PLANETA CANARIO
El portavoz de CC-PNC en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Juan José Martínez, ha criticado que su grupo se haya enterado por la prensa del informe del funcionario encargado de instruir la investigación interna sobre el expediente de contratación del concierto de Juan Luis Guerra y Orishas en el Carnaval 2019, cuando aún gobernaban con el PP.
Sin embargo, los nacionalistas, que lidera el exalcalde José Manuel Bermúdez, han eludido pronunciarse aún sobre las conclusiones de esta investigación publicadas por DIARIO DE AVISOS, y confirmadas luego por Unidas Podemos -denunciante del caso en vía penal-, según las cuales existen irregularidades en el expediente de aquel concierto, que costó más de medio millón de euros, y que pudieran ser causa de nulidad de aquella tramitación administrativa. Desde noviembre pasado el asunto se halla denunciado en la Fiscalía Anticorrupción.
Entretanto, CC-PNC, que el pasado año, al ser llevado al asunto ante la Justicia, defendió la legalidad del expediente y de su gestión al frente del área de Fiestas, ha puesto ahora el foco en la filtración del informe a la prensa, sin entrar en esta ocasión a valorar las graves irregularidades detectadas por el oficial mayor del Ayuntamiento, Francisco Clavijo, a la espera de conocer de primera mano el documento.
“La alcaldesa rompe las mínimas reglas de funcionamiento democrático de las instituciones al filtrar a un medio de comunicación el resultado de dicho expediente de información reservada, precisamente antes de dar conocimiento del mismo a los concejales de la corporación, por lo menos a los de este grupo”, se queja el portavoz de CC-PNC.
A juicio de Martínez, “Patricia Hernández ha traspasado un límite contrario a los buenos usos y funcionamiento institucional, ya que esta actitud de ocultar adrede las conclusiones de este informe reservado, para filtrarlo en exclusiva a un medio de comunicación”. “Por todo ello y fiel reflejo de su particular obsesión por hacer oposición a la oposición, uno de los distintivos de su mandato, la alcaldesa ha ocultado el informe hasta el momento que ha creído que más le favorecía su filtración, tratando de acallar así el aluvión de críticas que le ha caído encima por el desastre organizativo del pasado Carnaval”, añade el portavoz de CC-PNC.
Lejos de defenderse de lo que ya ha trascendido en los medios de comunicación sobre la gestión de su partido en el Carnaval de 2019, Martínez pasa al ataque trata de desviar la atención hacia la regidora municipal, a quien atribuye que «sigue urdiendo y tramando fórmulas para tratar de dañar a quien resultó ganador en las pasadas elecciones [CC-PNC], como si aún siguiera sin asumir esta realidad que decidieron los vecinos y vecinas de Santa Cruz”.
Según publicaron Diario de Avisos y Canarias Ahora, y confirmó Unidas Podemos en un comunicado, el informe elaborado en esta investigación interna constata que se abonaron más de 250.000 euros sin que el productor, Alfredo Moré, presentara las facturas y no ve justificado el trámite de urgencia del expediente de contratación de los citados artistas, ni la exclusividad de la representación de los artistas, ni la justificación para aplicar un procedimiento de adjudicación negociado sin publicidad, ni la satisfacción del requisito de solvencia económica del adjudicatario, que era ocho veces inferior al mínimo exigido legalmente.
Para el instructor de la investigación en el Ayuntamiento, según han publicado los citados medios, la carta con la que Alfredo Moré, el productor contratado, intentó acreditar que tenía la exclusividad de los referidos grupos musicales es «a todas luces insuficiente para demostrarla», pues tenía que haber venido firmada también por los propios artistas, un «vicio en la contratación» que pudiera determinar la nulidad de pleno derecho del expediente al haberse prescindido «total y absolutamente» del procedimiento legal.
También es posible causa de nulidad el que el expediente de contratación se hiciera por vía urgente, sin esta esta estuviera justificada, un mes antes del concierto. Todos los técnicos que declararon ante el oficial mayor admitieron que conocían la fecha con seis meses de antelación, por lo que «se hace muy difícil entender la urgencia de la contratación», según ha publicado Canarias Ahora. El propio productor llegó a afirmar que los trabajos para llevar al conocido cantante dominicano a la capital tinerfeña se habían iniciado un año antes.
El controvertido precio de los artistas y el doble pliego
La tercera irregularidad detectada por el funcionario es que no se negoció el precio del concierto. En el caso de Orishas, cobró 73.000 euros, el doble que en el sur de Tenerife meses después y 26.234 euros más que en Santa Cruz de La Palma una semana antes. En el caso de Juan Luis Guerra, el Ayuntamiento pagó 427.837 euros; cuatro años antes había cobrado 125.000 euros en La Palma por un concierto en la Bajada de la Virgen de Las Nieves.
A Francisco Clavijo la resulta «llamativo», pero sin relevancia penal, el que existan dos pliegos de condiciones de la contratación de Juan Luis Guerra, uno por 339.021 euros, que es el que figura en el expediente, y otro en el que esta cifra se eleva a 427.837, aportado posteriormente por el exgerente del Organismo Autónomo de Fiestas (quien achacó esta discrepancia a un error) cuando Mírame TV y Diario de Avisos desvelaron las irregularidades.
