VICENTE PÉREZ
La fiscal delegada de Medio Ambiente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, María Francisca Sánchez, ha puesto de relieve el problema de la ocupación ilegal del dominio público marítimo terrestre y la contaminación por aguas residuales, al punto de que «desgraciadamente hay muchos más vertidos de lo que parece».
«Me he recorrido la isla [Tenerife] con el Seprona en un helicóptero y he visto lo que se ha hecho en toda la costa, con actuaciones urbanísticas que generan muchos problemas al mar por los vertidos», afirmó la integrante del Ministerio Fiscal durante su participación en una mesa redonda organizada por el Ayuntamiento de El Rosario con ocasión de Día Mundial de la Naturaleza.
En un debate moderado por el Premio Canarias Wolfredo Wildpret, catedrático emérito de botánica de la Universidad de La Laguna, Sánchez indicó que la Fiscalía abre «muchísimas investigaciones» con relación a delitos medioambientales, pero en muchos casos se archivan porque se logra «restablecer la realidad física y jurídica alterada», ya que a su juicio, el órgano judicial al que pertenece «aunque se le como el que acusa, también intenta que haya prevención».
Tal es la cantidad de vertidos al mar que se denuncian, que la fiscal recurrió a una manera muy expresiva de llamar la atención sobre este problema: «Desde que estoy en esto, en 2016, casi no me baño en el mar, y menos con gafas».
Recordó la fiscal que por incumplir la legislación de tratamiento de aguas residuales vertidas al océano, la Unión Europea ha condenado y sancionado a España al pago de «millones de euros diarios», y se preguntó si no es mejor invertir en resolver el problema en lugar de seguir pagando esas millonarias multas.
Incidió en que se construye en toda la costa de la isla, en todo el dominio público marítimo terrestre y su servidumbre de protección, con vertidos de construcción y de aguas residuales al mar. «Y cuando se intenta desalojar a familias para las que esas construcciones son segunda residencia, en su mayoría, parece que echamos a la calle a la gente, sale en la prensa el movimiento de ciudadanos que dicen que les queremos echar de su [única] vivienda».
Además, mencionó el problema de que hay en Tenerife de urbanizaciones no turísticas que llevan más de 10 años sin que sean recibidas por el respectivo Ayuntamiento, por lo que funcionan con vertidos no autorizados al mar y con generadores propios para proporcionarse la electricidad.
También puso de manifiesto el daño de ciertas urbanizaciones, incluso con campos de golf, a las especies de aves que nidifican y pasan por esos espacios, debido a la contaminación lumínica y acústica.
La fiscal aludió también al «consumismo terrible» de nuestra sociedad que desecha residuos y «no los reutilizamos», y abogó por que se conciencie desde la escuela para que los niños crezcan mentalizados de la necesidad del reciclaje.
Inquietante fue el hecho que comentó a continuación: contó que durante la pandemia las fiscalías provinciales hicieron un estudio sobre la gestión de los residuos sanitarios vinculados con la covid-19 en hospitales, «y todos nos mandaron los protocolos, pero en realidad no supimos lo que se estaba haciendo con esos residuos contaminantes».
La mesa redonda tuvo lugar en la Casa de la Cultura de La Esperanza, capital administrativa de El Rosario, y participaron, además de la fiscal, el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez; el consejero regional de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena; el catedrático de Ecología de la ULL, José María Fernández-Palacios, el profesor de Geografía de la ULL y director de la Cátedra de reducción de riesgos de desastres en ciudades resilientes, Pedro Dorta, y el autor del documental Felipe Ravina.
