PLANETA CANARIO
El Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria dirige una investigación en el Cabildo de Gran Canaria que ha desembocado en la práctica de registros y en una serie de detenciones, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que no ha podido dar demasiados detalles porque hay secreto de sumario.
En cualquier caso, el TSJC ha explicado que los arrestos se han practicado «con el único fin de que las personas supuestamente implicadas no oculten información, y se les dejará en libertad en cuanto finalicen las diligencias».
Se trata de delitos relacionados con la corrupción, un asunto referente a contratos menores, supuestamente irregulares, para unas Jornadas del Paisaje de Gran Canaria en los años 2017, 2018 y 2019.
Según ha publicado Canarias 7, los detenidos son el interventor, José Juan Sánchez Arencibia; su esposa, la periodista Ángeles Horna; Víctor Quevedo, arquitecto del Cabildo, y los periodistas Michel Jorge Millares y Mónica Torres.
La denuncia que dio pie a esas indagaciones citaba posibles delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros. El denunciante, según precisó el citado diario, es un funcionario del Cabildo, que responsabiliza de las presuntas irregularidades a otros funcionarios y políticos.
El gobierno del Cabildo aclara que el caso se centra en tres contratos menores
Desde el Cabildo de Gran Canaria se informa que en la mañana del miércoles 27 de abril, se ha producido un registro judicial en las dependencias de la Consejería de Política Territorial.
Según un comunicado del Cabildo, el registro se enmarca en la investigación judicial por una denuncia contra funcionarios de la entidad por la formalización de tres contratos menores referentes a la organización de las citadas Jornadas del Paisaje durante 3 años.
A este respecto el gobierno de esta institución (presidido desde 1995 por Antonio Morales, de Nueva Canarias, y reelegido tras las elecciones de mayo de 2019 merced a un pacto entre PSOE y Podemos) expresa el «respeto a las decisiones judiciales, al principio de presunción de inocencia de los empleados públicos afectados así como su total predisposición a colaborar con la justicia en todo lo necesario».
