VICENTE PÉREZ
Del polémico hotel de La Tejita han corrido ríos de tinta en los últimos años, en especial desde la primavera de 2019, cuando empezaron las obras, pero no se le había puesto cara. Y lo ha hecho ahora Mírame TV, en un reportaje del periodista Esaú Hernández, que ha desvelado cómo será este exclusivo complejo hotelero, en primera línea de playa de la reserva natural especial de Montaña Roja (la máxima categoría de protección medioambiental en la legislación canaria), que promueve el grupo gallego Viqueira.
En las infografías difundidas por Mírame TV puede observarse una visión aérea y perspectivas desde el interior del en camino hotel de 883 plazas en 332 habitaciones, con vistas a la maravilla natural de La Tejita, una de las mayores playas de Tenerife con un antiguo cráter volcánico presidiendo el paisaje, en medio de un ecosistema dunar donde el movimiento de las arenas ha sido interrumpido desde hace años por las vallas de la parcela en que se construye el controvertido alojamiento turístico.
Tal como han venido contando PLANETA CANARIO y Mírame TV, el devenir de este proyecto ha estado jalonado de una constante polémica y llamativos avatares administrativos, el último de cuyos episodios es un informe remitido esta semana por el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno canario, el socialista José Antonio Valbuena, por el que pide al Servicio Provincial de Costas que paralice las obras de hotel porque está en trámite la revisión del deslinde público marítimo terrestre, a instancias de los grupos ecologistas Salvar La Tejita y ATAN. Valbuena viene a enmendar la plana al anterior Gobierno regional, que en manos de CC hasta principios del verano de 209 no planteó objeciones a esta obra.
Y no esa para menos la petición de Valbuena, porque en su informe defiende además que la nueva servidumbre de protección del dominio público, donde no están permitidas las construcciones, debería ser en esa parcela de 100 metros de ancho, lo que haría inviable el proyecto de hotel para el que el Ayuntamiento de Granadilla dio la licencia a fines de 2018.
Un permiso otorgado semanas después de que en Madrid la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar autorizara a sus funcionarios en Tenerife a revisar el deslinde, un trámite que, extrañamente, el Servicio Provincial de Costas demoró varios meses iniciar.
La historia de esta parcela hotelera y la polémica que lo envuelve se ha vuelto en algunos aspectos y trámites tan extraña, por las acciones y omisiones, las palabras y los silencios, de las distintas administraciones públicas competentes en este asunto en diversas épocas, que la Asociación Salvar La Tejita lo ha denunciado todo en el Juzgado de Granadilla, en vía penal, y en los Juzgados de lo Contencioso Administrativo. También Podemos presentó denuncia el verano pasado en la Fiscalía Provincial. La promotora aseguró en 2019 que había comenzado las obras porque tenía todos los papeles en regla.
El hotel se levanta sobre una parcela de 52.987 metros cuadrados, al parecer modificada mediante un convenio en el Plan General de Ordenación de Granadilla cuando gobernaba Jaime González Cejas (PSOE) para que el uso turístico estuviera en primera línea de playa, pero donde el deslinde público fijado en su día no se ajustaba a la realidad de la dinámica de las arenas, ya que, como han demostrado Salvar La Tejita y ATAN, el dominio público marítimo terrestre en realidad es mayor y por eso está en revisión.
Pero la clave está en el servidumbre de protección del dominio público, que el Servicio de Costas en Tenerife ha fijado en 20 metros de ancho a pesar de que no está seguro de que en 1988, cuando entró en vigor la Ley de Costas, la parcela tuviera carácter urbano, es decir, no sabe si el plan parcial estaba ejecutado antes de esa fecha. El razonamiento de Costas es que como ya hay licencias dadas, en caso de duda, a favor del promotor, para evitar indemnizaciones. Salvar La Tejita y ATAN sostienen que si las obras se paran, no hay lugar a resarcir daños y perjuicios.
Sin embargo, un informe presentado por el actual Gobierno canario le advierte al organismo estatal de que ese suelo no se podía catalogar como urbano en 1988, por lo que, en aplicación de la legislación vigente, la servidumbre de protección debería establecerse en 100 metros de ancho.
El motivo es que que «no se llevó a cabo la urbanización en los plazos previstos por el Plan Parcial Costabella por causas no imputables a la Administración», pues antes de esa fecha “el grado de urbanización de los terrenos no era superior al 50%, por tanto no tenía la consideración de suelo urbano”.
La última palabra ya la tiene ya la Administración estatal, pues el 12 de febrero acabó el último tramite de información pública de la revisión del deslinde. Aunque si se mantiene la servidumbre en 20 metros, los ecologistas intentarán que la última palabra la tengan los tribunales de Justicia.
