadas por presuntos delitos contra la Hacienda Pública contra el entonces administrador de la empresa Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, y contra su numero dos, Héctor de Armas.
El mismo día en el que tomó posesión del Juzgado, expone el fallo, Alba citó a declarar para fechas posteriores a Ramírez, a De Armas y a otro cargo de la empresa -éste como testigo-, y al finalizar esta última declaración, mantuvo una conversación con el abogado de De Armas, Sergio Armario, y le expresó su interés en incorporar a la causa “documentación de los contratos que pudieran vincular” a la pareja sentimental de Rosell, el periodista Carlos Sosa, con el señor Ramírez, manifestándole además Alba al letrado “su deseo de mantener una entrevista personal con el investigado don Miguel Ángel Ramírez a tal fin”.
Esta reunión, siguen los hechos probados obrantes en el fallo y según relata el TSJC en un comunicado, se celebró sobre las 14.00 horas del 16 de marzo de 2016 en el despacho de Alba en la Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas, en la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria.
Alba autorizó a Ramírez a entrar en el edificio por el garaje y a acceder a su despacho por la zona reservada, y la entrevista se desarrolló “privadamente”, sin que el abogado Sergio Armario, que había acompañado a Ramírez, estuviera presente en el despacho, aclara la Sala.
En el curso de la reunión, relata, Ramírez informó al juez sobre estas relaciones, “suministrándole datos que no había podido obtener en las actuaciones, y ambos acordaron la entrega de esta documentación por parte del señor Ramírez”.
“A cambio”, detalla la resolución, “Salvador Alba se comprometía a una declaración de nulidad de actuaciones que impidiera la continuación del procedimiento, e incluso a pronunciarse sobre el fondo del asunto, decisión que podía resultar favorable a los intereses del señor Ramírez, impidiendo posteriores actuaciones de la Agencia Tributaria”.
Por su parte, mediante este acuerdo, Alba conseguía información lesiva para la imagen pública de doña Victoria Rosell, así como para incrementar las posibilidades de que fuera admitida a trámite la querella interpuesta ante el Tribunal Supremo por José Manuel Soria en el procedimiento penal promovido por éste contra la entonces diputada Rosell, querella pendiente de admisión a trámite en el Tribunal Supremo, expone la sentencia, que explica que en dicha causa especial se le atribuían a Rosell como delictivos comportamientos relacionados con su actuación como instructora en las previas 644/2014.
La Sala declara probado por unanimidad de sus miembros – Félix Mota Bello (presidente y ponente), Jaime Requena Juliani y Julio Wood Rodríguez – que en esta conversación se convino también la “forma de exteriorizar y escenificar la introducción de esta información en el procedimiento judicial”: se acordó que sería “en una próxima declaración [del investigado] ante el juez instructor”.
“En suma”, sintetiza, “en esta reunión, Salvador Alba se interesó ante el señor Ramírez por recabar información sobre aquellos contratos y cualesquiera relaciones económicas que pudieran haber existido o existieran entre el señor Ramírez y el señor Carlos Sosa o sus empresas, con la finalidad de introducir esos datos a las diligencias previas, al margen del objeto procesal de la causa, y bajo el pretexto de poner de manifiesto la falta de imparcialidad de la anterior instructora”.
A juicio del tribunal, de esta forma “e ofrecía un aparente motivo de nulidad de las actuaciones que beneficiaría a Miguel Ángel Ramírez, e incluso la expectativa de algún tipo de resolución de fondo que pudiera favorecerle en posteriores actuaciones administrativas, una vez cerrada la vía penal.
Por su parte, Ramírez se comprometió a declarar en las diligencias previas sobre aquellas relaciones comerciales. “En la conversación”, puntualiza la sentencia, “se fijaron también los términos de la declaración, se preparó su desarrollo y el investigado se comprometió a aportar documentos relativos a estas relaciones”.
En ejecución de lo convenido, continúa el tribunal, el 18 de marzo de 2015 Alba citó oficialmente a declarar a Ramírez para el 23 de marzo, y de nuevo permitió que accediera al edificio a través de la zona reservada.
“Sin que el Ministerio Fiscal o alguna de las partes acusadoras tuviera conocimiento de la existencia de la reunión previa del 16 de marzo, así como de lo tratado en la misma”, destaca la sentencia, el 23 de marzo se llevó a práctica la diligencia acordada.
En la parte del interrogatorio dirigida por el juez, se introdujeron exclusivamente preguntas relativas a las relaciones comerciales de Ramírez con las empresas participadas por Sosa, y al término de la declaración, el empresario se ofreció a presentar el mismo día documentación que aludía a estas relaciones, “de nuevo conforme al guión trazado en la reunión previa del día 16”.
Dos días después, el 25 de marzo, sigue el fallo, el periódico El Mundo publicó un artículo bajo el título «El presidente de Las Palmas confirma sus negocios con la pareja de la juez Rosell y declara que le prestaba dinero mientras era investigado por la hoy diputada de Podemos».
A los tres días de esta publicación, la representación procesal de Soria en la querella que este había presentado contra Rosell ante el Supremo ampliaba los cargos contra la entonces diputada, aportando como prueba la información de El Mundo, recapitula el fallo.
Ocultación deliberada
El 20 de abril siguiente, a requerimiento de la Sala Segunda del Supremo, sigue la Sala, Alba emitió un informe en el que “deliberadamente ocultó” al Alto Tribunal los “hechos determinantes” de la declaración prestada por Ramírez, “in hacer referencia a a las circunstancias de la reunión privada del 16 de marzo ni al acuerdo al que había llegado con el investigado con la finalidad de incorporar datos y documentos que relacionaran al señor Ramírez o sus empresas con Carlos Sosa.
“Por el contrario”, se detalla, afirmó “que estos hechos (…) habían sido expuestos de forma absolutamente espontánea en el transcurso de la declaración del investigado señor Ramírez”.
Ante el informe de Alba, el 25 de abril del 2016 el Supremo admitió a trámite la querella de Soria contra Rosell, lo que provocó que ésta presentara su renuncia al acta de diputada.
Agrega el relato de la Sala que Alba cesó en su actuación en el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria el 3 de mayo de 2016 sin dictar resolución sobre el fondo de la causa, y apunta que a consecuencia de estos hechos, Rosell “sufre un trastorno ansioso depresivo”. Concluye que, por la repercusión pública de los hechos, se produjo “un relevante perjuicio a su consideración personal, profesional y social”.
La información añadida a la causa a instancias de Alba – la declaración de Ramírez sobre sus relaciones comerciales con Carlos Sosa – fue desglosada y separada de las diligencias previas 644/2014 por la juez que sustituyó a Alba al frente del Juzgado de Instrucción número 8, “al considerarse que no guardaba relación con la causa”, precisa la resolución judicial.
La sentencia es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
