VICENTE PÉREZ
La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández (PSOE), ha anunciado este viernes en un pleno municipal que el Ayuntamiento ha presentado una querella criminal contra el empresario Antonio Plasencia (en la cárcel por el caso Las Teresitas) y los accionistas de la empresa Puzolana por alzamiento de bienes el traspaso de una parcela de la propiedad de los terrenos anexos al hospital de la Candelaria, donde se localizan aparcamientos para el personal de este centro sanitario, un inmueble que es objeto de un procedimiento para su adquisición por el Servicio Canario de Salud.
La querella, enmarcada en las medidas adoptadas por el nuevo gobierno municipal para recuperar casi 100 millones de euros tras la sentencia por la compraventa fraudulenta de Las Teresitas, se sustenta en la operación de compra-venta de los terrenos anexos al Hospital de La Candelaria que dicho empresario vendió al Gobierno de Canarias por 5’5 millones de euros, cantidad que la alcaldesa acusa al condenado de “intentar esconder al Juzgado”.
Hernández manifestó con rotundidad que “no vamos a consentir que el patrimonio se mueva de manos en manos en un entramado societario mientras hay una operación de 5’5 millones de euros por una compra-venta aplazada de 300.000 euros”.
El anuncio de la presentación de la querella se ha producido apenas unos días después de conocerse que la Audiencia Provincial ha admitido la petición de embargo, por parte del Ayuntamiento, de dos edificios pertenecientes a Plasencia, uno alquilado por el Gobierno canario en la avenida de Tres de Mayo como sede de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y otro en Cabo Llanos, de 13 plantas, que ya a principios de año intentó comprar el Cabildo cuando lo presidía Carlos Alonso (CC):
La regidora municipal hizo este anuncio durante un pleno en el que tanto CC como el PP han presentado mociones para que el Gobierno canario actual, del que forma parte el PSOE, descarte ejercer la opción de compra de dicha sede alquilada en Tres de Mayo, arrendada a Carlacand (empresa directamente vinculada a Plasencia) y, en consecuencia, retire los 9 millones que para tal fin se han consignado en los presupuestos autonómicos del próximo año, y los destine a diversos proyectos para la capital tinerfeña.
El edificio ya está embargado de forma preventiva por la Audiencia Provincial, por un auto que la oposición desconocía pero del que informó la alcaldesa este miércoles, y que está ya más que amortizado para Plasencia gracias al sustancioso alquiler mensual que desde hace décadas le ha pagado el Gobierno canario, 300.000 euros al mes, en la que CC ha gobernado, en algunos años con el PP y en otros con el PSOE.
CC y PP piden que no se compre a Plasencia la sede alquilada, pero el dinero ahora será para Santa Cruz
De todos modos, al estar ahora embargado, cualquier dinero que desembolse el Gobierno canario por ese edificio, sea de alquiler, sea por compra, en realidad ya no irá a los bolsillo de Plasencia, según enfatizó la alcaldesa, sino en tal caso a las arcas del Ayuntamiento para saldar la deuda. «Tengo el compromiso de que cualquier operación será pactada con el gobierno de Santa Cruz, el dinero no va a llegar a plasencia, o igual lo que ustedes lo que lamentan es eso, pero si temen eso, tema zanjado».
La mandataria socialista se comprometió a «impedir que el patrimonio de los chicharreros y chicharreras “se mueva de manos a manos a través de un entramado societario” . Tras informar de la presentación de la querella por la venta de los terrenos, la alcaldesa reiteró ante el Pleno su compromiso de “proteger el patrimonio público” y garantizó que no descansará hasta que “el dinero vuelva a sus legítimos propietarios: los chicharreros y las chicharreras”.
CC y PP con sus mociones sobre el edificio de Plasencia en Tres de Mayo, rechazadas, trataron de acorralar a un PSOE. Pero la estrategia sorprendió a propios y extraños cuando el portavoz de CC-PNC, Juan José Martínez, reivindicó para su partido el mérito de que pueda recuperar el dinero de Las Teresitas. Esto provocó una risa en el portavoz del PSOE, José Ángel Martín, en un gesto que fue reprobado por la alcaldesa, pero que el edil trató de justificar por lo que había oído desde las filas nacionalistas, ya que en realidad fue él, junto al resto de miembros del colectivo Ínsula Viable, el denunciante del caso Las Teresitas, y exlíderes de CC los denunciados, hasta el punto de cumplen ahora condena en la cárcel tinerfeña el exalcalde Miguel Zerolo y el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo.
CC se atribuye el mérito de recuperar el dinero de Plasencia y el PSOE se ríe
CC además intentó darle donde le duele a la izquierda, es decir, que el Gobierno canario destine esos 9 millones a la prestación canaria de inserción y la lucha contra la pobreza. Pero ni PSOE, ni Unidas Podemos ni Ciudadanos quisieron entrar en esta estrategia.
En su lugar, la alcaldesa prefirió recordar que fue con CC cuando se le alquiló a Plasencia el edificio de Tres de Mayo y dio un dato sorprendente: la parcela era pública y se le adjudicó a este empresario en subasta, y el edificio se inauguró «ya con el cartelito de la Consejería de Educación, lo que fue una operación redonda, con más suerte que la gasolinera de Granadilla».
Y es en este punto donde la alcaldesa volvió a reprochar a CC el que en el mandato pasado no hiciera todo lo posible por defender ante los tribunales la recuperación del dinero. Le sorprende a Patricia Hernández que «CC se entere ahora de que el edificio es de Plasencia», cuando es algo vox populi». La realidad es que ha sido con el nuevo gobierno PSOE-Cs con apoyo externo de Unidas Podemos, cuando, el 2 de septiembre pasado, el Ayuntamiento requirió en la Audiencia Provincial el levantamiento del velo con las empresas de Plasencia, es decir, el procedimiento según el cual se anula la autonomía de sociedades del empresario para que se les pueda embargar sus activos para afrontar la responsabilidad civil de la empresa que ingresó el dinero del Ayuntamiento en 2001 procedente de la operación declarada ilegal en vía penal y contencioso-administrativo.
Gorrín (Unidas Podemos): «Se pagaron a Plasencia con CC en alquileres 50 millones por un edifico que vale 46»
La portavoz del Unidas Podemos, Yaiza Gorrín, valoró la voluntad del equipo de gobierno actual para recuperar el dinero malversado en el caso Las Teresias y recordó que los empresarios condenados «supuestamente han evitado devolverlo mediante entramados de empresas». Lamentó que por el edifico de Educación se hayan pagado ya con dinero público más de 50 millones de euros, más de los 46 millones en que está tasado, y «que encima se construyó con impuestos no pagados de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), a pesar de que se pudo haber comprado en 2010.
El portavoz del PSOE, Carlos Tarife, constató que la realidad es que el Gobierno canaeio «del Pacto de Las Flores, ha puesto 9 millones de euros para esa compra del edificio en Tres de Mayo, que aunque no lo señala en los presupuestos, nadie puede pensar que lo que iba a comprar es el Corte Inglés, pero averiguamos que se trataba de este del señor Plasencia».
El edil del PP criticó también que la alcaldesa rechace ahora los sustanciosos alquileres pagados a este constructor por ese inmueble, «pero usted votaba a favor de esos presupuestos» cuando era diputada regional y cogobernaba con CC en Canarias. El PP no logró que la moción se aprobara.
Tarife (PP): «La alcaldesa acudió a la inauguración de un edificio que sospechamos es de Plasencia»
En su intento de pillar a la regidora socialista en contradicciones, el portavoz de CC-PNC apuntó que «la señora alcaldesa asistió hace poco a la inauguración de un edifico que sospechamos que pueda ser de Plasencia», en alusión al hotel Anaga.
La primera teniente de alcaldesa, Matilde Zambudio (Cs), dijo que no tenía sentido continuar debatiendo mociones sobre este edificio de Plasencia una vez que ya está embargado, y enfatizó que ella hubiera preferido que se debatiera qué va a hacer el Ayuntamiento con los casi 100 millones que va a ingresar con estos embargos por el caso Las Teresitas.
