PLANETA CANARIO
Canarias sigue en la cola en servicios sociales, en el puesto 14 entre 17 regiones españolas, superada solo por Murcia, Comunidad Valenciana y Madrid, pero registra «una mejora significativa» en los últimos años. Así lo indica el informe de Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales de España correspondiente a 2018, y en el que se mide el llamado índice DEC en esta materia, que pondera los derechos sociales reconocidos en cada territorio el esfuerzo económico que se le dedica en los presupuestos públicos y el grado de cobertura en la población que recibe estas prestaciones.
Canarias se sitúa con un índice de desarrollo de servicios sociales del 3,75 sobre 10, lo que supone 1,35 puntos más que al principio de la legislatura, y 0,45 más solo en el último año. Pero queda aún lejos del 7,45 de Castilla y León, la que tiene mejores servicios sociales, o de País Vasco, con 7,20, o de Navarra, con 7,15.
En Canarias, señala el informe, sólo el 5,41% de su población potencialmente dependiente recibe estas atenciones (menos de la mitad que en Castilla y León), y su limbo de la dependencia es el 29,3%.
Este estudio no tiene en cuenta aún la nueva Ley de Servicios Sociales, que se aprobó hace apenas unas semanas en el Parlamento canario, y que viene ampliar los derechos sociales reconocidos.
Mientras la renta mínima de inserción en el País Vasco alcanzan a más de tres de cada cuatro personas en riesgo de pobreza (76,3%) y en Navarra a dos de cada tres (66,1%), en Castilla-La Mancha solo el 2,1%, y en otras cinco Comunidades, entre ellas Canarias, ni siquiera el 5% (ocurre también en Andalucía, Baleares, Extremadura y Murcia).
Tendencia positiva en el cómputo nacional
El colectivo de realiza este informe diagnostica que en el conjunto de España hay una evolución globalmente positiva de este indicador, ya que, si al comienzo de la legislatura la puntuación global era de 4,54 puntos, en 2018 supera el aprobado, con 5,22 puntos. Tal tendencia positiva se registra en casi todas las Comunidades y especialmente en aquellas que partían de una peor situación, como es el caso de Canarias. Madrid, la Comunidad con peor calificación de sus servicios sociales en 2018, es la que registra un mayor deterioro.
En todo caso la “relevancia económica de los servicios sociales públicos en Canarias mejora notablemente, destacando el esfuerzo inversor de las administraciones públicas” del Archipiélago.
En las recomendaciones del informe se señala que la nueva legislatura tiene un reto en el desarrollo de la nueva ley “con la aprobación del catálogo que concrete los derechos reconocidos, y una planificación que permita ordenar racionalmente el Sistema”. “Estos”, continúa el informe, “son pasos imprescindibles para que los servicios sociales en esta Comunidad abandonen de forma definitiva la situación de irrelevancia y consoliden la recuperación que se aprecia en los últimos años”.
El limbo de la dependencia se ha reducido un 20,7% en esta legislatura
Gustavo García, coordinador de este informe, explica en un comunicado divulgado por el Gobierno de Canarias que en el caso del Archipiélago “se venía de una situación muy precaria; y en aspectos como los que nosotros denominamos el limbo, Canarias está en el 29,3% frente al 19,2% de la media estatal, lo cual no es nada positivo, pero si miramos cómo estaban al principio de la legislatura, que rozaba el 50%, el progreso también ha sido notable y, probablemente, cuando hagamos la evaluación en 2022, de seguir a este ritmo, Canarias estará en un grupo de los que podemos destacar”.
García también destaca el crecimiento muy importante en el nivel de inversión en Canarias en esta materia, “superando la media estatal en el porcentaje de inversión sobre el PIB”. Con un 1,822% Canarias está por encima de la media estatal, que es del 1,525%. El informe señala que la inversión por habitante y año en 2018 es de 372,48 euros en Canarias, mientras que la media estatal es de 381,25%.
Según este estudio, “el porcentaje que supone la inversión en servicios sociales sobre el presupuesto total de las administraciones públicas en Canarias es del 9,21%, siendo la media estatal del 9,39%”.
La prestación canaria de inserción debe mejorar
También en las recomendaciones del informe se estipula que Canarias debe hacer un esfuerzo a la hora de incrementar la extensión y la cuantía de la renta mínima de inserción, asunto que el Gobierno canario ya está a punto de resolver gracias a la aprobación de la nueva Renta Canaria de Inserción, que llegará a más de 32.000 familias del Archipiélago, según informó la Consejería de Políticas Sociales que preside Cristina Valido.
El Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias, con una inversión de más de 161 millones de euros por parte del Gobierno autonómico, según Valido, vendrá a paliar asimismo otra de las debilidades señaladas en el informe, la de “plazas residenciales para mayores y de financiación pública”.
Las diferencias entre comunidades autónomas en servicios sociales siguen siendo muy importantes. Así las administraciones públicas en el País Vasco destinan más del doble de inversión por habitante y año(703 €) que Murcia, con sólo 297 €; y el porcentaje del PIB regional que Extremadura destina a Servicios Sociales (2,594%), es 2,5 veces superior al que destina la Comunidad de Madrid, con solo el 1,007%.
También prestaciones y servicios a la ciudadanía se aprecian grandes diferencias. En Navarra hay un profesional de los servicios de atención primaria por cada 890 habitantes. En la Comunidad de Madrid esta ratio se multiplica por 10, con un profesional por cada 8.354 habitantes. El 13,6% de su población potencialmente dependiente en Castilla y León recibe atenciones de la Dependencia.
Faltan 1.300 millones para volver a la inversión de antes de la crisis
El gasto corriente presupuestado en servicios sociales en 2018 por las Administraciones en España fue 18.871 millones de euros, el 1,57% del PIB. En 2010 era el 1,68%; si se hubiera mantenido este porcentaje, el presupuesto para servicios sociales en 2018 habría sido de 20.180 millones de euros, es decir, 1.300 millones más que lo presupuestado. Respecto a la distribución del gasto entre administraciones hay pocos cambios: una cuarta parte del gasto procede del esfuerzo local (25,1%), un 13,5% procedente de la Administración General del Estado y un 61,4% de esfuerzo autonómico.
La Administración General del Estado es el único nivel que aún no ha recuperado los recortes. A pesar de que algunos servicios sociales dependen por Ley de la garantía estatal de financiación mínima para su desarrollo homogéneo en todo el territorio del Estado (atención a la Dependencia), el Ejecutivo central ha mantenido sin duda la política más dura respecto al gasto público en servicios sociales, según la asociación que elabora el informe DEC 2018.
Alcanzar una inversión en servicios sociales en torno al 2% del PIB en la nueva legislatura debería ser, según este colectivo de profesionales, el compromiso de las Administraciones Públicas, en especial con el incremento de aportación estatal, para impulsar políticas de atención a la dependencia y lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Gastar más no significa necesariamente hacerlo mejor
Un año más se pone en evidencia que las regiones que más gastan en servicios sociales no se corresponden necesariamente con las que ofrecen más prestaciones y servicios a la ciudadanía. En consecuencia, las formas de organización son determinantes no solo de la eficacia sino también de la eficiencia del Sistema, entre ellas el grado de descentralización de servicios en las administraciones locales: los territorios más eficientes (mejor relación entre cobertura y gasto) coinciden con aquellos en los que existe mayor participación local en la gestión y entrega de servicios sociales.
A pesar de todo, «siendo un sistema muy mejorable; con sus luces y sus sombras, el Sistema de Servicios Sociales y sus profesionales han atendido a más de 8 millones de personas (cada año) durante la crisis, contribuyendo a evitar la ruptura de la cohesión y la paz sociales y colaborando en la recuperación».
