VICENTE PÉREZ
Los proyectos de los futuros trenes de Gran Canaria y Tenerife vuelven de nuevo a estar sobre la mesa del Gobierno estatal, al que los cabildos y el Gobierno canario le han pedido que avale financieramente estas iniciativas, que requieren de al menos 4.000 millones de euros. Una astronómica cifra que siempre ha puesto cuesta arriba la financiación de estas obras, aunque ya estén los planes territoriales y los proyectos redactados desde hace años.
Los primeros tramos que se pretende construir son Vecindario-Aeropuerto de Gando (para la futura línea Las Palmas de Gran Canaria-Maspalomas) y San Isidro (Granadill)-Adeje (la línea completa, Santa Cruz de Tenerife-Adeje).
La implantación de estas líneas ferroviarias, que serían las obras públicas más caras jamás llevadas a cabo en Canarias, fue objeto de un encuentro de trabajo en Madrid en el que participaron el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez; la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila y su homólogo de Gran Canaria, Antonio Morales; el consejero de Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, y la consejera de Movilidad Sostenible de la Corporación tinerfeña, Eulalia García.
Por parte del Ministerio, estuvieron presentes el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano; la secretaria general de Transporte Terrestre, Marta Elías Serrano; el subdirector general de Planificación Ferroviaria, Jorge Ballesteros, y la directora del Gabinete, Encarnación Sandóniz.
Sobre la mesa se han puesto ya dos tramos concretos y los cabildos han pedido al Gobierno estatal el apoyo económico y jurídico para acogerse a fondos europeos. En el caso del Cabildo grancanario (cogobernado por NC y PSOE), quiere comenzar las obras este mismo año o en 2025 si consigue 400 millones de euros de la Unión Europea, para la primera fase del proyecto, entre Vecindario y el aeropuerto. Para ello, ya están redactados los proyectos técnicos, la evaluación de impacto medioambiental estará terminada a lo largo de este primer semestre y está en marcha el proceso de expropiaciones
Antonio Morales justificó en un comunicado esta obra porque cubriría las necesidades de comunicación terrestre en «un corredor que recibe cada año a cuatro millones y medio de turistas y a 14 millones de pasajeros desde el aeropuerto y que acoge la mayor zona industrial, comercial, aeroportuaria y portuaria de la isla de Gran Canaria».
Igual entusiasmo demostró la presidenta del Cabildo de Tenerife, quien, en una rueda de prensa junto al consejero de Planificación, José Miguel Ruano, afirmó que para el gobierno insular sacar adelante el proyecto ferroviario es «irrenunciable» para cumplir el «reto de la descarbonización y la movilidad en una isla colapsada por los vehiculo de transporte privado».
La primera fase que se propone ejecutar el actual gobierno tinerfeño (formado por CC y PP) es el tramo entre San Isidro (Granadilla) y Adeje, cuya construcción tendría un plazo de 4 años, y para lo cual sería necesario actualizar el proyecto y también la declaración de impacto ambiental.
El motivo de dar prioridad a este tramo es por la actual congestión de la autopista del Sur en esa zona, donde cada día se produce medio millón de desplazamientos (el 93% de residentes y solo el 7% turistas) fundamentalmente en vehículo privado, según los datos aportados por Dávila. Es una comarca, la de Abona, donde se ubican un aeropuerto, un polígono industrial (Las Chafiras), el puerto de Granadilla y el de Los Cristianos (que es el de mayor tráfico de pasajeros de toda españa), el hospital público del Sur y áreas turísticas, lo que hacen que sea una franja de «alta atracción de empleo».
Según la versión de la presidenta del Cabildo tinerfeño, los proyectos ferroviarios canarios tienen «el apoyo absoluto» del Gobierno canario y el Ministerio, y eso explica que se haya creado un grupo de trabajo «para analizar cómo se insertan nuestros trenes insulares en el sistema de la red general ferroviaria del Estado».
Ruano dejó claro que el Cabildo de Tenerife» está en condiciones de presentar un proyecto fuerte ante el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible y queremos que ese organismo dé evalo financiero y nosotros haremos las modificaciones necesarias en la planificación para darle cobertura».
El secretario de Estado de Transportes, según la nota de prensa del Cabildo grancanario, reconoció que “Canarias tiene problemas de movilidad y creemos que el ferrocarril puede servir perfectamente como uno de los proyectos para la descarbonización y para dar mejor servicio a la ciudadanía”, indicó. “Ahora tenemos que ver de qué manera colaboramos y, para eso, en esta voluntad que tenemos de diálogo y de consenso, crear ese grupo de trabajo que, en el caso del Ministerio, va a estar encabezado por la Subdirección del Sector Ferroviario y que va a analizar la petición que se nos ha hecho desde el Gobierno de Canarias de incorporación a la red ferroviaria de interés general”.
El consejero de Obras Públicas y Movilidad del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, recordó que “en 15 años, las diferentes leyes de presupuestos generales del Estado han incorporado partidas nominadas para los proyectos ferroviarios, tanto de Tenerife y Gran Canaria, y esa financiación ha servido, entre otras cosas, para poder tener hoy los proyectos”.
No obstante, puso el acento en que ese capital no es suficiente. “Estamos hablando de que los dos proyectos pueden requerir una inversión global cercana o aproximada a los 4.000 mil millones de euros y es evidente que incorporar diez, doce o quince millones anuales, no va a resolverlo”, admitió. “Tenemos que ir a un marco de financiación mucho más amplio, en donde tenemos que recoger fondos de la Unión Europea, que ha hecho una gran apuesta en ese sentido por la movilidad sostenible”.
Hay que recordar que en agosto de 2020, el Gobierno de Canarias (cuando lo presidía el socialista Ángel Víctor Torres) anunció que solicitaría al Estado incluir ambos proyectos, con una inversión superior a los 3.850 millones de euros, en el plan de Reformas e Inversiones que España presentará al Plan de Recuperación diseñado por la UE para reparar los daños económicos y sociales provocados por la pandemia del COVID-19, y dotado con 750.000 millones de euros entre 2021 y 2027.
El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno canario, Sebastián Franquis (PSOE), convocó ese agosto a los entonces vicepresidentes y responsables de transporte de los cabildos de Tenerife, Enrique Arriaga (Ciudadanos), y Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez (PSOE), con la finalidad de coordinar y acordar una estrategia común. Pero, cuatro años después, poco se ha avanzado en la financiación de estos megaproyectos.
