PLANETA CANARIO
Entre el 29 de junio de 2005, fecha de la puesta en marcha de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y el 30 de junio de 2020 se han recibido en los juzgados de violencia contra la mujer 1.896.328 denuncias; se han acordado 375.892 órdenes de protección y los órganos judiciales (juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provinciales) han dictado un total de 704.749 sentencias, con un porcentaje medio de condenas del 72,7 %.
Estos datos figuran en un informe, elaborado por el servicio de Estadística Judicial del Consejo General del Poder Judicial, con el que se pretende mostrar la aplicación de la LO 1/2004 durante sus quince años de vigencia en cada uno de los tipos de órganos judiciales implicados en la lucha contra la violencia de género.
Los juzgados de instrucción y los de primera instancia e instrucción acordaron medidas (con o sin orden de protección) en el 56,9 % del total de 207.497 asuntos de violencia contra la mujer que recibieron cuando estaban de guardia.
El 43 % de esas medidas se acordaron en el marco de una orden de protección. No acordaron ningún tipo de medida en otro 43,1 % de asuntos, un dato que, sin embargo, no significa necesariamente que la mujer haya quedado desprotegida. Las medidas pueden adoptarse también sin orden de protección.
El porcentaje de órdenes de protección acordadas por los juzgados en funciones de guardia en relación con el número de solicitadas alcanzó su nivel mínimo en 2013, al situarse en el 69,3 por ciento. A partir de ese año, las órdenes de protección acordadas aumentaron de forma progresiva hasta alcanzar, en el primer semestre de 2020, el 78,2 por ciento de las solicitadas.
Juzgados de Violencia sobre la Mujer
Desde 2007 (primer año del que se dispone de este dato) los juzgados de violencia sobre la mujer recibieron casi dos millones de denuncias (1.896.328). Dejando de lado 2020, muy condicionado por la crisis sanitaria y la declaración del estado de alarma, el número más bajo de denuncias presentadas fue 2013 con 124.894. A partir de ese ejercicio, fueron aumentando hasta las 168.057 de 2019.
Por Comunidad Autónoma, el mayor número de denuncias de todo el periodo analizado se dio en Andalucía, con 398.010; seguida de Madrid, con 294.762; Cataluña, con 262.373; y Comunidad Valenciana, con 260.011.
El 80,3 % de las denuncias se recibieron en los juzgados por atestado policial, incluyendo este porcentaje las presentadas por la propia víctima, por familiares o por intervención directa de la policía. Las denuncias presentadas directamente por víctima o familiares ante el juzgado alcanzaron su máximo nivel en 2007 (11,6 %) y, desde 2014, experimentaron un descenso hasta llegar al 2,9 % de 2019 o al 2,4 % del primer semestre de 2020.
El desglose de las denuncias según la nacionalidad de las víctimas está disponible solo desde 2011. Por comunidades autónomas, el porcentaje delas presentadas por víctimas españolas varía desde el 55 % de Navarra hasta el 79,1 % de Galicia. La media nacional se ha mantenido muy estable durante todo el periodo, situándose el porcentaje medio de los 15 años en el 65,8 %.
Si te tiene en cuenta el número de denuncias por cada 10.000 mujeres mayores de edad (medidas con las cifras oficiales de españolas y extranjeras empadronadas), la media global del periodo es de 48,6 víctimas españolas por cada 10.000 mujeres españolas y de 223,1 extranjeras por cada 10.000 de otras nacionalidades diferentes a la española. El dato indica que la violencia de género es más grave entre las mujeres extranjeras, aunque debe matizarse teniendo en cuenta que entre las denunciantes puede haber mujeres no empadronadas.
El número de órdenes de protección acordadas desde 2005 ha sido de 375.892 (de las qus 24.026 en Canarias) , el 67,3 % del total de solicitadas. En el Archipiélago se denegaron 13.153.
Desde ese año hasta 2014, el porcentaje de las acordadas respecto de las solicitadas fue decreciendo hasta alcanzar el mínimo de 56,6 %.
A partir de 2014 volvieron a aumentar progresivamente hasta la actualidad. El año en que más órdenes de protección se dictaron (41.420) fue 2008, seguido de 2019, con 40.720.
El informe también pone de manifiesto que el número de denuncias por cada 10.000 habitantes se incrementa en los partidos judiciales con más población, un dato que pone de manifiesto las mayores dificultades que pueden tener para denunciar las mujeres que residen en municipios pequeños.
En todo el periodo analizado, el número de dispensas a la obligación legal a declarar como testigo ha sido de 212.844, siendo Andalucía (40.601) y Madrid (36.078) las comunidades autónomas donde se han dado en mayor número. La ratio de dispensas en relación con el número de denuncias presentadas ha sido del 11,2 %.
El análisis de las dispensas a la obligación legal de declarar según la nacionalidad de la víctima muestra que las mujeres extranjeras son más proclives a renunciar a prestar declaración contra sus agresores. Así, el número de dispensas por cada 10.000 mujeres mayores de edad es de 29,7 cuando se trata de víctimas extranjeras y de 5,4 en las españolas.
Los juzgados de violencia sobre la mujer, que enjuician delitos leves, dictaron en los quince años analizados un total de 291.272 sentencias. Las sentencias condenatorias sumaron 232.536 (el 79,8 %) y, de ellas, 172.600 se dictaron de conformidad.
El porcentaje de sentencias condenatorias dictadas durante estos quince años varía según el tipo de órgano judicial. El 78,3 % de las sentencias dictadas por los juzgados de violencia sobre la mujer puros fueron condenatorias, porcentaje que aumenta hasta el 81,3 por ciento si se trata de las dictadas por los juzgados mixtos (que tienen asumidas otras competencias, además de violencia de género). Esta distribución se ha mantenido constante durante todo el periodo.
