PLANETA CANARIO
La responsable del Juzgado de Instrucción Número 1 de San Sebastián de La Gomera, María Lourdes Goya, ha dictado un auto mediante el que archiva de forma provisional las diligencias penales abiertas por las obras de la carretera de acceso del hospital insular, según informa Mírame TV.
En la resolución, que fue dictada el pasado 27 de mayo, la jueza cuestiona las conclusiones del informe presentado por el perito judicial, que cifró en un millón de euros el sobrecoste de la infraestructura.
El auto de sobreseimiento provisional, que ha sido recurrido por los denunciantes, la Asociación Movimiento Ciudadano contra la Corrupción, concluye que no existen indicios de malversación de caudales públicos en la actuación del Cabildo de La Gomera, la administración encargada de la adjudicación y la supervisión de las obras, consistente en la construcción de una vía de acceso al hospital de menos de 600 metros, cuyo coste total alcanzó los 8,5 millones de euros.
Un criterio que, según explica el periodista David Cuesta en Mírame TV, choca con las apreciaciones realizadas por el perito judicial, el ingeniero y arquitecto Juan Jesús Cabrera, en un informe donde, además de un sobrecoste de un millón de euros, se advertía de la existencia de modificaciones sustanciales del proyecto que fueron aprobadas, según su postura, en contra del procedimiento establecido por la normativa.
El informe pericial es el elemento clave en la instrucción. A pesar de que la causa se abrió en 2011, no fue encargado por el juzgado hasta noviembre de 2013. Desde entonces hasta que fue designado el experto por el Gobierno de Canarias transcurrieron más de tres años. Una vez realizado el encargo, el 6 de febrero de 2017, el técnico emitió un primer informe, que fue presentado el 26 de julio de 2018, sobre el que la jueza solicitó una ampliación para responder a una serie de preguntas concretas relacionadas con las actuaciones.
De acuerdo con la información publicada por Mirame TV, las discrepancias sobre el objeto del informe que surgieron entre el perito y el juzgado a partir de ese momento retrasaron aún más la causa, hasta que el técnico entregó el dictamen definitivo el pasado 6 de mayo. Tres semanas después, la jueza dictó el auto de archivo provisional.
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La responsable del Juzgado de Instrucción Número 1 de San Sebastián de La Gomera, María Lourdes Goya, ha dictado un auto mediante el que archiva de forma provisional las diligencias penales abiertas por las obras de la carretera de acceso del hospital insular, según informa Mírame TV.
En la resolución, que fue dictada el pasado 27 de mayo, la jueza cuestiona las conclusiones del informe presentado por el perito judicial, que cifró en un millón de euros el sobrecoste de la infraestructura.
El auto de sobreseimiento provisional, que ha sido recurrido por los denunciantes, la Asociación Movimiento Ciudadano contra la Corrupción, concluye que no existen indicios de malversación de caudales públicos en la actuación del Cabildo de La Gomera, la administración encargada de la adjudicación y la supervisión de las obras, consistente en la construcción de una vía de acceso al hospital de menos de 600 metros, cuyo coste total alcanzó los 8,5 millones de euros.
Un criterio que, según explica el periodista David Cuesta en Mírame TV, choca con las apreciaciones realizadas por el perito judicial, el ingeniero y arquitecto Juan Jesús Cabrera, en un informe donde, además de un sobrecoste de un millón de euros, se advertía de la existencia de modificaciones sustanciales del proyecto que fueron aprobadas, según su postura, en contra del procedimiento establecido por la normativa.
El informe pericial es el elemento clave en la instrucción. A pesar de que la causa se abrió en 2011, no fue encargado por el juzgado hasta noviembre de 2013. Desde entonces hasta que fue designado el experto por el Gobierno de Canarias transcurrieron más de tres años. Una vez realizado el encargo, el 6 de febrero de 2017, el técnico emitió un primer informe, que fue presentado el 26 de julio de 2018, sobre el que la jueza solicitó una ampliación para responder a una serie de preguntas concretas relacionadas con las actuaciones.
De acuerdo con la información publicada por Mirame TV, las discrepancias sobre el objeto del informe que surgieron entre el perito y el juzgado a partir de ese momento retrasaron aún más la causa, hasta que el técnico entregó el dictamen definitivo el pasado 6 de mayo. Tres semanas después, la jueza dictó el auto de archivo provisional.
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La responsable del Juzgado de Instrucción Número 1 de San Sebastián de La Gomera, María Lourdes Goya, ha dictado un auto mediante el que archiva de forma provisional las diligencias penales abiertas por las obras de la carretera de acceso del hospital insular, según informa Mírame TV.
En la resolución, que fue dictada el pasado 27 de mayo, la jueza cuestiona las conclusiones del informe presentado por el perito judicial, que cifró en un millón de euros el sobrecoste de la infraestructura.
El auto de sobreseimiento provisional, que ha sido recurrido por los denunciantes, la Asociación Movimiento Ciudadano contra la Corrupción, concluye que no existen indicios de malversación de caudales públicos en la actuación del Cabildo de La Gomera, la administración encargada de la adjudicación y la supervisión de las obras, consistente en la construcción de una vía de acceso al hospital de menos de 600 metros, cuyo coste total alcanzó los 8,5 millones de euros.
Un criterio que, según explica el periodista David Cuesta en Mírame TV, choca con las apreciaciones realizadas por el perito judicial, el ingeniero y arquitecto Juan Jesús Cabrera, en un informe donde, además de un sobrecoste de un millón de euros, se advertía de la existencia de modificaciones sustanciales del proyecto que fueron aprobadas, según su postura, en contra del procedimiento establecido por la normativa.
El informe pericial es el elemento clave en la instrucción. A pesar de que la causa se abrió en 2011, no fue encargado por el juzgado hasta noviembre de 2013. Desde entonces hasta que fue designado el experto por el Gobierno de Canarias transcurrieron más de tres años. Una vez realizado el encargo, el 6 de febrero de 2017, el técnico emitió un primer informe, que fue presentado el 26 de julio de 2018, sobre el que la jueza solicitó una ampliación para responder a una serie de preguntas concretas relacionadas con las actuaciones.
De acuerdo con la información publicada por Mirame TV, las discrepancias sobre el objeto del informe que surgieron entre el perito y el juzgado a partir de ese momento retrasaron aún más la causa, hasta que el técnico entregó el dictamen definitivo el pasado 6 de mayo. Tres semanas después, la jueza dictó el auto de archivo provisional.
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La responsable del Juzgado de Instrucción Número 1 de San Sebastián de La Gomera, María Lourdes Goya, ha dictado un auto mediante el que archiva de forma provisional las diligencias penales abiertas por las obras de la carretera de acceso del hospital insular, según informa Mírame TV.
En la resolución, que fue dictada el pasado 27 de mayo, la jueza cuestiona las conclusiones del informe presentado por el perito judicial, que cifró en un millón de euros el sobrecoste de la infraestructura.
El auto de sobreseimiento provisional, que ha sido recurrido por los denunciantes, la Asociación Movimiento Ciudadano contra la Corrupción, concluye que no existen indicios de malversación de caudales públicos en la actuación del Cabildo de La Gomera, la administración encargada de la adjudicación y la supervisión de las obras, consistente en la construcción de una vía de acceso al hospital de menos de 600 metros, cuyo coste total alcanzó los 8,5 millones de euros.
Un criterio que, según explica el periodista David Cuesta en Mírame TV, choca con las apreciaciones realizadas por el perito judicial, el ingeniero y arquitecto Juan Jesús Cabrera, en un informe donde, además de un sobrecoste de un millón de euros, se advertía de la existencia de modificaciones sustanciales del proyecto que fueron aprobadas, según su postura, en contra del procedimiento establecido por la normativa.
El informe pericial es el elemento clave en la instrucción. A pesar de que la causa se abrió en 2011, no fue encargado por el juzgado hasta noviembre de 2013. Desde entonces hasta que fue designado el experto por el Gobierno de Canarias transcurrieron más de tres años. Una vez realizado el encargo, el 6 de febrero de 2017, el técnico emitió un primer informe, que fue presentado el 26 de julio de 2018, sobre el que la jueza solicitó una ampliación para responder a una serie de preguntas concretas relacionadas con las actuaciones.
De acuerdo con la información publicada por Mirame TV, las discrepancias sobre el objeto del informe que surgieron entre el perito y el juzgado a partir de ese momento retrasaron aún más la causa, hasta que el técnico entregó el dictamen definitivo el pasado 6 de mayo. Tres semanas después, la jueza dictó el auto de archivo provisional.
