PLANETA CANARIO
Los rectores de las universidades públicas canarias, Rosa Aguilar (Universidad de La Laguna, ULL) y Lluís Serra (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ULPGC) han comparecido este viernes 18 de marzo ante la Comisión de Educación del Parlamento de Canarias, a solicitud del grupo del PP, para exponer planes de trabajo, desafíos y retos de ambos centros académicos superiores.
En su intervención, ambos rectores se han referido a las necesidades de sus instituciones y han hecho hincapié en la negociación de un contrato- programa con el Gobierno de Canarias, que establezca la financiación plurianual de las universidades públicas, en el que aparte de los parámetros más clásicos de personal, titulaciones y estudiantado, se tengan en cuenta otros como la digitalización de procesos y servicios, teleformación, eficiencia en la gestión o diferencia con la financiación pública estatal media por estudiante.
En el aspecto financiero, indicaron que es muy necesaria una evaluación previa de la situación actual de la financiación del servicio público de educación superior, dado que a pesar del esfuerzo en mejorar la partida presupuestaria para la financiación de las infraestructuras universitarias, que crece para 2022 en 1.227.500 euros, la financiación estructural no hace sino decrecer ya que los incrementos previstos no cubren las verdaderas necesidades de financiación de ambas universidades.
Queda reflejado, por ejemplo, en que en 2022 a pesar de contar una partida para gastos de funcionamiento que crece un 0,76% no ha cubierto los incrementos retributivos de su personal del el 0,9% de 2021 ni el 2% de 2022, según informan ambos centros académicos en un comunicado.
Las dos universidades han visto reducida su participación en los presupuestos de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes a lo largo de estos últimos años, pues ha ido destinando un menor porcentaje de su presupuesto global a la educación superior universitaria. En el año 2018 la suma de los créditos destinados a ambas universidades suponía el 13,87% del presupuesto total de la Consejería. Este porcentaje se ha reducido hasta el 11,43% en el año 2022. De no haberse producido esta caída las dos universidades canarias hubieran recibido un total de 52 millones de euros más en el año 2022.
Además, de acuerdo con los datos de la Fundación CYD, la financiación de las universidades públicas canarias en relación al número de estudiantes se sitúa unos 1.000 euros/estudiante por debajo de la media nacional.
Por otra parte, se está registrando un paulatino aumento del precio de otros bienes y servicios que está asfixiando la capacidad de ambas universidades para hacer frente a sus necesidades. Por ejemplo, en la electricidad, la ULL ha aumentado el gasto de 1,3 millones anuales a unos 3,2 millones al año; y la ULPGC sufrirá un defecto de financiación de 1,94 millones.
Los rectores indicaron que la restricción económica impide a ambas universidades asumir una política de impulso decidida por mejorar la calidad de la educación superior en las islas, el mantenimiento estructural de las infraestructuras, la mejora de la gestión y el adecuado impulso a la docencia y la investigación.
Lluís Serra y Rosa Aguilar añadieron que también es necesario acometer mejoras de los espacios docentes y para la calidad de la investigación y docencia, como los laboratorios y otros espacios similares, cubriendo las necesidades para Planes de Inversión en Infraestructuras en el próximo quinquenio.
Por todo ello, las dos universidades públicas canarias, de manera conjunta, proponen al Gobierno de Canarias, dos baterías de actuaciones: una de carácter inmediato que atienda a la necesidad coyuntural debida a la pandemia y las consecuencias de la guerra en Ucrania, y otra estructural que esencialmente se plasmaría en el futuro contrato programa.
En las medidas coyunturales para 2022 y 2023 se solicitan fondos que palíen el sobrecoste energético que se está padeciendo y, de otra parte, conceder permiso a las dos universidades, de forma puntual, para usar los remanentes de tesorería para gastos generales que se han ido acumulando en pasados ejercicios con destino a gastos estructurales, permitiendo así un déficit temporal que vendría justificado, a nivel regional, por la suspensión de las reglas fiscales ya aceptada por la Unión Europea. Esta compensación económica, para el año 2022 y 2023 se cifra en unos 5 millones de euros anuales por universidad.
Por lo que respecta a las medidas estructurales, como primera aproximación al establecimiento de un futuro financiero sostenible, las universidades consideran la posibilidad de elevar al menos una décima el porcentaje de financiación respecto al PIB, pasando de un 0,5% a un 0,6%, lo que supone un incremento de 47 millones de euros aproximadamente para la financiación del sistema público de universidades canario.
Este incremento se podría distribuir temporalmente a lo largo de la vigencia del contrato-programa, a partir de 2023, para poder acometer acciones concretas en cuatro grandes bloques para la mejora de la calidad educativa de las universidades públicas canarias: mejora de la docencia, de la investigación, un plan de financiación de las infraestructuras universitarias y la mejora de la gestión y la eficiencia, lo cual supondría la solución a medio y largo plazo de la financiación estable de las dos universidades.
Investigación y Transferencia
Los rectores afirman que la investigación y generación de conocimiento nuevo es, y debe seguir siendo, la razón de ser de la universidad, pues este es el hecho diferencial que la distingue de otras entidades que también ofrecen formación. Este nuevo conocimiento no solamente servirá para el propio progreso de la disciplina en la que se enmarque o para ser transferido de algún modo al sector productivo y la sociedad en general, sino que también redundará en que la docencia impartida sea de mejor, dado que el profesorado podrá ser capaz de transmitir de primera mano al alumnado sus descubrimientos. Es decir, el conocimiento más actualizado posible.
La materia prima para generar ese conocimiento es el personal investigador. Contar con personas adecuadamente formadas que desarrollan en las instituciones universitarias una carrera como docentes-investigadores es uno de los elementos que aportan desde hace siglos prestigio y certifican la calidad y validez de estas instituciones.
Las universidades públicas canarias proponen, por un lado, llevar a cabo proyectos, englobados en tres bloques diferenciados: infraestructura, transformación del modelo productivo y transformación digital, financiables con cargo a los Fondos de Recuperación y Resiliencia del Programa Next Generation, que permitirían dar a los centros académicos el salto cualitativo necesario para ejercer el liderazgo en la transformación del tejido productivo y la recuperación.
Por otro lado, se aboga por poner en marcha un Pacto Canarias por la I+D, que permita alcanzar en las islas la media española de inversión pública en porcentaje del PIB (0,5%), durante el sexenio 2022 a 2027, mediante un incremento presupuestario anual de 10 millones de euros por año.
El Pacto conllevaría compromisos económicos y políticos concretos, y persigue dar estabilidad a medio plazo a los agentes del sistema canario de I+D y propiciar el salto de calidad en la inversión necesarios para su desarrollo. Con un horizonte de 6 años, que coincide con el del Programa Horizonte Europa, y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluiría una serie de programas concretos cuyo éxito ya se ha probado a nivel nacional e internacional, involucrando al sector privado mediante medidas concretas que incentiven la inversión privada en I+D+i, que ahora mismo es la menor de toda España en Canarias en proporción del PIB (apenas un 0,09%).
Canarias, por tanto, está a la cola de España en inversión en I+D, y España a la cola de Europa, a pesar de lo cual las Universidades públicas canarias son competitivas internacionalmente y tienen capacidad de transferencia en numerosas áreas.
