PLANETA CANARIO
Unidas Podemos (Podemos-Izquierda Unida-Equo) defenderá en el próximo pleno municipal de Santa Cruz de Tenerife que el Ayuntamiento capitalino inste al Parlamento autonómico a cambiar la legislación para que las viviendas de protección oficial, sea cual sea su tipología o promoción, mantengan esa consideración de forma permanente, y no entren en el mercado libre, como ocurre ahora, entre un plazo mínimo de 10 años y un máximo de 30 años.
Así lo ha informado en una nota de prensa el portavoz de Unidas Podemos, Ramón Trujillo, quien explica que «si la protección no es permanente los precios de venta protegidos y los alquileres limitados acaban desapareciendo» y que por este motivo ya en el País Vasco se ha legislado para otorgar carácter permanente a los niveles de protección asignados a la vivienda social.
Trujillo plantea esta medida para actuar en una de las raíces del problema de la carestía de los pisos, ya que una de las grandes líneas del acuerdo para el cambio político en Santa Cruz entre Unidas Podemos y el PSOE es la de impulsar de forma significativa la construcción de vivienda protegida, «y para ello es fundamental un marco legal que garantice que la nueva vivienda pública no acabe en el mercado libre».
Los datos que aporta el concejal en su moción son elocuentes: entre 1952 y 2016 se construyeron en España más de 6,8 millones de viviendas en alguna modalidad protegida, el 33% de las viviendas principales; pero en la actualidad el parque de vivienda pública de alquiler social sólo cuenta con 276.000 unidades, el 1,5% del total de las principales. “A ello se une que la vivienda protegida destinada a la venta acaba sometida a la lógica de la vivienda libre, con sus precios excesivos para la capacidad adquisitiva de buena parte de la población”, añade Trujillo.
El caso de Añaza
En su moción menciona un episodio ocurrido en Santa Cruz que, a su juicio, muestra «la fragilidad de los mecanismos de protección con fecha de caducidad»: en febrero de 2019 el Gobierno canario compró por cerca de 25 millones 358 viviendas en Añaza de promoción privada que se habían construido con protección oficial y que iban a ser adquiridas por un fondo buitre, «con la consiguiente posibilidad de una subida incontrolada de precios que generara una oleada posterior de deshaucios». En ese caso se llegó a tiempo de evitarlo porque el Gobierno canario tenía prioridad para la compra, pero solo hasta 2021.
«Si se aporta suelo público y dinero público para construir viviendas destinadas al alquiler», razona Trujillo, «parecería lógico esperar unos alquileres en condiciones socialmente ventajosas con carácter indefinido; porque, si hay fecha de caducidad, nunca se acabará de solucionar la problemática de la vivienda”. Y es que, como observa el edil, “ mientras que, por una parte, se destinan recursos públicos para dotarse de más viviendas asequibles, por otra, los mecanismos protectores prescriben y así se va perdiendo el efecto acumulativo».
El líder de Unidas Podemos echa mano de la mitología clásica para llamar la atención sobre las fatales consecuencias de este fenómeno: «Es una especie de estrategia de Penélope, que deshace por la noche lo que teje durante el día». Lograr salir de este bucle con los recursos públicos y atajar el problema social de la vivienda desde su raíz es, por tanto, el propósito de este iniciativa que se debatirá en el pleno municipal el próximo 26 de junio.
PLANETA CANARIO
Unidas Podemos (Podemos-Izquierda Unida-Equo) defenderá en el próximo pleno municipal de Santa Cruz de Tenerife que el Ayuntamiento capitalino inste al Parlamento autonómico a cambiar la legislación para que las viviendas de protección oficial, sea cual sea su tipología o promoción, mantengan esa consideración de forma permanente, y no entren en el mercado libre, como ocurre ahora, entre un plazo mínimo de 10 años y un máximo de 30 años.
Así lo ha informado en una nota de prensa el portavoz de Unidas Podemos, Ramón Trujillo, quien explica que «si la protección no es permanente los precios de venta protegidos y los alquileres limitados acaban desapareciendo» y que por este motivo ya en el País Vasco se ha legislado para otorgar carácter permanente a los niveles de protección asignados a la vivienda social.
Trujillo plantea esta medida para actuar en una de las raíces del problema de la carestía de los pisos, ya que una de las grandes líneas del acuerdo para el cambio político en Santa Cruz entre Unidas Podemos y el PSOE es la de impulsar de forma significativa la construcción de vivienda protegida, «y para ello es fundamental un marco legal que garantice que la nueva vivienda pública no acabe en el mercado libre».
Los datos que aporta el concejal en su moción son elocuentes: entre 1952 y 2016 se construyeron en España más de 6,8 millones de viviendas en alguna modalidad protegida, el 33% de las viviendas principales; pero en la actualidad el parque de vivienda pública de alquiler social sólo cuenta con 276.000 unidades, el 1,5% del total de las principales. “A ello se une que la vivienda protegida destinada a la venta acaba sometida a la lógica de la vivienda libre, con sus precios excesivos para la capacidad adquisitiva de buena parte de la población”, añade Trujillo.
El caso de Añaza
En su moción menciona un episodio ocurrido en Santa Cruz que, a su juicio, muestra «la fragilidad de los mecanismos de protección con fecha de caducidad»: en febrero de 2019 el Gobierno canario compró por cerca de 25 millones 358 viviendas en Añaza de promoción privada que se habían construido con protección oficial y que iban a ser adquiridas por un fondo buitre, «con la consiguiente posibilidad de una subida incontrolada de precios que generara una oleada posterior de deshaucios». En ese caso se llegó a tiempo de evitarlo porque el Gobierno canario tenía prioridad para la compra, pero solo hasta 2021.
«Si se aporta suelo público y dinero público para construir viviendas destinadas al alquiler», razona Trujillo, «parecería lógico esperar unos alquileres en condiciones socialmente ventajosas con carácter indefinido; porque, si hay fecha de caducidad, nunca se acabará de solucionar la problemática de la vivienda”. Y es que, como observa el edil, “ mientras que, por una parte, se destinan recursos públicos para dotarse de más viviendas asequibles, por otra, los mecanismos protectores prescriben y así se va perdiendo el efecto acumulativo».
El líder de Unidas Podemos echa mano de la mitología clásica para llamar la atención sobre las fatales consecuencias de este fenómeno: «Es una especie de estrategia de Penélope, que deshace por la noche lo que teje durante el día». Lograr salir de este bucle con los recursos públicos y atajar el problema social de la vivienda desde su raíz es, por tanto, el propósito de este iniciativa que se debatirá en el pleno municipal el próximo 26 de junio.
PLANETA CANARIO
Unidas Podemos (Podemos-Izquierda Unida-Equo) defenderá en el próximo pleno municipal de Santa Cruz de Tenerife que el Ayuntamiento capitalino inste al Parlamento autonómico a cambiar la legislación para que las viviendas de protección oficial, sea cual sea su tipología o promoción, mantengan esa consideración de forma permanente, y no entren en el mercado libre, como ocurre ahora, entre un plazo mínimo de 10 años y un máximo de 30 años.
Así lo ha informado en una nota de prensa el portavoz de Unidas Podemos, Ramón Trujillo, quien explica que «si la protección no es permanente los precios de venta protegidos y los alquileres limitados acaban desapareciendo» y que por este motivo ya en el País Vasco se ha legislado para otorgar carácter permanente a los niveles de protección asignados a la vivienda social.
Trujillo plantea esta medida para actuar en una de las raíces del problema de la carestía de los pisos, ya que una de las grandes líneas del acuerdo para el cambio político en Santa Cruz entre Unidas Podemos y el PSOE es la de impulsar de forma significativa la construcción de vivienda protegida, «y para ello es fundamental un marco legal que garantice que la nueva vivienda pública no acabe en el mercado libre».
Los datos que aporta el concejal en su moción son elocuentes: entre 1952 y 2016 se construyeron en España más de 6,8 millones de viviendas en alguna modalidad protegida, el 33% de las viviendas principales; pero en la actualidad el parque de vivienda pública de alquiler social sólo cuenta con 276.000 unidades, el 1,5% del total de las principales. “A ello se une que la vivienda protegida destinada a la venta acaba sometida a la lógica de la vivienda libre, con sus precios excesivos para la capacidad adquisitiva de buena parte de la población”, añade Trujillo.
El caso de Añaza
En su moción menciona un episodio ocurrido en Santa Cruz que, a su juicio, muestra «la fragilidad de los mecanismos de protección con fecha de caducidad»: en febrero de 2019 el Gobierno canario compró por cerca de 25 millones 358 viviendas en Añaza de promoción privada que se habían construido con protección oficial y que iban a ser adquiridas por un fondo buitre, «con la consiguiente posibilidad de una subida incontrolada de precios que generara una oleada posterior de deshaucios». En ese caso se llegó a tiempo de evitarlo porque el Gobierno canario tenía prioridad para la compra, pero solo hasta 2021.
«Si se aporta suelo público y dinero público para construir viviendas destinadas al alquiler», razona Trujillo, «parecería lógico esperar unos alquileres en condiciones socialmente ventajosas con carácter indefinido; porque, si hay fecha de caducidad, nunca se acabará de solucionar la problemática de la vivienda”. Y es que, como observa el edil, “ mientras que, por una parte, se destinan recursos públicos para dotarse de más viviendas asequibles, por otra, los mecanismos protectores prescriben y así se va perdiendo el efecto acumulativo».
El líder de Unidas Podemos echa mano de la mitología clásica para llamar la atención sobre las fatales consecuencias de este fenómeno: «Es una especie de estrategia de Penélope, que deshace por la noche lo que teje durante el día». Lograr salir de este bucle con los recursos públicos y atajar el problema social de la vivienda desde su raíz es, por tanto, el propósito de este iniciativa que se debatirá en el pleno municipal el próximo 26 de junio.
PLANETA CANARIO
Unidas Podemos (Podemos-Izquierda Unida-Equo) defenderá en el próximo pleno municipal de Santa Cruz de Tenerife que el Ayuntamiento capitalino inste al Parlamento autonómico a cambiar la legislación para que las viviendas de protección oficial, sea cual sea su tipología o promoción, mantengan esa consideración de forma permanente, y no entren en el mercado libre, como ocurre ahora, entre un plazo mínimo de 10 años y un máximo de 30 años.
Así lo ha informado en una nota de prensa el portavoz de Unidas Podemos, Ramón Trujillo, quien explica que «si la protección no es permanente los precios de venta protegidos y los alquileres limitados acaban desapareciendo» y que por este motivo ya en el País Vasco se ha legislado para otorgar carácter permanente a los niveles de protección asignados a la vivienda social.
Trujillo plantea esta medida para actuar en una de las raíces del problema de la carestía de los pisos, ya que una de las grandes líneas del acuerdo para el cambio político en Santa Cruz entre Unidas Podemos y el PSOE es la de impulsar de forma significativa la construcción de vivienda protegida, «y para ello es fundamental un marco legal que garantice que la nueva vivienda pública no acabe en el mercado libre».
Los datos que aporta el concejal en su moción son elocuentes: entre 1952 y 2016 se construyeron en España más de 6,8 millones de viviendas en alguna modalidad protegida, el 33% de las viviendas principales; pero en la actualidad el parque de vivienda pública de alquiler social sólo cuenta con 276.000 unidades, el 1,5% del total de las principales. “A ello se une que la vivienda protegida destinada a la venta acaba sometida a la lógica de la vivienda libre, con sus precios excesivos para la capacidad adquisitiva de buena parte de la población”, añade Trujillo.
El caso de Añaza
En su moción menciona un episodio ocurrido en Santa Cruz que, a su juicio, muestra «la fragilidad de los mecanismos de protección con fecha de caducidad»: en febrero de 2019 el Gobierno canario compró por cerca de 25 millones 358 viviendas en Añaza de promoción privada que se habían construido con protección oficial y que iban a ser adquiridas por un fondo buitre, «con la consiguiente posibilidad de una subida incontrolada de precios que generara una oleada posterior de deshaucios». En ese caso se llegó a tiempo de evitarlo porque el Gobierno canario tenía prioridad para la compra, pero solo hasta 2021.
«Si se aporta suelo público y dinero público para construir viviendas destinadas al alquiler», razona Trujillo, «parecería lógico esperar unos alquileres en condiciones socialmente ventajosas con carácter indefinido; porque, si hay fecha de caducidad, nunca se acabará de solucionar la problemática de la vivienda”. Y es que, como observa el edil, “ mientras que, por una parte, se destinan recursos públicos para dotarse de más viviendas asequibles, por otra, los mecanismos protectores prescriben y así se va perdiendo el efecto acumulativo».
El líder de Unidas Podemos echa mano de la mitología clásica para llamar la atención sobre las fatales consecuencias de este fenómeno: «Es una especie de estrategia de Penélope, que deshace por la noche lo que teje durante el día». Lograr salir de este bucle con los recursos públicos y atajar el problema social de la vivienda desde su raíz es, por tanto, el propósito de este iniciativa que se debatirá en el pleno municipal el próximo 26 de junio.
