PLANETA CANARIO
El grupo municipal de Unidas Podemos en la capital tinerfeña ha presentado en la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife una nueva ampliación de la denuncia por los indicios de prevaricación y malversación en el expediente administrativo del contrato para el concierto de Juan Luis Guerra y Orishas en el Carnaval chicharrero de 2019, cuando gestionaba el área de Fiestas CC-PNC.
El escrito de ampliación fue presentado este viernes por los concejales Ramón Trujillo y Dolores Espinosa, que en esta ocasión aportan el resultado de la investigación interna mediante expediente de información reservada, encargada por la Alcaldía al oficial mayor del Ayuntamiento, «en el que se reflejan con claridad las irregularidades que ya fueron puestas de manifiesto en la primera denuncia» y se propone la revisión de oficio del expediente administrativo de aquel concierto al haber incurrido en «tres posibles supuestos de nulidad de pleno derecho».
El portavoz de Unidas Podemos, Ramón Trujillo, quien ha informado de que la Fiscalía ya ha abierto diligencias de investigación, recuerda que el funcionario municipal determina que no quedó acreditado el derecho de exclusividad del intermediario artístico Alfredo Moré para el procedimiento negociado sin publicidad en lugar de la pública concurrencia; ni se justifica la declaración de urgencia; ni se negociaron las condiciones de la actuación y su duración, ni se acreditó la solvencia económica exigible a este representante de artistas; al igual que no se cumplieron con los requisitos para el primer pago de 250.000 euros, que se efectuó sin presentarse facturas, las cuales nunca se llegaron a aportar.
A esto se añade, según subraya Trujillo, que «no había exclusividad de Moré para ser adjudicatario, por lo que el procedimiento negociado sin publicidad carece de base legal y así lo plantea el propio oficial mayor, un vicio de nulidad de pleno derecho».
Al instructor le llama también la atención la diferencia de precio entre la cantidad fijada en el pliego de prescripciones técnicas y la del pliego de condiciones administrativas que recogía la celebración del contrato por 501.194 euros, mas de 80.000 euros superior al primer documento.
Para Trujillo resulta «muy revelador» que el 6 de febrero se firmó un pliego técnico para contratar a los artistas a través de Radio club porque tenía la exclusividad y el 8 de febrero se formuló propuesta para firmarlo con Alfredo Moré porque este alegaba que la exclusividad la tenía él desde el 5 de febrero, lo que implicaría un sinsentido: que la exclusividad la tenían dos a la vez.
La ampliación del escrito ante la Fiscalía también incluye unas declaraciones realizadas precisamente en Radio Club, por el actual concejal y en el momento de los hechos alcalde, José Manuel Bemúdez (CC), quien, preguntado por esta denuncia, declara que la Cadena Ser «participó en aquel momento y suscribió todos esos contratos».
Por todo lo expuesto, el portavoz de Unidas Podemos subraya que Unidas Podemos ha cumplido con el deber de poner este asunto en manos de la Justicia, pues “resultan evidentes los indicios racionales de posibles delitos de prevaricación y malversación y, por tanto, la necesidad de investigar cuál fue el destino final del dinero, si a la celebración del concierto y sus gastos o si, por el contrario, se utilizó para pagar otros compromisos económicos en periodo electoral».
En noviembre pasado, cuando este caso salió a la luz pública, la ex concejala de Fiestas en el momento de estos hechos, Galdys de León (CC-PNC), ahora en la oposición; salió al paso afirmando que la participación del cantante dominicano el pasado Carnaval «no supuso sobrecoste alguno en el presupuesto del área».
«En ningún momento se inflaron las cuantías, siendo siempre el importe barajado de 501.000 euros», se defendió entonces la edil de CC, quien en cambio quitaba hierro al hecho de que hubiera dos pliegos para esta contratación, que trata de explicar de la siguiente manera: «Lo que sí existió fue un error humano, por el que se envió a través del portafirmas un archivo erróneo a la Gerencia, por parte de asesores jurídicos del Organismo de Fiestas.
En concreto, se trató de un pliego de cláusulas técnicas que se pasa a la firma sin concluir las negociaciones, obrando las cantidades auténticas en el pliego de cláusulas administrativas debidamente fiscalizado». Argumentaba la concejala de CC-PNC que la contratación «se ajustó a la legalidad » y «contó con el visto bueno de la Intervención municipal».
