VICENTE PÉREZ
La carestía de la vivienda en Canarias, unida a otras circunstancias como las secuelas económicas de la crisis del Covid o la residencia sin papeles en el Archipiélago han contribuido a que se multipliquen los núcleos de chabolas y parcelaciones Ilegales.
Estos días es noticia el mayor núcleo de infraviviendas en el sureste de Gran Canaria, un asentamiento ilegal en Cueva Laya, ubicado en la zona costera de Santa Lucía de Tirajana, donde viven unas 200 familias sin los más elementales servicios públicos urbanos.
Días pasados, un operativo policial por orden judicial precintó más de 130 espacios precintados en este lugar, según informó Canarias 7.
El Ayuntamiento de este municipio pretende evitar que se siga expandiendo este asentamiento ilegal, por cuyas parcelas sus moradores han pagado miles de euros.
El despliegue policial incluyó agentes de la la Guardia Civil, incluido el Seprona, la Policía Local y la Policía Nacional, acompañados de técnicos de Urbanismo y de Servicios Sociales del Ayuntamiento.
El Juzgado de Instrucción número 3 (antiguo mixto 8) de San Bartolomé de Tirajana instruye una denuncia por un posible delito contra la ordenación del territorio.
El suelo que ocupan estas familias está destinado a un parque tecnológico.
Entre los residentes en este poblado se ha identificado al menos a 80 extranjeros en situación irregular en España, a quienes Extranjería ha notificado la imposición de una sanción de 501 euros y la salida obligatoria del país si no presentan documentación en 15 días.
La Diputación del Común ha organizado una reunión el próximo viernes día 5 con la plataforma de afectados.
Los ocupantes irregulares han pedido amparo a la Diputación del Común a través de un artículo de prensa.
A raíz de este llamamiento, esta institución pública equivalente al Defensor del Pueblo se ha puesto en contacto con los representantes de este colectivo,y ha dispuesto un equipo de mediación con la adjunta de Igualdad, Ana de León, a la cabeza, la abogada Gloria Gutiérrez y la mediadora, Silvina Dragonetti, para estudiar la situación .
«Se les ha pedido toda la documentación necesaria para estudiar su caso y mediar la posibilidad de buscar una solución eficaz», según informa la Diputación del Común.
La institución que dirige Dolores Padrón insiste en la necesidad de que las Administraciones competentes «actúen de manera urgente para evitar que se produzcan más desalojos sin alternativa».
«El derecho a la asistencia básica debe garantizarse a cualquier persona, tenga o no papeles, dado que aquí interviene también Extranjería al haber muchas personas que además están sin documentos», subraya la Diputación del Común.
Su propuesta es abrir una mesa de trabajo inmediata en la que participen el Gobierno de Canarias, los ayuntamientos y el Cabildo de Gran Canaria, «con el objetivo de articular soluciones habitacionales de urgencia y, al mismo tiempo, diseñar medidas estructurales frente a la crisis de vivienda que vive el Archipiélago» .
La Diputación del Común «entiende que la Policía y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado cumplen con su trabajo, pero en esta ocasión el problema de fondo no es la actuación policial, sino la falta de soluciones por parte de las administraciones públicas» .
«No se puede desalojar a familias que llevan años viviendo en un lugar sin haber previsto una alternativa, y menos aún en plena crisis habitacional en Canarias», insiste el comunicado oficial.
Estas familias aseguran que los asentamientos ilegales de Cueva Laya se han creado debido al alto coste de la vivienda y la imposibilidad de acceder a alquileres, lo que les ha obligado a construir sus propias chabolas.
