PLANETA CANARIO
Casi uno de cada tres canarios (el 29,1%, lo que supone 630.000 personas) se encuentran en situación de exclusión social, según el IX Informe FOESSA elaborado por Cáritas. Este porcentaje a escala estatal es del 23,4, por lo que Canarias está 5,7 puntos porcentuales por encima del dato nacional.
El informe lo ha presentado este jueves en el municipio tinerfeño de La Laguna Daniel Rodríguez de Blas, técnico del Equipo de Estudios y de la Fundación FOESSA de Cáritas Española, junto al obispo de la Diócesis Nivariense (provincia de Santa Cruz de Tenerife), Bernardo Álvarez; su homólogo de la Diócesis de Canarias (provincia de Las Palmas), José Mazuelos; y de los dos directores de las Cáritas Diocesanas de Tenerife y Las Palmas, Juan Rognoni y Gonzalo Marrero, respectivamente, según informa la ONG en un comunicado.
La exclusión social tiene tres ejes: el primero, el económico, identifica las situaciones de exclusión del empleo (tanto por la falta de trabajo como por sus características) y de la redistribución (pobreza económica y privación); el segundo, el eje político, hace referencia a la falta de participación política y de acceso a los derechos de ciudadanía social (educación, vivienda digna y cobertura sanitaria); y el tercero, el eje relacional, identifica situaciones de aislamiento y conflicto social.
Canarias es sin duda la comunidad con un mayor aumento en los hogares sin ingresos (2,06 puntos, hasta alcanzar el 6,5% de los hogares), como confluencia de los tres factores: aumento del desempleo general, una peor distribución entre los hogares y una mayor ausencia relativa de mecanismos compensadores.
Según se expone en el documento, entre las situaciones más graves está el aumento del grupo de los más frágiles, lo que supone el crecimiento de un 15% de las situaciones de exclusión severa, alcanzando a más de 300.000 personas; es decir, que las personas en situaciones más críticas ya representan casi la mitad de las personas presentes en el espacio de la exclusión social.
Los niveles de pobreza monetaria y desigualdad son altos y persistentes para muchas familias canarias. No obstante, aunque en los últimos años se ha reducido la distancia con la media de España, las tasas de pobreza siguen siendo en el Archipiélago superiores a las registradas en el conjunto del Estado y afectan, en su versión más severa, a cerca de 425.000 canarios (19,6% en Canarias por 11,3% en España).
Las medidas de distanciamiento social para combatir la pandemia han traído consigo una digitalización que se está revelando como un nuevo factor de exclusión: la brecha digital, que afecta al 30% de los hogares canarios y, en mayor medida, a los hogares en exclusión severa, pues un 44% no tienen acceso al mundo digital.
Según los datos recogidos en el informe, esta crisis está “feminizando” aún más el espacio de la exclusión, pues en 2021 la brecha entre los hogares encabezados por hombres y los encabezados por mujeres se ha incrementado notablemente y como resultado, el 28% de los hogares cuya persona sustentadora principal es una mujer se encuentra en situación de exclusión frente al 22% donde la figura sustentadora es un hombre.
La segunda brecha hace referencia al origen. Los datos concluyen que ser extranjero en el Archipiélago canario supone una enorme desventaja, pues cerca de la mitad de los hogares encabezados por una persona de origen extranjero (47%) se encuentra en situación de exclusión; esto significa casi el doble de exclusión que en los hogares encabezados por alguien de nacionalidad española, lo que dibuja una nueva línea de exclusión en esta “sociedad fracturada”.
Estos son perfiles que la Fundación FOESSA lleva tiempo dibujando como colectivos desfavorecidos, pero en esta ocasión hay que sumar uno novedoso: ser joven, pues uno de cada tres jóvenes entre 19 y 29 años están afectados por procesos de exclusión social (33%), lo que les impide dibujar proyectos de vida para hacer la transición a la vida adulta.
Otro colectivo que acumula mayores factores de vulnerabilidad es el de las familias con hijos. La tasa de exclusión entre los hogares con niños, niñas o adolescentes es del 35% frente al 17% cuando sólo hay adultos. Por tanto, tener hijos o hijas está penalizado y las necesidades derivadas de la crianza lastran a las familias y a sus condiciones de vida.
Se ha producido un empeoramiento de las condiciones de trabajo, lo que genera más trabajadores pobres y niveles más bajos de realización personal y social.
Durante esta crisis, la precariedad se ha triplicado en Canarias y alcanza casi 130.000 hogares (15%) que dependen económicamente de una persona que sufre inestabilidad laboral grave.
En estos momentos, que el sustentador se encuentre en paro de larga duración es una realidad que alcanza a más de 50.000 familias y el desempleo total familiar casi se ha duplicado, y hoy existen en Canarias más de 120.000 núcleos familiares donde todas las personas activas están en paro.
Además del empleo, la vivienda y la salud son otros grandes motores de la exclusión en las Islas. Más de 180.000 hogares (21%) han abandonado tratamientos médicos o han dejado de comprar medicinas por problemas económicos, una realidad que se dispara entre los hogares en situación de exclusión que afecta a más de la mitad (56%).
Pero es la salud mental una de las grandes revelaciones de esta crisis pues sufrir algún trastorno o enfermedad de salud mental, se ha multiplicado por cuatro y ahora alcanza al 19% de la población canaria (más de 400.000 personas).
En el ámbito de la vivienda, la dificultad en el pago es la casuística que más se repite. La combinación entre altos precios y bajos o inestables ingresos hacen que algo más de 165 mil familias (19%), una vez realizado el pago del alquiler o la hipoteca, queden en situación de pobreza severa.
Existe, por tanto, un problema grave de acceso a derechos humanos como la salud o la vivienda. Esta dificultad aparece vinculada con el limitado acceso a unos ingresos que los aseguren y que dependen de un mercado laboral que expulsa y precariza a las personas trabajadoras.
Aunque todavía existe un amplio margen de mejora frente a esta situación, es necesario perfeccionar el sistema de protección social a futuro con las siguientes propuestas básicas que sugiere Cáritas regional del Archipiélago canario:
1.- Reimpulsar el modelo de políticas públicas sociales en su conjunto. La magnitud de la exclusión severa en Canarias demanda un continuo proceso de adaptación, transversalidad e integralidad tanto del modelo de trabajo social como del modo de organización de las políticas públicas.
2.- Mejorar los canales de acceso y la cobertura del Ingreso Mínimo Vital, ya que supone un notable avance social para corregir el desequilibrio de la protección social. Solo el 15% de las personas en situación de pobreza severa en Canarias percibe actualmente esta ayuda.
3.- Poner en marcha políticas integrales y transversales frente a la exclusión residencial. 75.000 familias sufrieron retrasos o no tuvieron dinero suficiente para el pago de alguno de los gastos relacionados con la vivienda, como el alquiler o la hipoteca.
4.- Disponer de políticas públicas que pongan los medios necesarios para que todas las personas puedan superar la brecha digital. Sin olvidar que es preciso mantener las puertas no digitales abiertas, de forma que el proceso de adaptación de las personas más excluidas de la digitalización, no les deje fuera.
Según el informe, Canarias registra mejoras relativamente importantes -es decir, una reducción del porcentaje de población afectada por las situaciones de exclusión en cada dimensión-, en la mayor parte de las dimensiones, salvo en el caso del empleo y la vivienda. También se incrementa el porcentaje de población en conflicto social, aunque en menor medida que en el conjunto de España. De forma específica, destaca en este caso el incremento en el porcentaje de hogares cuya persona sustentadora principal está en paro desde hace un año o más y de los que padecen una situación de inestabilidad laboral grave, así como el de hogares que presentan problemas de insalubridad, deficiencias estructurales y/o hacinamiento en sus viviendas.
En lo que se refiere a las tasas de exclusión entre los hogares con una mujer como sustentadora principal, crecen en más de un 10% en Andalucía, Canarias y Cataluña.
Los datos de la Encuesta EINSFOESSA 2021 muestran un notable agravamiento general del riesgo de pobreza monetaria en toda España, a pesar de que la crisis de la COVID-19 no ha tenido una traducción tan inmediata en pérdidas de empleo como las crisis previas. La incidencia de la pobreza ha aumentado y lo ha hecho, además, en casi todas las de las categorías de la población. Este incremento ha sido también general en la mayoría de los territorios, si bien el aumento de la incidencia de la pobreza ha tenido lugar, sobre todo, en áreas urbanas donde más peso tenían las actividades presenciales.
Ese empeoramiento se constata también al examinar los cambios en las condiciones de vida y la privación material. Las situaciones de carencia material severa aumentaron drásticamente en un margen temporal muy breve, especialmente en aquellas zonas del país más afectadas por las restricciones impuestas sobre las actividades presenciales.
Especialmente negativo es el aumento de la privación en los hogares con mayor presencia de menores de edad, por las consecuencias que puede tener en el largo plazo el haber sufrido estas carencias, aunque haya sido transitoriamente. Es preocupante que la pandemia haya golpeado con más fuerza a los tipos de hogar que ya partían de una mayor privación material.
Cabe destacar también que cuando los hogares tuvieron que encarar el confinamiento forzoso, una proporción no desdeñable seguía afectada por condiciones de la vivienda claramente inadecuadas.
Finalmente, el análisis de las situaciones de falta de ingresos en el hogar ha permitido constatar que, aunque la tendencia en los últimos trimestres ha sido de moderación del problema, el inicio de la pandemia dio lugar a un drástico aumento de estas situaciones de pobreza. Este repunte se produce, además, cuando las cifras todavía quedaban lejos de las que había antes de la crisis de 2008. Destaca, de nuevo, como realidad negativa, el mayor aumento de esta forma de pobreza en los hogares con niños. La vivencia de la pobreza en esta etapa temprana y crucial de su desarrollo supone un elemento limitativo de su bienestar futuro y un riesgo de cronificación de la pobreza más severa a edades muy tempranas.
