PLANETA CANARIO
Cáritas ha hecho una llamada de atención al Ayuntamiento de Arona sobre el desalojo de ocupas que está previsto ejecutar este miércoles por orden judicial en el edificio Los Tarajales, en un proceso judicial instado por los propietarios del inmueble, un futuro centro comercial que lleva años cerrado.
La ONG ha advertido de que 22 de las personas que aún continúan en el edificio carecen de alternativa alojativa, por lo que el lanzamiento judicial se hará a un colectivo que está en exclusión social y no tiene ingresos económicos suficientes para poder acceder a una vivienda.
Para Cáritas «queda evidenciado» que la intervención de los servicios sociales municipales «no es suficiente para dar respuesta a la problemática» estos sintecho, por lo que la mayoría de estas personas se verán en la necesidad de ocupar otro lugar o pernoctar en espacios público, «lo que perpetúa el sinhogarismo».
Esta organización humanitaria ha detectado que en el centro comercial viven 28 personas adultas (26 hombres, 2 mujeres), y se ha podido entrevistar con 25, tras lo cual ha concluido que 22 tienen un mayor grado de vulnerabilidad. Doce son extranjeros, todos europeos, y uno incluso ha solicitado acogerse al estatuto de apátrida. Cruz Roja les lleva alimentos.
14 están empadronados e Arona, de las cuales 8 han tenido contacto con Servicios Sociales y han sido beneficiarias, en alguna ocasión, de algún tipo de ayuda. De hecho, 6 personas perciben prestaciones, de las cuales 5 son PCI gestionadas por los Servicios Sociales de Arona y otras 3 personas en trámites para percibirla.
En un informe elaborado por esta ONG se describe además la situación sociolaboral vulnerable de estas personas, que carecen de trabajo estable con contrato laboral e incluso algunos ejercen la mendicidad. La mayoría precisaría atención psicológica, que no recibe.
Hay además varias personas con heridas infectadas por picaduras de insectos pero carecen de tarjeta sanitaria para afrontar los gastos médicos.
El Ayuntamiento afirma que ha ofrecido ayudas

El gobierno municipal de Arona, preguntado al respecto por esta situación, ha confirmado que este miércoles está previsto la ejecución del lanzamiento, que ya se ha aplazado tres veces.
Aseguran fuentes municipales que en el edificio llego a haber un centenar de ocupantes y que el Ayuntamiento, desde el primer intento de desalojo, ha estado trabajando con estas personas desde los servicios sociales y algunas han accedido a la Prestación Canaria de Inserción (PCI), otras a pensiones no contributivas y otro tipo de ayudas.
Cáritas va a la raíz: ni hay viviendas sociales ni los sinhogar pueden alquilar
El diagnóstico que hace Cáritas de este caso concreto de ocupación sirve en el fondo para abordar el problema del sinhogarismo. Porque en este como en otros casos, la ONG considera que está vulnerando el derecho a una vivienda digna que regula la Constitución Española.
«Si atendemos a la oferta de vivienda del municipio, nos encontramos con la inexistencia de viviendas sociales, con precios de alquileres y costes iniciales desorbitados; lo que hace que la búsqueda de vivienda, que se adapte a la realidad económica de las personas, sea casi imposible», asegura el informe de esta ONG.
Y es que, aunque quisieran alquilar una vivienda, «en su mayoría las personas entrevistadas son perceptoras de prestaciones cuyas cuantías son insuficientes para cubrir todas las necesidades básicas, teniendo que priorizar entre acceder a una vivienda o cubrir alimentación, por ejemplo».
Cáritas cree que con este lanzamiento judicial «se resuelve el problema de ocupación del espacio, pero no se da una respuesta a las personas, viéndose en la necesidad de ocupar otro lugar o teniendo que pernoctar en espacios públicos, además de movimientos itinerantes entre asentamientos e incluso a otros municipios, lo que perpetua la situación de sinhogarismo».
La ONG pide una «respuesta política» al sinhogarismo
Esto le lleva a plantear a Cáritas «la necesidad de una intervención socioeducativa en calle, la cual facilitaría el vínculo y la atención de base, y que permita trabajar desde una mirada integral.»
Como es consabido, «el sinhogarismo es multicausal y se puede cronificar, es por ello, que se debe trabajar todos sus aspectos (vivienda, empleo, salud, adicciones, redes…) dotando a la persona de las herramientas necesarias para romper el ciclo», subraya la ONG.
Atendiendo a los antecedentes de ocupación del centro comercial de Los Tarajales, como de otras zonas y el volumen de personas sin hogar, Cáritas sostienen que «se debe plantear una estrategia política que dé una respuesta efectiva a la realidad del sinhogarismo del municipio».
A su juicio, resulta «primordial una intervención integral de la persona, donde sus necesidades básicas estén cubiertas y, de manera paralela, poder trabajar la recuperación de las consecuencias psicosociales de estar en calle, como a su vez el deterioro de las habilidades, posibilitando su reintegración en la sociedad».
La experiencia demuestra a los miembros de Caritas que muchas de las personas que atienden «han interiorizado su situación de sinhogarismo como una condición permanente en su vida, de ahí la importancia de acompañar en la minimización del daño, en aquellos casos crónicos donde el objetivo es que la persona no pierda su dignidad».






















































