VICENTE PÉREZ
El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, que actualiza y sustituye al Decreto 113/2015 y que regulará la vivienda vacacional en las islas.
Se ha aprobado con los votos a favor de los grupos que forman el Gobierno regional (CC, PP, AHI y ASG). En contra han votado todos los grupos de la oposición, NC, PSOE y Vox.
«Por primera vez, Canarias contará con una ley que regula el alquiler vacacional, tras diez años de vigencia de un decreto que carecía de normas claras para propietarios, administraciones, ayuntamientos, cabildos y el propio Gobierno de Canarias», destacó la consejera de Turismo, Jéssica de León, aunque reconoce que «aún queda camino por recorrer en la aplicación y desarrollo de esta ley».
Durante 5 años no se podrán establecer nuevas viviendas vacacionales, hasta que los ayuntamientos cuenten con un planeamiento municipal que las habilite expresamente. Serán estas
Administraciones locales las que podrán decidir cómo, dónde, cuándo y cuántas viviendas vacacionales se permiten en su municipio, por zonas o núcleos.
Con esta nueva legislación, hasta e 10% del total de viviendas en un municipio podrá destinarse a uso turístico y los ayuntamientos dispondrán de un plazo de seis meses para poner en marcha el plan de inspección correspondiente.
No obstante, en La Palma, La Gomera y El Hierro, el porcentaje puede elevarse al 20%, así como en los “municipios del reto demográfico”, que sean así declarados por el Gobierno canario en función de criterios como la despoblación, el envejecimiento y la desaceleración económica.
La consejera precisó que el articulado de la norma establece que los pequeños propietarios que cumplen con el decreto vigente podrán continuar desarrollando su actividad con normalidad.
En Canarias, el 44,6% de las viviendas vacacionales están en manos de personas físicas, mientras que el 55,3% son gestionadas por entidades o propietarios extranjeros, y no por pequeños propietarios locales, según subrayó el Gobierno canario.
A partir de que se promulgue esta ley, las Viviendas de Protección Oficial (VPO) no podrán destinarse al uso turístico. Además, las nuevas viviendas no podrán destinarse al uso turístico hasta que transcurran diez años desde su construcción. «Con esto se pretende garantizar el destino residencial para el que fueron concebidas evitando la especulación», según subraya el Ejecutivo regional.
Otra de las grandes novedades de esta norma es que prohíbe los pseudohoteles, edificios en los que todas las viviendas son vacacionales de un gran tenedor.
PSOE: “Una Ley para grandes intereses turísticos”
El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Gustavo Santana sostuvo en en el Pleno que la norma «consolida la expulsión de miles de viviendas del mercado residencial y carece de consenso social y político»,
A su juicio, el texto aprobado “no responde al interés general de los residentes canarios, sino al de los grandes tenedores y empresarios del sector turístico”.
Santana recordó que, desde que la consejera de Turismo anunció en septiembre de 2023 que se tramitaría esta ley, el número de viviendas vacacionales registradas en Canarias ha aumentado más de 32.000, lo que supone un incremento del 80%, debido a un «efecto llamada» que el Gobierno canario no quiso evitar decretando una moratoria hasta que se promulgara la nueva norma.
También mantuvo que la arquitectura jurídica de la ley «favorece a los grandes intereses turísticos, al permitir la explotación de hasta un 10% del suelo urbanizable con carácter general —y hasta un 20% en islas verdes o municipios de reto demográfico—, mientras se traslada la responsabilidad de la regulación a los ayuntamientos y cabildos».
Santana vaticinó que la ley aprobada “no garantiza el derecho a la vivienda, aumentará los precios, y perpetuará el desequilibrio entre el uso turístico y residencial del suelo canario”.
(NC): «Se ha legislado para los poderosos»
Esther González (NC-bc) también criticó que no se aplicara una moratoria de nuevas licencias, lo que ha ocasionado una “avalancha” de nuevas viviendas turísticas.
“Esta ley abre la puerta para expulsar a miles de familias canarias de las zonas turísticas, familias que compraron su vivienda con escritura, con división horizontal y todos los papeles en regla”, advirtió, y añadió que los cuatro partidos integrantes del Gobierno autonómico «han legislado en contra de su pueblo para proteger a los poderosos».
ASG: «Muchos gomeros dan estudios a sus hijos gracias a viviendas vacacionales»
El diputado de la ASG Jesús Ramos Chinea defendió que esta modalidad alojativa ha permitido a muchas familias gomeras sostener su economía e incluso costear los estudios de sus hijos.
El diputado gomero es de la opinión de que el alquiler vacacional no es el causante de la carestía de la vivienda vacacional, a partir de una sencilla operación aritmética: de 1,8 millones de viviendas existentes en Canarias, unas 65.000 están destinadas a uso vacacional, cifra que —dijo— «no justifica la demonización» de la vivienda turística, puesto que, a su juicio, el verdadero problema es la falta de vivienda pública.
Valoró además que cabildos y ayuntamientos tengan capacidad de decisión, y afirmó que su grupo cree en la vivienda vacacional, siempre con requisitos de calidad, “que en última instancia determinan los propios usuarios”.
VOX: «Una ley que no resuelve ningún problema; los empeora»
Paula Jover, diputada de VOX, defendió la enmienda a la totalidad presentada por su grupo y calificó el texto como una “ley camaleónica”, modificada tantas veces que, según dijo, “ni el propio Gobierno sabe ya cuál es la versión definitiva”.
Criticó que se hayan introducido 113 enmiendas en un documento que, desde su punto de vista, “no hay por dónde cogerlo”, porque «no resuelve los problemas del sector y los empeora». S
Argumentó que el texto aprobado impone una carga excesiva a pequeños propietarios y ayuntamientos, y pasa por alto problemas graves como la ocupación ilegal. Reivindicó límites “de carácter nacional” y propuso reducir el IGIC para la compra de vivienda habitual.
PP: «Una ley que no demoniza, sino regula el alquiler vacacional»
El diputado popular David Morales Déniz enfatizó que la ley «no busca la erradicación de la vivienda vacacional, sino su regulación».
Incidió en que el objetivo de esta iniciativa legislativa no es “demonizar” esta modalidad de alojamiento turístico,» sino protegerla y ordenarla, garantizando que las viviendas de uso turístico cumplan con la normativa urbanística y con los requisitos legales exigibles.
El parlamentario opinó que la vivienda vacacional no es responsable de la emergencia habitacional que vive Canarias.
Y subrayó que la promulgación de esta nueva normativa da “salvaguarda jurídica” al pequeño propietario, pone el “punto y final a la proliferación de pseudohoteles y revaloriza la “autonomía” de los ayuntamientos.
