VICENTE PÉREZ
Coalición Canaria sigue llevando muy mal que el PSOE la haya apeado del poder en la capital y el Cabildo tinerfeños tras décadas de gobiernos ininterrumpidos. Y va a explotar todas sus posibilidades jurídicas de atacar el cambio político en ambas instituciones, debido a que fue posible por el apoyo de cargos electos por Ciudadanos (Cs) a los que finalmente la formación naranja ha expulsado por apoyar al PSOE.
El grupo municipal de CC-PNC vuelve a la carga esta semana con una moción en el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en la que exige la aplicación de la Ley Canaria de Municipios -o Ley Spínola-, que contiene medidas antitransguismo, respecto a los concejales Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, tras el informe emitido por el secretario del Ayuntamiento una vez que Cs ratificó la expulsión de ambos ediles.
Es la segunda moción en menos de dos meses con igual finalidad, es decir, dejar sin sueldo y sin cargos públicos a los dos concejales naranjas que apoyaron al PSOE para descabalgar del poder a CC-PNC después de casi 40 años de gobiernos ininterrumpidos en la ciudad y décadas también en el Cabildo.
Habrá que ver cuál es la solución que adopta el grupo gobernante que lidera el PSOE en el consistorio chicharrero, y que solo tiene mayoría absoluta con los votos de Unidas Podemos (en la oposición, pero con los que fue posible que Patricia Hernández fuera candidata), además de los dos miembros del gobierno municipal expulsados de Cs, Matilde Zambudio y Ramón Lazcano, que han recurrido en los tribunales su expulsión alegando que no recibieron instrucción expresa de no apoyar al PSOE.
El secretario del Ayuntamiento, Luis Fernando Prieto, ha emitido un informe en el que concluye que Zambudio y Lazcano no podrán ostentar cargos de entidades públicas o tener dedicación exclusiva, ya que pasarán a ser considerados concejales no adscritos a grupo alguno sin ese tipo de derechos políticos, según ha avanzado Canarias Ahora.
Sin embargo, el propio secretario apunta a la inconstitucionalidad de una norma canaria que data de 2015 y que fue promovida por el entonces consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola (PSOE), durante la Presidencia de Paulino Rivero (CC). La propia Zambudio, que es abogada, se ha mostrado dispuesta a recurrirla ante el Tribunal Constitucional si se le priva de tales derechos.
El funcionario «comparte esta tacha de inconstitucionalidad de la norma autonómica, fundamentalmente siendo de competencia exclusiva del Estado la determinación de las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas (artículo 149.1.18 de la CE) y la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos (artículo 149.1.1 de la CE) como verdadera cláusula de cierre competencial…”
En el Cabildo de Tenerife, donde también el PSOE logró apear del poder a CC-PNC con dos consejeros expulsados luego de Cs, su secretario avala la continuidad de ambos en el gobierno insular. Pueden hacerlo en régimen de dedicación exclusiva, percibiendo las retribuciones correspondientes, pero no será posible conferirles nuevos cargos o retribuciones, ni podrán percibir asistencias por la concurrencia a las sesiones de los órganos colegiados, pues la Ley Spínola distingue entre cabildos y ayuntamientos en esta cuestión, según ha informado Canarias Ahora.
El informe jurídico del secretario del Cabildo se basa en el caso del ex consejero de Podemos en el Cabildo de Gran Canaria Juan Manuel Brito, expulsado del partido pero que siguió en sus cargos en el gobierno NC-PSOE hasta que decidió dimitir.
En el Parlamento canario, donde CC-PNC también ha llevado el asunto, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha manifestado que el Pacto Antitransfuguismo y las leyes estatal y canaria que lo desarrollan pueden ser contrarios a la Constitución, por lo que anunció que estudiará si en el caso de la legislación canaria hay que revisarla. «Si así fuera, en pro de la seguridad jurídica y de la claridad de las normas, el Gobierno de Canarias lo estudiará y pedirá la corrección de esos puntos sobre transfuguismo», anunció el consejero.
Lo cierto es que CC-PNC llevará este asunto al próximo pleno del Ayuntamiento santacrucero, este viernes. El excalcalde chicharrero José Manuel Bermúdez, presidente del grupo municipal CC-PNC , recuerda que el informe del secretario deja claro que los ex concejales de Ciudadanos “pasan a ser no adscritos y por lo tanto son tránsfugas”, perdiendo todos los derechos que tenían cuando pertenecían al grupo Mixto, que pasa a disolverse.
A su juicio, la Ley Canaria de Municipios es un texto plenamente vigente, que no está derogado ni ha sido declarado inconstitucional. Además, Bermúdez ha solicitado al grupo de gobierno del Partido Socialista, “que
hace años firmó un Pacto Antitransfuguismo en toda España, que deje de gobernar en Santa Cruz con el apoyo de dos concejales tránsfugas y que considere otras posibilidades”.
“Esto no es bueno para Santa Cruz, no aporta claridad en el Ayuntamiento y nunca antes había pasado en la historia de la democracia, por lo que espero que la alcaldesa rectifique”. Tras apuntar que, según el DRAE, tránsfuga es aquella “persona que con un cargo público no abandona este al separarse del partido que lo presentó como candidato”, que “hay ejemplos de personas que no han estado de acuerdo con su partido y que lo que hicieron fue dimitir y entregar el acta, como sucedió en Ciudadanos, en el pasado mandato, cuando sus concejales Roberto Elices y Reyes Dorta decidieron entregar sus actas en desacuerdo con decisiones de su partido”.
Por lo que respecta al Cabildo, CC ha llevado a los tribunales la moción de censura con la que el PSOE, con apoyo de dos consejeros de Ciudadanos (Cs) -expulsados por esta razón de su partido- y Sí Podemos apeó del poder a la formación nacionalista y quitó el bastón de mando al entonces presidente de la institución insular, Carlos Alonso, sustituyéndolo por el socialista Pedro Martín.
