VICENTE PÉREZ
El controvertido proyecto del puerto de Fonsalía, al que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar se ha negado siempre a autorizar por sus daños al medio ambiente, se topa con un nuevo obstáculo: la declaración de impacto ambiental favorable que obtuvo en 2014 de la entonces Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Amiente de Canarias (COTMAC) está caducada desde el 12 de diciembre de 2020.
Así lo ha confirmado a PLANETA CANARIO José Antonio Valbuena, consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno canario, quien deja claro además que si» la Consejería de Obras pública quiere seguir adelante con esta obra, debe hacer un nuevo estudio ambiental acorde a la legislación actual», al tiempo que advierte de que «con la actual normativa y un marco legal más exigente, será muy difícil que un nuevo estudio de impacto ambiental salga favorable». La noticia de la caducidad de esta autorización fue adelantada esta semana por Diario de Avisos.
Ya en su día, según recuerda Valbuena, la autorización que había dado la COTMAC, órgano sustituido con la Ley del Suelo por una comisión de evaluación ambiental, implicaba 25 condicionantes que debían cumplirse en la construcción del puerto de Fonsalía, «algunos de ellos de difícil solventación».
Hay que recordar que además de esta autorización otorgada en Canarias, el Ministerio de la Transición Ecológica (antes llamado de Medio Ambiente) también debe darle el visto bueno, cosa que no ha hecho hasta ahora, pues ha denegado en sucesivos informes desde 2011 la ocupación del dominio público marítimo terrestre para este puerto en el litoral del municipio tinerfeño Guía de Isora, que, sorprendentemente, ya cuenta incluso con una nueva, costosa y moderna carretera de conexión con el Anillo Insular.
En un informe de la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático, emitido este mes de agosto, se establece que «el límite máximo de vigencia de las declaraciones de impacto ambiental (DIA) aprobadas en virtud de normativa anterior a la vigente Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental se cumplió el pasado 12 de diciembre de 2019 (12 de diciembre de 2020 para Comunidades Autónomas con regulación en la materia), para aquellos proyectos cuya construcción no hubiese comenzado y han perdido automáticamente su vigencia y han devenido ineficaces ‘por ministerio de la Ley’ ante el transcurso de sus plazos máximos para el inicio de su ejecución, es decir, que han perdido ex legge su vigencia y eficacia, y carecen dichos proyectos por ende de la necesaria cobertura de su previa DIA, condición de validez y eficacia de estos».
Valbuena sostiene que si finalmente la Consejería de Obras, responsable del proyecto de Fonsalía, volviera a solicitar la declaración de impacto «las evidencias científicas han puesto de manifiesto los valores ambientales de esas aguas, algo que se desconocía cuando se empezó con la redacción del proyecto a comienzos de los 90».
«Además ahora habría que profundizar en la alternativa 0 que supone potenciar el puerto de Granadilla, que no estaba operativa cuando se hizo el proyecto de Fonsalía, mejorar la salidas de Los Cristianos y mejorar la logística de operaciones navales», abunda el consejero.
En esta línea, apunta que los informes científicos que existen en la actualidad «incluso ponen de manifiesto que de haberse ejecutado el puerto el daño que hubiese ocasionado ni tan siquiera estaba correctamente reflejado en el estudio vencido».
Por ello, Valbuena anuncia que su Consejería va aportar a la Obras Públicas un estudio elaborado por la Universidad de La Laguna (ULL), el que «se pongan de manifiesto las dificultades ambientales del proyecto y de la operatavia marítima vinculada a esta infrasestructura».
Mientras, en la plataforma digital YouMouveEurope existe una recogida de firmas promovida por asociaciones ecologitas contra este puerto y a favor de la inclusión de las aguas donde está prevista esta obra dentro de la Zona de Especial Conservación Teno-Rasca, espacio marino protegido por la Unión Europea, sobre todo como santuario de cetáceos y otras especies; campaña que ya lleva recabados 383.0000 apoyos.
El proyecto inicial de la instalación portuaria prevé la construcción de cuatro atraques de trasbordo para las líneas marítimas que operen en la futura infraestructura, un amarre para los cruceros, un dique de abrigo de 739 metros de longitud, una dársena pesquera, capacidad para 460 embarcaciones deportivas, un edificio para la estación marítima de 4.000 metros cuadrados y una zona comercial.
Todos los atraques contarán con rampas ro-ro para la carga y descarga de vehículos y plataformas, que a su vez dispondrán de dos explanadas con capacidad para 820 turismos o 297 camiones. La zona destinada a las actividades de recreo se ubicará en una isla de servicios, que se unirá con el puerto a través de un puente de una longitud de 122 metros.
El consejero Valbuena ya sorprendió en septiembre de 2019 con unas declaraciones públicas en que afirmó: “Si de mí dependiera, el puerto de Fonsalía no tendría autorización ambiental. Cuando uno lee la autorización ambiental, con 25 condicionantes, donde en cinco de ellos se dice que hay que estudiar el tráfico marino sobre la afección a todo tipo de especies, desde delfines molares a tortugas, no se sustenta la autorización».
A principios de junio pasado el Parlamento de Canarias, con el único voto en contra de Sí Podemos, aprobó una proposición no de ley para instar al Ejecutivo canario a impulsar definitivamente la construcción del puerto de Fonsalía. El acuerdo, promovido por el PP, también insta al Gobierno regional a que solicite al Estado que dote de ficha financiera el desarrollo de esta infraestructura.
Pero al menos dos partidos que forman el Gobierno canario ya se han posicionado totalmente en contra de esta obra: Sí Podemos (alianza de Sí se puede y Podemos), que siempre la rechazó, y recientemente se ha sumado también con contundencia Nueva Canarias (NC). Y aún más destacable es que hace unos días la Agrupación Socialista Gomera (ASG), por boca de su líder, Casimiro Curbelo -uno de los grandes valedores del puerto de Fonsalía-, en declaraciones a la COPE, ha venido a reconocer por primera vez que la solución puede ser ya adaptar un puerto de los ya construidos para el tráfico de pasajeros y mercancías entre islas, debido a la imposibilidad de obtener las autorizaciones ambientales para el planteado en Guía de Isora.
