PLANETA CANARIO
El Juzgado de Instrucción 1 de Santa Cruz de Tenerife ha archivado de forma definitiva la causa abierta contra el alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, así como el concejal de Servicios Hidráulicos, Miguel Ángel Yanes (ambos de IR-Verdes), por la contratación, mediante procedimiento de emergencia, de la obra de la estación depuradora de aguas residuales industriales (EDARI) del polígono industrial de La Campana.
Tras el auto dictado por la juez, que no solo no apreció delito de prevaricación alguno sino que afirmó que la emergencia tuvo aval técnico más allá incluso de lo exigible legalmente, la Fiscalía de la Audiencia Provincial da por bueno el sobreseimiento y no lo ha recurrido; y tampoco han apelado contra el archivo los concejales del PSOE que presentaron la denuncia, según adelantó el periódico El Día y han confirmado fuentes municipales a PLANETA CANARIO.
La resolución judicial dictada el 19 de marzo concluyó que tanto el alcalde como el edil denunciados «actuaron conforme a derecho y con la intención de salvaguardar a la población y el ecosistema de los vertidos».
La jueza respalda que la motivación de los denunciados fue «poner fin a los vertidos que causaban un grave riesgo; por tanto el resultado pretendido era materialmente justo, y en definitiva el alcalde y concejal actuaron conforme a derecho y con la intención de salvaguardar a la población y el ecosistema de esos vertidos».
Hay que recordar que en diciembre de 2019 se produjo la rotura de un pozo en la urbanización residencial de Costanera, adonde llegaban las aguas residuales del polígono industrial situado al otro lado de laTF-3, debido a un desvío de una canalización realizado bajo la autopista cuando gobernaba el PSOE el municipio sin las autorizaciones preceptivas. La rotura provocó que las aguas residuales llegaran al mar, y que se tuvieran que cerrar las playas y zonas de baño de la Nea, Radazul y Bocacangrejo, donde quedó prohibido el baño.
El Ayuntamiento, que desde 2015 tramitaba con el Cabildo -entonces gobernado por CC-PSOE- la construcción de una depuradora para el polígono industrial de La Campana, ya había cedido en 2019 al Consejo Insular de Aguas el solar para esta instalación, y la institución insular tenía ya terminado el proyecto para financiar su ejecución, al considerarla una infraestructura comarcal.
Sin embargo, cuando, al declararse esta emergencia el alcalde pidió al Cabildo -gobernado en este mandato por PSOE y Cs- que llevara a cabo la construcción de la depuradora, el gobierno insular se negó en un primer momento y posteriormente afirmó que no le daría prioridad.
En este contexto, de «grave riesgo» ambiental y para las personas, el alcalde, amparándose en un informe del arquitecto municipal que certificaba la emergencia de esta obra y ante el enorme coste mensual que acarreaba a las arcas municipales transportar las aguas negras del polígono hasta una depuradora situada en Santa Cruz de Tenerife, procedió a adjudicar su construcción por 2 millones de euros. Procedimiento que ahora ha avalado la Justicia con el archivo definitivo de la denuncia.
De todos modos, el Cabildo deberá financiar esta depuradora, después de que una iniciativa promovida en tal sentido por CC-PNC prosperara en el pleno de esta institución con los votos a favor del PP y de Sí Se Puede, que se desmarcó en esa vocación de Podemos (con el que forma la alianza electoral Sí Podemos), pues el partido morado votó en contra, secundando así a CC
