VICENTE PÉREZ
Más de 200 personas, en torno a una quincena menores, así como personas mayores y con discapacidad, han sido desalojadas este martes 12 de marzo en un edificio, denominado Chasna, que quedó a medio construir en la localidad de Costa del Silencio, perteneciente al municipio de Arona.
El desalojo se ha llevado a cabo por orden del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Arona porque el edificio se encuentra afectado por debilidad estructural (aluminosis) y presenta riesgo de desplome. El Ayuntamiento ha intentado aplazar la ejecución de la orden, pero no ha sido posible.
La medida se ha ejecutado con la presencia de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local de Arona, sin incidentes graves pero con mucha angustia en los desalojados. Se trata de ocupas, cada uno con sus circunstancias, algunos sin papeles, otros sin empleo, pero con una queja común: la imposibilidad, incluso teniendo trabajo de alquilar una vivienda por los altos precios. Así se podía leer también en las pancartas colocadas en el inmueble, alusivas a la carestía de los alquileres en esta zona turística.
De las 90 familias desalojadas, muchas no tienen un lugar donde alojarse y no ha sido posible que las Administraciones públicas hayan ofrecido alternativa habitacional a todas las personas que lo han solicitado. Y es que parte del problema es la falta de viviendas sociales.
No han faltado por ello quienes, tras el desalojado, han manifestado a los periodistas que a partir de ahora están abocados a dormir en la calle.
Tal es así que el Diputado del Común ha comunicado que abrirá una actuación de oficio por este desahucio masivo para solicitar información al Ayuntamiento aronera y al Instituto Canario de la Vivienda sobre las alternativas que barajan para garantizar los derechos de las personas desalojadas.
El PSOE pide al Cabildo habilitar alojamientos provisionales como en incendios o crisis migratorias
El PSOE de Tenerife ha reclamado que el Cabildo ponga sus recursos a disposición de estas familias. La consejera socialista Marián Franquet así lo ha solicitado al gobierno insular «ante la crisis humanitaria que se ha generado en Arona». Por ello, los socialistas exigen que se habiliten infraestructuras deportivas, de ocio y tiempo libre -campamentos- o viviendas, propiedad del Cabildo como dispositivo de emergencia, tal y como se ha hecho en cualquier otra situación equiparable, como los desalojos por incendios, la crisis migratoria en la pandemia.
Franquet entiende que las personas desalojadas «se enfrentan a un estigma añadido por su situación y advierte que la Administración Pública, en este caso el Cabildo, tiene que actuar para evitar un drama humanitario como el que enfrentan unas familias que, incluso, se pueden ver abocadas a la declaración de riesgo de los menores, debido a que sus familias no tienen recursos económicos, algo inaudito».
Falta de consenso en el Ayuntamiento sobre cómo actuar ante la crisis habitacional
La crisis de acceso a la vivienda precisamente fue debatida a fines de febrero en el Pleno del Ayuntamiento, en el que el PSOE pidió declarar el municipio como zona tensionada en materia de vivienda, pero esta medida no se aprobó, alegando el gobierno municipal que la propuesta queda fuera de las competencias municipales por lo que, en el caso de aprobarse, no tendría ninguna validez legal al ser el Gobierno canario el competente para esta declaración.
Eso supuso también que no se votara la moción institucional a favor de la vivienda presentada por el equipo de gobierno en Arona, formado por el Partido Popular, Coalición Canaria y Más por Arona, los cuales, en un comunicado, explican que esta iniciativa se bloqueó al negarse la oposición (PSOE, NC y VOX) a que se incluyera en el orden del día de esta sesión.
La moción no tratada instaba al Gobierno estatal, al Gobierno canario y al Cabildo tinerfeño a tomar medidas urgentes «ante la grave crisis de la vivienda que afecta al municipio y que supone un desafío social y económico, algo que repercute en el bienestar de las familias y la sostenibilidad de nuestra economía y modelo de sociedad».
En el caso de Arona, esto ocurre «por ser un área con alta demanda turística y laboral, donde la escasez de vivienda asequible ha llevado a una crisis de disponibilidad para los trabajadores del sector y causando aún más problemas de movilidad debido a los largos desplazamientos forzados», según subraya el gobierno local en una nota de prensa.
El exalcalde Mena pide estudiar la expropiación y adquisición de edificios sin terminar
El portavoz socialista en el consistorio aronero y exalcalde de Arona, José Julián Mena, insiste en que se apruebe la moción sobre zona tensionada en materia de vivienda, y ha tendido la mano al tripartito para adoptar “medidas excepcionales y urgentes, entre ellas estudiar la expropiación y adquisición de edificios sin terminar, como es el caso de Costa del Silencio, para ponerlos en régimen de alquiler social y asequible”.
Mena ha recordado que otros municipios en Canarias, entre ellos Granadilla de Abona, «ya se están planteando “medidas claras para situaciones graves, como esas expropiaciones o compras de edificios que llevan décadas abandonados y a los que se puede, y debe, dar un uso que tenga alguna utilidad para personas que las necesitan».
