PLANETA CANARIO
El portavoz municipal de Unidas Podemos en Santa Cruz de Tenerife, Ramón Trujillo ha pedido amparo a la Diputación del Común ante lo que considera un «boicot» de la Consejería de Educación del Gobierno canario por demorar la resolución de su solicitud, como docente, de pasar a servicios especiales por sus responsabilidades como concejal.
Trujillo expone en un comunicado que, ante esta “inaudita e injustificada” situación, surgida por un trámite administrativo obligatorio tras el cambio de gobierno municipal en Santa Cruz, ha tenido que reincorporarse a su puesto de trabajo como profesor de Historia en un instituto de Secundaria, lo que le obliga a un cumplimiento deficiente de sus obligaciones como cargo público en el Ayuntamiento.
La Consejería de Educación lleva cien días sin resolver la solicitud efectuada por Trujillo para acogerse a este derecho legal, una demora que , según señala el afectado, «jamás ha ocurrido con portavoces de CC, PP o PSOE». Al edil le «produce vergüenza ajena tener que denunciarlo y que esta vulneración de derechos se aplique única y exclusivamente contra Unidas Podemos».
Preguntada al respecto sobre esta queja del edil, fuentes oficiales de la Consejería reconocieron que se ha producido un retraso inusual en hacer este trámite, pero lo achaca a que la solicitud «se traspapeló» por «error», por lo que afirmaron que la nota de prensa del concejal ha causado sorpresa en los responsables de este departamento autonómico, que niega que haya habido un boicot, ya que, según esta versión, el coordinador general de Izquierda Unida (IUC) y portavoz de la alianza Unidas Podemos (IUC-Podemos-Equo) no presentó ningún escrito ante el organismo educativo regional antes de acudir al Diputado del Común. En todo caso, la Consejería informa de que va a cumplimentar este trámite, «una vez detectado este error».
Pero Trujillo desmiente que durante su larga espera no haya contactado con la Consejería: «Sí les pedí varias veces que actuaran, a través del correo electrónico desde el que me solicitaron la documentación, la Dirección de Recursos Humanos, desde la que me pidieron un certificado, y adjunté el escrito del secretario del Ayuntamiento, y también lo hizo la directiva de mi centro educativo».
El pase a servicios especiales, un derecho del profesorado
En su nota de prensa recuerda que el profesorado tiene reconocido, como derecho laboral, el paso a servicios especiales para poder cumplir con sus deberes de representación de la ciudadanía cuando ocupan determinados cargos públicos. Se trata de un derecho laboral destinado a posibilitar el cumplimiento de responsabilidades públicas conferidas por la ciudadanía.
Debido a este trámite no resuelto, el edil se ha quejado de que «ni puede ejercer el derecho que le corresponde, ni recurrir una eventual denegación». La Consejería exigió al portavoz de UP acreditar circunstancias que no cumple, pero que, desde el punto de vista del edil, «no se corresponden con la legislación actualizada», que sí ampara la pretensión del portavoz municipal, «tal y como ha certificado el secretario del Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife», añade Trujillo.
Con la decisión de acudir a la Diputación del Común pretende que esta institución «intervenga para impedir que, desde la Consejería de Educación, sus responsables torpedeen a rivales políticos mediante la vulneración de derechos laborales diseñados para materializar, de forma efectiva, el derecho de participación política de los portavoces de grupos políticos institucionales elegidos por la ciudadanía».
