PLANETA CANARIO
La decisión tomada por Ciudadanos (Cs) de expulsar a los cargos públicos que pactaron con el PSOE y dejaron a CC en la oposición en Tenerife tanto en el Cabildo como en el Ayuntamiento de la capital ya es definitiva. La Comisión de Garantías y Valores rechazó en agosto lo recursos que presentaron los expedientados, por lo que Cs pide a las respectivas corporaciones públicas que los declaren como no adscritos, y les restrinja sus derechos políticos y económicos.
En el caso de los concejales santacruceros Matilde Zambudio (primera teniente de alcaldesa) y Juan Ramón Lazcano, que forman parte del gobierno chicharrero que encabeza la socialista Patricia Hernández, han decidido plantar cara a esta expulsión en vía judicial, y han presentado esta semana demanda contra Cs por vulneración de derechos fundamentales al entender que han sido sancionados por una infracción inexistente, pues sostienen que no vulneraron directrices expresas del partido. Zambudio ha dejado claro que no va a dimitir de sus funciones en el grupo de gobierno ni renunciará a su acta de concejal.
En su demanda solicitan medidas cautelares hasta que se resuelva el fondo del asunto, para evitar los perjuicios de ser declarados no adscritos. SI finalmente el pleno municipal tomara esta decisión, ambos concejales han denunciado que recurrirán la Ley Antitransfuguismo canario ante el Tribunal Constitucional.
Por su parte, los consejeros en el Cabildo Enrique Arriaga y Concepción Rivero, no van a pleitear contra su expulsión en los tribunales.
Nada más conocer la firmeza de la decisión de Cs contra estos cargos públicos, CC-PNC, principal víctima política en todo este asunto, se ha apresurado a pedir que se les aplique el Pacto estatal y la Ley autonómica Antitransfuguismo, se les declare no adscritos y se les prive incluso de sueldo. Está por ver si tales medidas pueden llevarse a cabo, después de una sentencia del Tribunal Constitucional con ocasión de una moción de censura contra CC en Tacoronte en la que señalan que el fin de la relación de un concejal con el partido con el que concurrió a las elecciones no responde necesariamente «a una defraudación de la voluntad popular o a un hacer que busque la desestabilización de la dinámica municipal».
En el caso de los ediles santacruceros, el asunto queda ahora en manos de la Justicia. En su demanda, presentada el pasado día 2, Zambudio y Lazcano piden a los tribunales que anulen su expulsión y se les readmita en el partido, al sostener que el procedimiento seguido por la Comisión de Cs se han quebrantado diversas disposiciones de los estatutos y los reglamentos sobre la tramitación del expediente de expulsión que suponen la violación de los derechos reconocidos en los artículos 22 y 6 de la Constitución, en la medida que afecta a la participación política de un integrante y funcionamiento de su organización.
Zambudio y Lazcano, dispuestos a recurrir ante el Tribunal Constitucional
Ambos concejales, mantienen que actuaron con coherencia y respetando, en todo momento, las directrices comunicadas por parte del partido. Para demostrarlo, Zambudio y Lazcano han aportado varias pruebas de conversaciones mantenidas con la secretaria de Acción Institucional, Teresa Berástegui, en los días anteriores a la Constitución de Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, mientras se estaba negociando un pacto.
En la denuncia tratan de evidenciar que ambos fueron requeridos, en varias ocasiones por Berástegui para cerrar un pacto con el PSOE siempre y cuando Podemos estuviera fuera del gobierno municipal. Estas pruebas, según los demandantes, vendrían a demostrar que no ha existido incumplimiento y que ambos concejales han tenido que «soportar la falta se estrategia y criterio» durante las negociaciones, descoordinación, «faltas de respeto» hacia ambos cargos electos y la «falta de profesionalidad que ha dañado gravemente la imagen de Ciudadanos en Canarias y la imagen de los cargos electos».
Además, insiste Zambudio en que Teresa Berástegui, la secretaria de Acción Institucional de la formación naranja, tenía en su poder el pacto entre Cs y PSOE con los logos de ambos partidos y que, después de que Patricia Hernández fuera elegida alcaldesa de la capital, Berástegui «llamó pidiendo disculpas».
Zambudio lamenta que su partido en Canarias está muerto y que «no hay por dónde cogerlo». Sin embargo, no renunciará a las ideas que ha seguido manteniendo en los últimos meses y no cederá ante las acusaciones por algo que «no ha existido».
CC pide un pleno extraordinario en Santa Cruz
El grupo municipal de Coalición Canaria-PNC en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha exigido a la alcaldesa la inmediata convocatoria de un pleno extraordinario en el que se aborde este asunto. Los nacionalistas piden la aplicación de las leyes de Bases de Régimen Local y de los Municipios de Canarias y advierten sobre los «daños del transfuguismo a la democracia».
En concreto, CC-PNC pide que el Consistorio santacrucero adopte de manera urgente todas las medidas legales que se derivan de la consideración de ambos ediles como «concejales no adscritos», sin posibilidad de cobrar sueldo de la corporación, ni ocupar cargo alguno en el grupo de gobierno.
CC en el Cabildo reclama el cese de los expulsados
El grupo de CC-PNC en el Cabildo de Tenerife ha exigido este viernes que los consejeros de Arriaga y Rivero sean cesados y expulsados del grupo de gobierno, ya que asegura que son «tránsfugas» una vez que Ciudadanos los ha echado del partido.
Según el grupo que lidera Carlos Alonso expresidente del Cabildo en la oposición ahora tras la moción de censura del PSOE con los citados consejeros, «estamos ante un caso muy grave de transfuguismo que mancha el nombre de la primera institución de la Isla; ni la sociedad ni los miles de trabajadores que forman parte del Cabildo podemos estar representados por estas dos personas, pues es una vergüenza para la institución que dos tránsfugas formen parte del equipo de gobierno». «Porque el transfuguismo es una forma de corrupción”, teoriza CC-PNC.
El grupo nacionalista resalta que la notificación de Cs al Cabildo se produjo el 21 de agosto y es conocida por los responsables insulares desde hace más de dos semanas. Es decir, el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín (PSOE), «y los tránsfugas sabían que ya estaban expulsados definitivamente desde ese día y en diversas declaraciones posteriores negaron que esto fuese así, engañando nuevamente al pueblo de Tenerife».
