VICENTE PÉREZ
La polémica adjudicación a Valoriza del mayor contrato del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el de limpieza viaria y recogida de basuras, ha llegado ya a los tribunales. Dos empresas que perdieron este concurso público, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y la que hasta ahora venía prestando el servicio, Urbaser, han presentado sendos recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Las dos compañías recurrentes han solicitado al tribunal que se adopte la medida cautelar de suspender la firma del contrato entre el Ayuntamiento y Valoriza (filial de Sacyr, que controla también el servicio de aguas chicharrero a través de Emmasa), en tanto no se resuelva el recurso. Los magistrados, que han desestimado esta misma medida cautelarísima, darán audiencia a las partes para decidir sobre esta paralización cautelar.
La polémica política (toda la oposición municipal cuestionó la decisión del gobierno local, CC-PP) surgió por la existencia de un pormenorizado informe del servicio municipal de Gestión y Control de Servicios Públicos, suscrito por dos ingenieros y un arquitecto técnico, que, si bien no es vinculante, sí advierte de que la empresa ganadora, con los medios que aporta (ni siquiera aumenta la plantilla del servicio en la actualidad) no podrá cumplir con los objetivos de calidad por los que ha sido más puntuada en este apartado que el resto de empresas concursantes, y concluye que se trata de una oferta temeraria.
Y aún sabiendo de antemano el Ayuntamiento, por indicación técnica, que esta empresa no podrá cumplir con esa mejora que se le ha premiado en puntos, la realidad es que el equipo gobernante ha dado por válida su oferta con el argumento de la Mesa de Contratación ( formada por juristas) de que si incumpliera el contrato, la sanción por esos incumplimientos no sobrepasaría el 9% máximo del conjunto del precio que establecen los pliegos que rigen este concurso.
Un criterio que ha extrañado a los partidos de la oposición y a las empresas que han perdido el concurso, máxime cuando la calidad era precisamente una de las directrices que se había fijado públicamente el gobierno local cuando anunció que sacaría a licitación el servicio.
Los recursos en vía contenciosa administrativa van dirigidos contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo, adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno canario, que rechazó las impugnaciones de las citadas empresas contra la decisión adoptada por la Junta Local de Gobierno de adjudicar este contrato, valorado en 140 millones de euros distribuidos en 8 años.
Se da la circunstancia de que la firma del contrato se producirá a escasos días de constituirse la nueva Corporación surgida de las elecciones del 26 de mayo, en la que CC y PP ya no suman mayoría absoluta, por lo que los partidos que criticaron la adjudicación a Valoriza tienen ahora mayoría absoluta. El PSOE incluso, durante la campaña electoral de las municipales, se comprometió a que, si gobierna, dará marcha atrás al contrato previsto.
Santa Cruz de Tenerife ocupa en una encuesta nacional de la Organización de Consumidores y Usuarios de España el puesto 52 entre 60 ciudades españolas, todas las capitales provinciales incluidas, donde más población está insatisfecha con este servicio, con solo el 39% de sus ciudadanos contentos con el grado de limpieza de su ciudad.
