PLANETA CANARIO
El portavoz de Unidas Podemos (Podemos-Izquierda Unida-Equo) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Ramón Trujillo, ha registrado un escrito dirigido a la Junta de Gobierno instándola a declarar lesiva para el interés público la adjudicación del servicio de limpieza a Valoriza, realizada por el anterior grupo de gobierno (CC-PP) en octubre de 2018, un sustancioso contrato de 140 millones de euros.
Si se asume la propuesta de Unidas Podemos, el secretario del Ayuntamiento deberá informar sobre la pertinencia jurídica de la declaración de lesividad para el interés público y, en caso afirmativo, podría revisarse la adjudicación efectuada por la administración anterior.
Trujillo señala que la adjudicación del servicio público de limpieza viaria está judicializada a causa de las demandas interpuestas por dos de las empresas que participaron en el concurso. Por su parte, el Ayuntamiento está a la espera de la resolución judicial sobre las medidas cautelares de suspensión de la formalización del contrato. Si la Justicia no concede las medidas cautelares es posible que el contrato con Valoriza se firme en una fecha próxima.
Unidas Podemos ve con preocupación la posible firma del contrato de limpieza viaria con Valoriza porque los técnicos municipales con formación especializada en la materia ya informaron de que la empresa no podrá cumplir con los criterios de calidad que ofertó. «Y, aunque el Ayuntamiento le puede imponer sanciones económicas por los incumplimientos que se produzcan, la empresa podrá recurrirlas judicialmente y prestar un servicio deficiente con casi total impunidad», subraya Trujillo.
De hecho, Valoriza, junto con otras dos empresas, ya han ganado el 90% de los 76 procedimientos judiciales resueltos contra el Ayuntamiento de Madrid para no ser penalizadas por sus incumplimiento en el servicio de limpieza. «Es decir, Valoriza ya ha demostrado que sabe defenderse muy bien de las sanciones y penalidades que pudieran imponérsele por sus incumplimientos», señala el edil de izquierdas.
Así que Unidas Podemos ha pedido a la Junta de Gobierno de Santa Cruz de Tenerife que, tras consulta jurídica al secretario del Ayuntamiento, se declare lesivo para el interés público el acuerdo de adjudicación adoptado por el gobierno anterior, en octubre de 2018. Y que, si el informe del secretario ve legalmente viable la propuesta de declaración de lesividad, se vuelva a adjudicar el contrato teniendo en cuenta esta vez el informe de los servicios técnicos del Ayuntamiento. Uno de los efectos de la medida sería evitar un futuro revés judicial para el Ayuntamiento, a raíz de los procedimientos abiertos por dos de las empresas que participaron en el concurso.
El portavoz de Unidas Podemos afirma que el pliego para adjudicar la limpieza viaria establece como objeto del concurso la mejora de los niveles de calidad del servicio. Por lo tanto, una empresa que presente una oferta que no garantice la mejora de los niveles de calidad, contravendría la Ley de Contratos del Sector Público porque no sería la oferta económicamente más ventajosa de acuerdo con el objeto del contrato expresado en el pliego de condiciones. Y eso es lo que, para Unidas Podemos, ha ocurrido con Valoriza que, según el Servicio Técnico de Gestión de Servicios del Ayuntamiento, no cumplirá con la calidad del servicio ofertada.
Por su parte, la Mesa de Contratación asumió el criterio de los técnicos referido al incumplimiento de los niveles de calidad por parte de Valoriza pero, sin embargo, otorgó la máxima puntuación en materia de calidad a la oferta de Valoriza, que no puede ser cumplida. A su vez, este criterio fue asumido por la Junta de Gobierno formada entonces por CC y PSOE, pese a que la Ley de Contratos del Sector Público impone la obligación de adjudicar el contrato en función del objeto que le marca el pliego de condiciones y a partir del informe de asesoramiento técnico.
Unidas Podemos entiende que la Junta de Gobierno «incurrió probablemente en una desviación de poder, cuando adjudicó el contrato a Valoriza, porque desconoció la obligación legal de adjudicar el servicio de limpieza a la oferta económicamente más ventajosa para la Administración». Por este motivo, la formación progresista propone buscar una solución, a través de una declaración de lesividad para el interés público, antes de que Valoriza imponga un servicio a Santa Cruz que, según los técnicos municipales, incumplirá con sus propios objetivos de calidad. Se trata, para Trujillo, «de evitar que el municipio se convierta en rehén de una empresa que, presumiblemente, deteriorará el servicio de limpieza».
